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A dos años y ocho meses del asesinato de Berta Cáceres y después de cinco semanas de haberse iniciado el Juicio Oral y Público, el caso ha quedado en manos del Tribunal de Sentencias, luego que los fiscales y defensores terminaron sus conclusiones el sábado 14 de noviembre.

Actualmente, el Tribunal revisa las evidencias, contenidas en un documento de diez mil páginas, que resumen los análisis y pruebas documentales y testificales que presentó el Ministerio Público.

Para el jueves 29 de noviembre, el Tribunal ha señalado la audiencia donde se determinará la culpabilidad o no, de los ocho imputados que guardan prisión.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó como prueba, una evidencia telefónica que podría ser determinante de una sentencia condenatoria para seis de los ocho implicados. Sin embargo, no parece lo sufrientemente fuerte para incriminar a los otros dos.

Cuatro implicados cerca de la escena del crimen

En los días sucesivos al asesinato de Berta, agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) iniciaron la investigación con muy pocas evidencias. Comenzaron solicitando el registro de las llamadas telefónicas detectadas por las antenas de Tigo y Claro situadas en las cercanías de donde ocurrió el crimen, el 2 de marzo del 2016.

Con la ayuda de los vecinos, los investigadores encontraron cuatro números telefónicos sospechosos, desconocidos en la comunidad. En el proceso, los detectives investigaron a los registros de esos números telefónicos y realizaron entrevistas para confirmar que los números pertenecen a Henry Hernández, Edilson Duarte, Oscar Torres y Elvin Rápalo.

Investigaron las ubicaciones de sus llamadas el día del crimen, y los agentes determinaron que los sospechosos estaban en Atlántida a las 7:30 en la mañana y se trasladaron a Comayagua a las 2:30 dela tarde. A las 4.00 de la tarde, estaban en La Esperanza Intibucá, lugar donde vivió Berta.

En este lugar, Henry Hernández hizo una llamada a las 12:32 de la noche, poco menos de una hora después del asesinato. Y de acuerdo con otra comunicación, registrada a las 6.20 de la mañana del tres de marzo, los sospechosos ya se encontraban en El departamento de Yoro, situado en la carretera que conduce al departamento de Atlántida.

Un testigo protegido, que se encontraba en la casa de Berta Cáceres en el momento en que se cometió el crimen, declaró que escuchó los disparos en el cuarto de Berta, pero que en ese momento también entró al cuarto donde él se encontraba, un sicario que le disparó en la cabeza y le provocó un rozón de bala en la oreja.  

A las 11:38 de la noche, una cámara situada en la entrada de la colonia, El Líbano, donde vivía Berta, muestra imágenes de tres hombres corriendo hacía un vehículo que en la calle afuera de la residencial. Luego, el carro se dirigió al centro de la cuidad. Eso implica que en el crimen material participaron cuatro personas, los tres hombres y un conductor.

Eso fue confirmado por el testimonio de Henry Hernández que les confesó a los agentes de la ATIC su involucramiento en el crimen y también delató el papel que jugaron Rápalo, Torres y Edilson Duarte. Otro testigo protegido declaró por escrito que poco después del crimen, Rápalo se glorificaba ser el actor material de la muerte de Berta Cáceres.

Reuniones Sospechosas y Llamadas Antes del Asesinato

Después de identificar a los sospechosos, autores materiales, agentes de ATIC examinaron llamadas realizadas por ellos entre el 2015 y el 2016.

La información reveló una red de llamadas telefónicas y mensajes vinculando a los sospechosos, incluidos Emerson Duarte, Mariano Díaz, Douglas Bustillo, Sergio Rodríguez y David Castillo, quien está en medio de un proceso judicial separado.

Da la casualidad que en 2016, debido a vinculaciones con un narcotraficante y secuestrador, las autoridades intervinieron el teléfono de Mariano Díaz y encontraron una conversación que Díaz sostuvo con Hernández, una semana antes del asesinato de Berta, urgiéndolo para seguir adelante con el plan para “asar carne”, un código para hablar de asesinatos. Y en la conversación también presumió sobre otro asesinato que realizó su equipo.

Aunque Díaz era reacio a involucrarse, si aceptó ayudarle a Hernández a conseguir el dinero para la misión y un arma prestada. Pero según pláticas telefónicas sostenidas entre Hernández y Bustillo, el arma no fue utilizada en el asesinato porque se la tuvieron que devolver al dueño antes de ejecutar el crimen.

Llamadas muestran que los tres hombres coordinaron reuniones en Tegucigalpa y Comayagua en las semanas antes del asesinato. En una reunión entre Bustillo y Hernández, Bustillo realizó una búsqueda en internet de fotos de Cáceres en su teléfono. Investigadores adicionalmente encontraron que Bustillo recibió fotos de ella y de su casa al teléfono de él a través de Whatsapp y después del crimen, él regularmente buscó información del asesinato hasta que fue capturado.

Por su parte, Rodríguez tuvo menos comunicación con los otros implicados, pues solo se comunicaba con su compañero de trabajo Castillo y su ex compañero de trabajo Bustillo. La llamada más notable fue de Rodríguez a Bustillo a las 6:29 de la mañana después del asesinato.

En su testimonio, Rodríguez notó que había recibido una llamada más temprano de la empleada de DESA, Claudia Erazo. Él afirma que Erazo le informó del asesinato y después él llamó a Bustillo con las noticias porque Bustillo había tenido mucho contacto con Cáceres cuando era Jefe de Seguridad en DESA.

