En los últimos días hemos visto una clase política tradicional empantanada ante el diluvio de escándalos de corrupción, echándose la culpa unos con otros; queriendo hacer el problema un pleito entre partidos políticos con el afán de polarizar a los hondureños y usando viejas tácticas para ganar tiempo con comisiones multipartidistas y cortinas de humo que hasta Cristóbal Colón sale embarrado.
En vez de bajarle la intensidad a nuestra indignación, ha sido lo contrario, nos ha hecho más arrechos y nos ha despertado de la pasividad e impotencia. Ahora hemos tomado a las calles, alumbrándonos entre la opacidad e impunidad. Las redes sociales explotan con reclamos y exigencias de ver a los responsables castigados
Desafortunadamente esa justicia no vendrá, la clase política está atascada y la institucionalidad comprometida—por no decir capturada—por la corrupción. No habrá salida o respuesta, sin nuestra intervención como ciudadanos. No tenemos tiempo para perder tiempo, si queremos tener respuestas desde el Estado.
En Honduras, la idea de tener una instancia internacional que investigue de manera independiente actos de corrupción cuando políticos, fiscales y jueces no pueden y no quieren investigar y castigar a los corruptos, no es nada nueva. La propuesta de tener una comisión internacional contra la impunidad para Honduras cada vez hace más eco, lo que me parece sensato ante los acontecimientos que estamos viviendo. No obstante, tiene sus riesgos que se deben tomar en cuenta.
¿Qué implicaciones tiene que extranjeros hagan el trabajo que deben hacer los hondureños?
En primer lugar, deja en evidencia que como país no aprendimos nada del golpe de Estado de 2009. No se trata de una sociedad hondureña polarizada ideológicamente, se trata de una sociedad hondureña indignada de tanto robo, cinismo e impunidad. El problema no es político, el problema es un Estado capturado por la corrupción política e intereses mezquinos de algunos empresarios. Tenemos que mostrarle al mundo que somos capaces de hacer que nuestras autoridades electas y funcionarios rindan cuentas y respondan por sus actos, y que hay hondureños y hondureñas con valentía y liderazgo. De eso se trata la democracia participativa—no la electoral, aquella que los políticos nos venden cada 4 años.
Más allá del argumento filosófico, por qué no conformar una Comisión Ciudadana Contra la Impunidad de Honduras (CCCIH) conformado por ciudadanos que trabajen ad honorem, libre de la injerencia política, con independencia y con los insumos técnicos-jurídicos necesarios. Indudablemente tendría que tener el apoyo de la cooperación internacional en materia de asistencia técnica y financiera para realizar las investigaciones y actuaciones judiciales, pero no sería una operación dirigida por extranjeros como es el caso chapín. Expongo algunos elementos a considerar, tomando como referente la experiencia guatemalteca.
FORMALIZACIÓN. La CICIG llevó un poco más de 3 años en instalarse. En el caso hondureño, instalar una burocracia internacional eliminaría el factor sorpresa. Además los intereses políticos/económicos del Ejecutivo y en el Congreso Nacional vendrían a obstaculizar cualquier noción de una instancia extranjera. Sería desgastando, aparecería el tiempo de campaña electoral y correría el riesgo de introducirse al debate político de la campaña. Daría tiempo a los corruptos para asegurar la impunidad o escaparse del país. Todo esto sería de enorme frustración para la población que quiere ver resultados ya.
Una comisión ciudadana contra la impunidad tiene mayores posibilidades de ser nombrada por el Congreso Nacional, en vista de la actual coyuntura. Existe una fuerte necesidad de recuperar credibilidad y confianza ciudadana de parte de todos los actores políticos en éste momento. Además el Ejecutivo debe mostrar buena cara a nivel internacional, con eso de los mil millones de dólares que vendrán por parte de los EEUU.
Algo que puede servir de alivio al lector, es que la idea de la CICIG no fue impulsada por la clase política, sino por la sociedad civil chapina con el apoyo de la cooperación internacional. En ese sentido, está en la cancha de la ciudadanía ejercer presión en las autoridades electas. La clave sería el diseño institucional de la comisión y el proceso de nominación y selección de sus miembros.
