Una abogada denunció que el Instituto Nacional Agrario (INA) le cobró más de 7.880 lempiras por entregarle una lista de los afectados por un decreto que por casi tres años facilitó la expropiación de tierras en Honduras.
La gestión la realizó con el propósito de conocer la situación de una finca de café que grupos campesinos le invadieron en La Paz y que posteriormente el gobierno le expropió.
“Durante varios años tratamos de obtener una compensación por daños y perjuicios (por las tierras)… y acudimos muchas veces al INA para lograr una información completa de todos los afectados por el Decreto número 18-2008 que nos incluyera”, dijo en su denuncia la abogada Ana María Suazo de Argueta.
Informó que la institución le dio datos incompletos.
“Por lo cual solicitamos de nuevo al INA más información… y (el INA) no quiso proporcionarla, alegando que son datos confidenciales, lo que no es cierto porque eso lo publica de oficio el Instituto de la Propiedad”, añadió.
Suazo dijo que pagó la cantidad al INA y de inmediato denunció el caso ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Ahora exige al INA que le devuelva el dinero porque la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública no establece este tipo de cobros.
“Este fue un cobro ilegal”, subrayó la profesional del Derecho en la denuncia que presentó el 18 de julio ante el IAIP.
Según Suazo, ella pagó lo que le pidió el INA en un intento por lograr una parte de una eventual indemnización estatal.
El secretario general del IAIP, Nelson Antúnez, afirmó a Revistazo que analiza la denuncia de Suazo con el objetivo de verificar si el cobro del INA se justifica o no en base a la ley.
“Si en la investigación constatamos que el INA exageró el cobro, el IAIP le dará la razón a la denunciante. De lo contrario, el caso se declarará improcedente”, declaró.
Antúnez informó que Suazo presentó previamente un recurso de revisión al IAIP porque el INA se negó a entregar la información solicitada. El IAIP declaró la solicitud con lugar y obligó al INA a resolver la petición de Suazo.
La secretaria general del INA, Priscila Alvarado, admitió que esa institución hizo el cobro referido porque el artículo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública lo autoriza para cubrir los gastos en que se incurran.
Confirmó que antes Suazo denunció al INA por negarse a dar la información, “pero fue porque no disponíamos de esos datos”.
Indicó que para atender la solicitud el INA dispuso de personal a tiempo completo, debido a que “fue necesario revisar todos los expedientes de expropiación, cuyos costos que cargamos a la peticionaria”.
El artículo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública dice textualmente: “El acceso a la información publica es gratuito, no obstante la institución pública está autorizada para cobrar y percibir únicamente los costos de reproducción previamente establecidos”.
La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el Decreto 18-2008 en el 2010 a petición de la Federación Nacional de Ganaderos y Agricultores. Había sido aprobado durante el gobierno del depuesto presidente Manuel Zelaya para facilitar la expropiación de tierras con propósitos de reforma agraria.