Los fiscales señalaron que Rodríguez había sido inconsistente en su declaración sobre su relación con Bustillo. En la audiencia inicial, él dijo que no había platicado con Bustillo desde que Bustillo salió de DESA. Después, en el Juicio Oral y Público, Rodríguez declaró que los dos platicaron algunas veces.

Emerson Duarte también casi no tuvo comunicaciones con los otros sospechosos a menos de ocho llamadas a Oscar Torres y muchas llamadas entre él y su hermano.

Allanamientos y Capturas

Cuando los agentes de la ATIC realizaron los allanamientos de las casas de los implicados, encontraron un arma debajo del colchón de Emerson Duarte. Un experto forense dijo durante el juicio que, basado en las carcasas encontradas en la escena del crimen, él era 100% seguro que esa arma fue usada para asesinar a Cáceres. Aunque hay poca evidencia que vincule a Emerson Duarte en la planificación y realización del asesinato, es posible que se pueda dar una sentencia accesoria por esconder el arma.

En una casa de la familia de Hernández, la ATIC encontró 101,165 lempiras (alrededor de $4,100) en efectivo. Los agentes afirmaron que el dinero no podía ser justificado. No obstante, el primo de Hernández declaró que él es el tesorero de su iglesia y que tiene libros de cuentas que demuestran que la iglesia colectó al dinero para financiar un proyecto.

Cuando la ATIC capture a Díaz en su casa, Díaz dijo a un agente que sabía del plan de asesinato, pero afirmó que decidió no involucrase. Durante esta confesión, implicó a Bustillo como uno de los que planificaron al asesinato. También dijo que un gerente joven de DESA le ofreció 500,000 lempiras ($20,500) por involucrarse y que fue este joven el que pagó a los sicarios.

Ingresos no Justificados después del asesinato

Un análisis financiero del Ministerio Público mostró que Rodríguez, Bustillo, Hernández, Díaz y Edilson Duarte tenían ingresos injustificados. Investigadores, sin embargo, no averiguaron a fondo las fuentes del dinero para verificar si era vinculado con el asesinato o no.

Aunque el análisis de la fiscalía mostró ganancias para Rodríguez que no fueron reclamadas en sus impuestos en 2015 y 2016, un experto de la defensa declaró que las cantidades no sujetas a impuestos provenían de bonos y viáticos. También afirmó que, según entrevistas y registros bancarios, los depósitos injustificados provenían de familiares y amigos que estaban devolviendo el dinero que Rodríguez les había prestado. El analista no entró en detalles sobre los préstamos. El experto conectó otros ingresos al trabajo de Rodríguez con DESA, su propia compañía y como consultor. Sin embargo, el analista no logró explicar claramente por qué algunos pagos procedían directamente de la cuenta de Castillo y no de la empresa.

La cuenta bancaria de Bustillo mostró un aumento en el gasto poco después del asesinato, incluida la compra de un carro por 103,465 lempiras ($ 4,200) y compras en Pricesmart que el analista financiero consideró excesivo gasto. La fiscalía no verificó los orígenes del dinero.

Del mismo modo, Hernández tenía dinero que no correspondía a sus ingresos cuando lo arrestaron. Afirmó que el dinero provino de la venta de su motocicleta el 2 de marzo. Sin embargo, en una conversación con Díaz en febrero, Hernández lamentó tener que vender su motocicleta debido a las bajas finanzas y la deuda. La motocicleta no estaba registrada.

La analista también mostró depósitos injustificados por un total de 37,400 lempiras ($ 1,500) en las cuentas de Edilson Duarte y 87, 395 lempiras ($ 3,500) en la cuenta de Díaz en 2015.

Tensión con DESA

Dos testigos de COPINH dieron testimonio de las muchas amenazas que Cáceres dijo que recibió de Rodríguez, Bustillo, Castillo y otros empleados de DESA. Un testigo afirmó que Cáceres recibía mensajes de texto amenazantes o llamadas telefónicas de los empleados de DESA semanalmente en los años previos al asesinato, incluidos mensajes de Castillo con detalles sobre su paradero.

La defensa de Rodríguez señaló que, en la Audiencia Preliminar, la testigo declaró que había estado cerca de Cáceres cuando Rodríguez le amenazó una semana antes del asesinato durante una manifestación de COPINH contra la represa de Agua Zarca. En el Juicio público y oral, la misma testigo dijo que ella no estaba en el área cuando Rodríguez presuntamente amenazó a Cáceres, aunque sí dijo que Rodríguez le había dicho que, si ella seguía adelante con la marcha esa noche, él no haría nada por detener a los hombres con machetes esperándola abajo.

Dos testigos de las comunidades alrededor de la represa de Agua Zarca declararon que habían trabajado con Sergio durante el proyecto y no habían observado comportamientos amenazadores. Otro testigo contratado por DESA presentó una declaración por escrito en la que afirmaba que estaba al lado de Rodríguez la noche de la presunta amenaza contra Cáceres y no observó tal amenaza.

Los Fallos

A través de pruebas telefónicas y confesiones, los fiscales construyeron un caso sólido para la participación de Díaz, Bustillo, Hernández, Rápalo, Torres y Edilson Duarte en el asesinato o Berta Cáceres. Sin embargo, los casos contra Emerson Duarte y Rodríguez fueron más débiles con poca evidencia que relacionara a los hombres con la planificación y ejecución del crimen.

El jueves, el público aprenderá cómo el tribunal sopesa esta evidencia.

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