En los primeros días del mes de marzo de este año, los diputados del Congreso Nacional de la República, deben elegir al próximo Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Este funcionario, según lo establece la Carta Magna y la respectiva Ley Orgánica, debe garantizar la vigencia de los derechos y libertades de los hondureños, reconocidas en la Constitución de la República y los Tratados y Convenios Internacionales, ratificados por el Estado.
Descargue:Dictamen
|
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, será elegido por el Congreso Nacional de la República, por un período de 6 años, por mayoría de votos de los diputados, para garantizar las acciones y medidas de las autoridades, con el propósito de lograr el efectivo cumplimiento de las leyes y disposiciones que garanticen los derechos humanos.
Su importancia es significativa, será el Defensor del Pueblo, el Ombudsman. Será ese funcionario estatal con el mandato de defender a la población de los excesos y omisiones de quien gobierna; de ahí la relevancia de su desempeño y lo notable de la elección del mismo.
Un buen Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, en el uso de sus facultades, interviene de oficio o presta atención inmediata y da seguimiento a cualquier denuncia sobre violación a los derechos humanos; podrá dirigirse directamente a cualquier servidor de la administración pública, organismos o instituciones de cualquier naturaleza y sus titulares tendrán la obligación de contestar las peticiones y requerimientos que se le formulen. Asimismo, tiene libre acceso a todas las dependencias civiles y militares y centros de detención, reclusión o internamiento sin que pueda oponérsele objeción alguna, gozando de independencia funcional, administrativa y técnica, para el cumplimiento de sus funciones.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos puede llegar a ser un poderoso contrapeso al Poder Estatal, pero también un despreciable cómplice ante la brutalidad oficial y la bochornosa abulia gubernamental.
En función de lo antes mencionado, es importante que el proceso de elección del nuevo Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, sea transparente y participativo, a fin de escoger al mejor hombre o mujer que pueda desempeñarse con valentía, efectividad, independencia y honestidad; sería lamentable que la selección de este funcionario se haga mediante el burdo e irresponsable mecanismo mediante el cual, los congresistas, han estado eligiendo a los altos funcionarios del Estado, en el reciente pasado.
Las voces desde la Sociedad Civil y los medios de comunicación, van encaminadas a demandar del Poder Legislativo un proceso en el cual los hondureños podamos conocer –con suficiente antelación- la nomina de candidatos sometidos al escrutinio parlamentario; se solicita se evalúen con rigurosidad las hojas de vida de los nominados y los posibles conflicto de intereses que tengan. Se pide audiencias públicas, tal cual sucede en los países civilizados a la hora que los congresos seleccionan a sus más importantes funcionarios.
En relación a las audiencias públicas, es importante hacer notar que recientemente el diputado Edwin Pavón, del Partido Unificación Democrática (UD), sometió a consideración de la cámara legislativa un anteproyecto destinado a aprobar la Ley de Audiencias Públicas para la Selección y Elección de Funcionarios del Estado por Congreso Nacional, que tiene como finalidad establecer un procedimiento transparente en la elección de Funcionarios del Estado por parte del Poder Legislativo, utilizando el sistema de Audiencias Públicas y otros medios idóneos, para evaluar con mayor propiedad las calificaciones personales y profesionales de los candidatos a ocupar dichos cargos.
Ante la próxima elección del nuevo Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, es impostergable que el Congreso Nacional de la República apruebe esta Ley de Audiencias Públicas que presentó el diputado Pavón, y que ya hace algunos años –sin éxito- la había propuesto a los congresistas el parlamentario pinuísta Toribio Aguilera; esta iniciativa se genera en el marco de presiones ciudadanas y de recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), a fin de volver más rigurosos los procesos de elección de funcionarios del Estado del más elevado perfil.
La CVR recomendó que el Congreso Nacional aprobara el proyecto de ley especial de audiencias públicas para la selección y nombramiento de altos funcionarios del Estado, que son cargos de elección directa del Congreso Nacional, entre ellos, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Director y Sub Director del Registro Nacional de las Personas, Fiscal General y Fiscal Adjunto del Ministerio Público, Procurador y Sub Procurador General de la República, Procurador y Sub Procurador del Ambiente, Superintendente de Concesiones, Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, y otros que se establezcan en un futuro.
Los diputados del Congreso Nacional de la República tienen una gran oportunidad para reivindicarse con la población en general y con sus respectivos votantes, demostrando que pueden organizar una elección del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos que privilegie los intereses nacionales y no los particulares, que garantice que este funcionario irá a defender a las grandes mayorías y no a los grupos de poder incrustados en las estructuras estatales; los legisladores podrán ratificar la terrible imagen que los ciudadanos tienen de ellos, en relación a que se reparten permanentemente el “pastel” del Estado o revertir la misma y mostrarse como genuinos y leales representantes del pueblo hondureño.
Como dice el canto cristiano: “Yo tengo fe que todo cambiará”.
Posdata: Desde los partidos políticos, organizaciones de sociedad civil y medios de comunicación, empiezan a generarse nombres de los posibles candidatos, de entre los cuales los diputados del Congreso Nacional de la Republica, elegirá, por un periodo de 6 años, a quien asumirá la titularidad del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH); entre los nombres que se mencionan están: Joaquín Mejía, Ana Pineda, Linda Lizzy Rivera, Wilfredo Méndez, Reina Rivera, Juan Almendares, Marcela Castañeda, Leo Valladares, Sandra Ponce, Andrés Pavón, Orle Solís, Nora Urbina, Donaldo Reyes Avelar, y Ramón Custodio.