MANDATO. En Guatemala, la CICIG fue diseñada con el propósito de ir en contra de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad (CIACS) que habían quedado como secuela de las dictaduras militares y años de guerra civil. Esto inevitablemente condujo a la captura y enjuiciamiento de políticos, altos funcionarios, burócratas, empresarios, militares y policías.
En el caso hondureño, la realidad es diferente–aunque sabemos que existen organizaciones criminales que han infiltrado al Estado-, la pregunta que nos debemos hacer es ¿cuál sería el mandato o propósito de la CCCIH? ¿Contra quién o quiénes debería ir? ¿Metemos el crimen organizado trasnacional, la extorsión, la corrupción política y administrativa en un mismo saco?
Tener un mandato claro y poder delimitarlo lo suficiente para que no haya tropiezos en la práctica, será la clave del éxito. En el caso guatemalteco, no seguir al pie de la letra el mandato ha sido objeto de crítica, tanto por autoridades públicas, la ciudadanía como la comunidad internacional que financia la operación. Al día de hoy una comisión que tenía 2 años de duración, se ha extendido por 8 años.
RESULTADOS ESPERADOS. Las pasiones y emociones que nos produce la indignación e impotencia de ver que no hay castigo para los grandes corruptos que hacen campaña con la salud del pueblo o para los delincuentes que violan, extorsionan y matan, nos puede impedir ver el bosque. No sólo se trata de hacer que se aplique la ley y haya justicia, sino ir en contra de los causantes y atender las causas, para evitar caer en la repetición fallida y expectativas frustradas.
Guatemala, nos brinda un excelente ejemplo, a pesar de los resultados que ha tenido en materia de investigación no hay mención de la necesidad de despolitizar la elección de los altos cargos, profesionalizar la administración pública o controlar el financiamiento politico—únicamente quiere la cabeza del Pérez Molina, tal como algunos piden la de Juan Orlando Hernández.
EL QUE PAGA MANDA. La CICIG se financia a través de «contribuciones voluntarias» de países como los Estados Unidos de América, España y Holanda, con un presupuesto anual de $20 millones y con una nómina de 147 empleados (73 guatemaltecos y 74 extranjeros). En sus 8 años, el presupuesto de la CICIG ha sido de $160 millones; es decir, unos L.3,520 millones.
La impunidad no sólo se produce a causa de injerencia política, muchas veces se da porque los operadores de justicia no tienen el financiamiento o las capacidades técnicas para realizar la investigación, lo que afecta la independencia y autonomía con que se desenvuelven: se forjan relaciones clientelares. En ese sentido, el financiamiento—origen de los fondos—es un asunto que debe ser asegurado para la sostenibilidad del proceso.
No se ha estudiado—al menos públicamente—el papel que han jugado los donantes y la plataforma ONU en la CICIG; no obstante, una cosa es cierta, la cooperación internacional también tiene sus limitaciones presupuestarias, y no querrán tomar riesgos, si saben que los mismos o mejores resultados se pueden obtener a través de los proyectos que ya vienen impulsando.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. ¿Cómo queda la institucionalidad anticorrupción hondureña? En el caso guatemalteco, la CICIG fue creada como una fiscalía internacional. Esta medida se tomó como una última alternativa en vista que los órganos de investigación criminal e impartición de justicia se habían corrompido tanto que se habían ido en contra de la misma ciudadanía. Se puede decir que en Honduras se vive similar situación, donde vemos que empresarios y políticos no la pensaron dos veces para robarse el dinero del IHSS y que ni el fiscal “estrella” se salva.
En ese sentido, no estamos ante el dilema de que sí actores externos ajenos a los intereses políticos partidistas irán a debilitar al Ministerio Público o el Poder Judicial, sino más bien, si estos pueden cambiar las reglas del juego institucional (politización, clientelismo, patrimonialismo, etc.).
Estamos ante lo que los institucionalistas denominan “coyunturas críticas” y es una importante oportunidad para el cambio, ya sea para el bien o para mal. Actualmente diversas fuerzas que individualmente no son capaces de generar un cambio significativo, juntas sí lo están logrando. Esto hará que la clase política se abra a propuestas externas, pues entre ellos están enfrascados—hay corruptos por doquier.
