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l 22 de noviembre de 2018, un tribunal de jueces condenó a siete de los nueve implicados en el juicio por el asesinato de Berta Cáceres. El octavo implicado fue absuelto y el noveno está en espera de juicio.
Cáceres, una activista que incidía a favor de los derechos ambientales e indígenas a nivel mundial, fue asesinada en su casa el 2 de marzo de 2016.
Las condenas se basaron en gran medida en la evidencia telefónica extraída y analizada por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), adscrito al Ministerio Publico.
Mario Cañas, abogado hondureño de derechos humanos de la Alianza por la Paz y la Justicia, afirma que, aunque hubo debilidades en la investigación, la evidencia telefónica fue un pieza clave para develar los involucrados.
Este caso puede formar una escuela para el manejo de casos complejos con un alto componente de evidencia técnica,” dice Cañas. “Permite que la investigación dependa menos de testigos y evidencia física.”
Agentes de la ATIC empezaron su investigación en los días posteriores al asesinato con la solicitud de un listado de llamadas realizados alrededor del vecindario de Cáceres la noche del crimen. Desde ese punto de partida, los investigadores descubrieron una red de sicarios, intermediarios militares, y empleados de DESA, la empresa responsable por construir la represa hidroeléctrica a la cual Cáceres se oponía.
Los investigadores de la ATIC encontraron poca información en la escena del crimen para llevarlos al grupo de sicarios que mató a Cáceres. Así que acudieron a las torres de teléfonos celulares locales en busca de ayuda.
La cuidad de Intibucá, donde vivía Cáceres, tenía cinco antenas de la empresa de telefonía móvil Claro y siete de la empresa Tigo, los dos servicios de teléfonos celulares más prominentes en Honduras. Luego, los agentes solicitaron un listado de todas las llamadas realizadas a través de las 12 antenas el día del asesinato y el día siguiente.
Analizaron el listado y entrevistaron a los residentes locales para separar los números telefónicos de los residentes de los números desconocidos en la zona. Cinco números telefónicos sospechosos surgieron. Esos números solo mostraron actividad en Intibucá la noche del asesinato.
A través de los registros de los números telefónicos y entrevistas con conocidos de los sospechosos, los agentes identificaron a cuatro usuarios de los números de teléfono: Henry Hernández, el organizador del asesinato que estaba vinculado con dos de los números sospechosos; Elvin Rápalo, quien confesó a un amigo haber disparado y matado a Cáceres; Oscar Torres, quien supuestamente disparó a un huésped en la casa de Cáceres; y Edilson Duarte, quien se cree que manejó el carro de escape.
Con las llamadas telefónicas de los cuatro hombres, los investigadores pudieron rastrear sus movimientos el día del asesinato, que representó una travesía de La Ceiba en la costa norte de Honduras a la ciudad natal de Cáceres, Intibucá, más de ocho horas al suroeste. El grupo había regresado al norte por la tarde siguiente.
El 2 de marzo del 2016, Rápalo, Torres, y Duarte empezaron su día en el departamento de Atlántida, según las llamadas realizadas entre las 5:00 a.m. y las 8:00 a.m. Hernández comenzó en el departamento de Colón y viajó a Atlántida cerca de las 7:27am. Según la versión de eventos de la fiscalía, Hernández presuntamente encontró a los otros en La Ceiba.
Unas horas después, el grupo pasó por El Progreso, una ciudad sobre la ruta hacía la región suroeste del país. Duarte y Hernández realizaron llamadas en El Progreso alrededor de las 11:00 a.m.
Su siguiente destino fue el Lago de Yojoa, una parada común entre las regiones norte y sur del país, donde los cuatro hombres realizaron llamadas telefónicas entre las 12:38 p.m. y las 1:15 p.m.
Hernández se encontró en Intibucá un poco antes de las 4:00 p.m., y llamadas realizadas por Duarte, Rápalo, y Torres ubican a todos en la ciudad antes de las 6:28 p.m., donde se quedaron por el resto de la noche.
A las 10:27 p.m., Duarte realizó una llamada que le ubicó en El Líbano, el vecindario en Intibucá donde vivía Cáceres. Él y Torres otra vez se ubicaron cerca de El Líbano alrededor de las 11:30 p.m., el momento del asesinato.
Llamadas telefónicas ubican a Duarte en la zona del crimen en el mismo plazo de tiempo que un video de seguridad muestra un vehículo tipo pickup rodeando el vecindario. El video fue extraído de una cámara dirigida a la entrada del barrio. En el video, un pickup pasa la entrada, parando brevemente, a las 9:01 p.m. y otra vez a las 9:06 p.m. y 9:13 p.m. Una hora después, un vehículo inidentificable se detiene por unos segundos en frente de la entrada y después sigue adelante.
A las 11:15 p.m., se puede ver un vehículo pasando a El Líbano con rumbo hacia las montañas. El vehicula regresa a las 11:24 p.m., justo en el momento del asesinato, y se dirige hacia la ciudad.
Mientras tanto, Torres llamó a Duarte de El Líbano a las 11:34 p.m. Luego, Hernández llamó a Duarte otra vez a las 11:38 p.m. En este momento exacto, el video captura a tres personas corriendo hacia los faros del vehículo en la calle afuera de la entrada del vecindario. La curva de los faros muestra que el vehículo se giró y se dirigió a la cuidad.
La actividad celular de tres de los hombres se suspende, en su mayor parte, después del asesinato, pero se puede rastrear el celular de Hernández a Comayagua, menos de dos horas al este de Intibucá, a las 1:14 a.m., y luego de vuelta al departamento de Yoro a las 6:20 a.m. el 3 de marzo, donde también se ubica Rápalo a las 7:29 a.m.
Los agentes de la ATIC expandieron la investigación de evidencia telefónica a llamadas realizadas por los implicados en 2015 y 2016. Sus llamadas destaparon una red de comunicación entre los cuatro autores materiales y los autores intelectuales.
El vínculo principal entre los autores materiales e intelectuales era Hernández, un ex soldado que supuestamente planificó la logística del asesinato.
Hernández estaba en comunicación con Rápalo y Duarte y también mantuvo contacto frecuente con los intermediarios Douglas Bustillo, un ex militar y ex-Jefe de Seguridad de DESA, y Mariano Díaz, un mayor militar activo, ambos de los cuales se conocieron con Hernández en el ejército, según los testimonios de agentes de ATIC. Hernández también trabajó con Bustillo por un tiempo en el 2015 en una empresa de seguridad en San Pedro Sula.
Bustillo era el único de los implicados que tuvo contacto con Sergio Rodríguez, un autor intelectual condenado e ingeniero biológico de DESA, así como David Castillo, supuesto autor intelectual acusado y presidente de DESA.
Los tres se comunicaron con frecuencia antes de junio de 2015 tiempo en que Bustillo trabajaba en DESA. Siguieron comunicándose, aunque con menos frecuencia, después de que Bustillo saliera de la empresa. En su testimonio en el juicio, Rodríguez afirmó que el continuó consultando con Bustillo sobre cuestiones de seguridad de otros proyectos de DESA.
Bustillo y Castillo intercambiaron un total de 17 llamadas y 11 mensajes en el 2016, más de seis meses después de que terminara su empleo con DESA. Él y Rodríguez solo hablaron una vez en 2016, la mañana después del asesinato de Cáceres.
Según el testimonio de Rodríguez, el llamó a Bustillo con la noticia de la muerte después de recibir la información de una colega. Afirmó que quería informarle a Bustillo porque Bustillo había tenido mucho más contacto con Cáceres durante su tiempo en DESA.
Después de decomisar a los teléfonos de los sospechosos, agentes de ATIC extrajeron información de los aparatos, incluido archivos, fotos, mensajes, e historiales de búsquedas.
Mensajes de texto y de Whatsapp entre Daniel Atala, un oficial de finanzas de DESA, Rodríguez, Bustillo y Castillo revelaron que tenían vigilada a Cáceres desde el 2012. Todas sus discusiones giraron en torno al activismo de Cáceres contra la empresa. Ninguno se refería a su asesinato.
No obstante, el fallo contra Rodríguez indicó que él proporcionó alguna información de la vigilancia que le involucró directamente en el plan para matarle. La evidencia a que los jueces se referían no se hizo público durante el juicio.
Mensajes muestran que Bustillo tuvo varias reuniones con otros autores materiales e intelectuales antes y después del asesinato. Él y Castillo se encontraron el 22 de noviembre de 2015, meses después de que Bustillo saliera de DESA. Bustillo también se reunió con Hernández el 2 de febrero de 2016 en Comayagua, y con Díaz el 13 de febrero y 18 de marzo.
Según su historial de búsqueda, durante una reunión con Hernández el 2 de febrero, exactamente un mes antes del asesinato, Bustillo buscó imágenes de Cáceres en Internet.