PUNTOS FINALES A CONSIDERAR. La corrupción e impunidad han llegado no solo a un punto de insostenibilidad, pero de ingobernabilidad en Honduras. Hay dos vías para afrontar esto. La primera es una vía endógena, implica prácticamente “refundar” a la clase política hondureña. La segunda opción, y la que más parece tener sentido, a medida el tiempo pasa y no se castigue a nadie, es una intervención externa desde la ciudadanía organizada.
Tres han de ser sus funciones principales: 1) El acompañamiento técnico-legal en la investigación y judicialización de los casos de corrupción política y administrativa; 2) El fortalecimiento de la independencia, mayores controles e integridad en la selección de altos cargos de las instituciones de control y jurisdiccionales. Que la afiliación partidista no sea el único criterio de selección; y, 3) Promover los muy necesitados cambios en materia anticorrupción en el país, específicamente temas de financiamiento político, publicación de declaraciones patrimoniales, creación de un tribunal especializado que conocerá casos de corrupción, la reforma de a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, la incorporación de la figura del “querellante adhesivo” en el Código Procesal Penal que permita entablar acciones penales, entre algunos.
Ante las oportunidades que la crisis brinda, se puede conformar una comisión ciudadana contra la impunidad a través de decreto legislativo, con su propio marco jurídico, estructura, financiamiento, funciones, atribuciones, duración y prerrogativas. Y que no solo implique el trabajo de investigación y judicialización de casos de corrupción, pero también la posibilidad de intervenir en el Tribunal Superior de Cuentas y en otras dependencias de Estado donde grandes contratos públicos se otorgan o donde los intereses económicos dejan en desigualdad a la Administración Pública.
En el corto plazo, éste mecanismo tendría investigadores y fiscales internacionales especializados y experimentados que acompañarían a los fiscales certificados del Ministerio Público en los casos emblemáticos que tienen a la población indignada. Es importante la labor de complementación, no de sustitución de la cooperación internacional. En ese sentido, abrirá las oportunidades a la transferencia de conocimientos y la posibilidad de crear una verdadera institucionalidad fortalecida.
Históricamente se ha visto que Honduras, logra modificar sus instituciones cuando surgen coyunturas críticas producto de la combinación de factores externos que ejercen presión sobre el sistema e instituciones políticas, y elementos internos que permiten un cambio de trayectoria institucional, generalmente porque ya se ha llegado a un punto de deterioro irreversible. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras y en cierta medida, la Secretaría de Educación, son ejemplo de esto.
Nota editorial. Las opiniones vertidas en los artículos son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión editorial.
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[1] Ya en el 2011, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), propuso tal opción, tomando como ejemplo la Comisión Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG). [1] Esta fue solicitada a la comunidad internacional por el Gobierno de Guatemala (Oscar Berger; 2004-2008), siendo ratificada por el Congreso de Guatemala en el 2007. Para mayor información del proceso de creación, trabajo, logros y desarrollo de la CICIG, véase: http://www.cicig.org/index.php [1] La problemática que llevó a la creación de la CICIG fue documentada por WOLA en el 2003, a petición de líderes de la comunidad de derechos humanos de Guatemala, en su investigación Poderes ocultos: Grupos ilegales armados en Guatemala post-conflicto y las fuerzas detrás de ellos. [1] Entre los encausados por la CICIG están el ex presidente Alfonso Portillo por corrupción, el hijo del ex dictador Efraín Ríos Montt, un ex ministro de la defensa, dos ex ministros de Gobernación, un director de prisiones, tres directores de la policía y dos zares antidrogas. [1] Fuente: Nota de Associated Press (AP) del 13 de noviembre de 2011, titulada “Comisión antimafias de Naciones Unidas sacude Guatemala” consultado en http://www.cicig.org/index.php?page=comision-antimafias-de-naciones-unidas-sacude-guatemala [1] Fuente: CICIG (2014) Informe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala con ocasión de su Séptimo año de Labores. Consultado en http://www.cicig.org/uploads/documents/2014/COM_039_20141023_DOC01.pdf |