En un golpe de suerte, el Ministerio Público intervino el teléfono celular de Díaz en 2016 por una presunta conexión con el narcotráfico y el secuestro. La intervención proporcionó a los investigadores conversaciones grabadas entre Díaz, Hernández, y Bustillo en las que se discuten planes del asesinato.
El 5 de febrero, Hernández llamó a Díaz. En la conversación grabada, Hernández le dice a Díaz que todo está listo. Díaz responde, “listo para salir corriendo” y pide a Hernández que mantenga el radio silencio. Hernández luego dice a Díaz que ocupa un carro y Díaz afirma que necesitan un carro “limpio”, que podría referirse a que el vehículo no está registrado y/o no tiene una conexión rastreable con Hernández y sus compañeros.
Al día siguiente, Bustillo mandó un mensaje al acusado Castillo que dice “misión abortada”, que los fiscales creían referirse a un atentado fallido contra la vida de Cáceres semanas antes de su asesinato.
Después de la misión fallido, Díaz habló a Bustillo y Hernández sobre una pistola que él había tomado prestada para la misión y tuvo que devolver a su dueño.
La conversación más incriminatoria ocurrió el 21 de febrero de 2016, 10 días antes del asesinato. Hernández llamó a Díaz para hablar de una misión.
En la conversación, Díaz dice que no quiere meterse “mucho en ese lio” y afirma que se ha distanciado del asunto.
Hernández procede a presionar a Díaz para seguir adelante con “asar una carne” – un eufemismo por asesinato. Le dice a Díaz que necesita el trabajo porque tiene problemas financieros. Se queja de sus deudas que suman a 40,000 lempiras (aproximadamente$1,640), la presión del banco, y la venta reciente de su motocicleta.
Hernández le asegura a Díaz que no pondría a nadie en riesgo. Dice haber recibido fotografías de “la falda” – un término para una mujer – y que “the others” están listos hacerlo a cualquier hora. Sin embargo, querían tener el dinero primero para estar seguros que el trabajo fuera en serio.
Díaz repite su reticencia de involucrarse, pero al fin, ofrece buscar alguien que puede prestar el dinero a Hernández para el trabajo.
El 24 de febrero, 2016, tres días después, Bustillo recibió fotografías a través de Whatsapp de Berta Cáceres en las calles de Intibucá. Parece que las fotos fueron tomadas a través de una ventana de un carro. También recibió fotos de un pickup y la casa de Cáceres.
La actividad sospechosa continuó en el teléfono de Bustillo después del asesinato. El 12 de marzo de 2016, Bustillo llamó a una amiga para preguntarle si le mandaría un mensaje a Díaz en nombre de Bustillo. La amiga respondió que lo haría si no le iba a perjudicar. Bustillo le aseguró que no fuera nada tan grave, y su amiga le respondió que él estaba actuando como un tonto.
Su historial de búsqueda entre el 4 de marzo y 30 de abril muestra que Bustillo buscó noticias sobre el asesinato de Cáceres casi día por medio durante los entre el crimen y su captura.
El día de la captura de Bustillo, Díaz, Rodríguez y Duarte, los defensores de Rodríguez le llamaron para advertirle de la captura. Según una conversación entre Castillo y Jacobo Atala, un miembro de la junta directiva de DESA, los abogados también informaron a Castillo.
En la conversación, Atala pregunta a Castillo, “¿Que evidencia puede tener?” Castillo responde, “Nada.”
“¿No tenía nada que ver, verdad?” pregunta Atala. “Nada,” dice Castillo.
Según la evidencia telefónica e información adicional de cuentas bancarias, testigos y allanamientos, el tribunal dedujo que Duarte, Rápalo, Torres, Hernández, Díaz, Bustillo, y Rodríguez fueron culpables de asesinato.
En el fallo, el tribunal indica que Duarte, Rápalo, Torres, y Hernández estaban en la escena del crimen esa noche y activamente participaron en el asesinato de Cáceres y el atentado contra Gustavo Castro, el huésped de Cáceres.
Los jueces también decidieron que Díaz, Bustillo y Rodríguez jugaron un papel necesario en planificar el asesinato, y por lo tanto fueron coautores del homicidio.
Aunque el juicio demostró que hay una necesidad para mejore en la ATIC, el Ministerio Público y el sistema judicial, la investigación realizada por la ATIC proveía un base sólida en que los fiscales construyeron su caso que llevó a la condena de siete asesinos.