En la última década, particularmente entre 2015 y 2024, Honduras ha mostrado señales de estabilidad macroeconómica que, sin duda, representan avances importantes. La inflación, por ejemplo, se mantuvo en un promedio cercano al 4% anual entre 2015 y 2019, aunque experimentó un repunte en 2022, alcanzando niveles superiores al 9% debido a choques externos, antes de moderarse nuevamente en 2023 y 2024. La deuda pública, que pasó de aproximadamente 42% del PIB en 2015 a cerca del 55% en 2023, se mantiene en niveles considerados manejables en comparación con economías similares. Asimismo, las reservas internacionales han superado los 8,000 millones de dólares en años recientes, cubriendo más de cinco meses de importaciones, mientras que el crecimiento económico ha promediado entre 3% y 4% anual, con una recuperación notable tras la contracción de 2020 provocada por la pandemia. Estos resultados son relevantes porque constituyen la base sobre la cual puede construirse un proceso de desarrollo sostenible.
Sin embargo, una pregunta persiste y cobra cada vez más fuerza, ¿por qué esa estabilidad no se refleja con la misma intensidad en la vida cotidiana de las familias hondureñas?
Mientras los principales indicadores macroeconómicos muestran un desempeño relativamente favorable, casi 3.1 millones de hondureños continúan enfrentando dificultades para acceder a un empleo formal, generar ingresos suficientes, cubrir el costo de la canasta básica o construir un patrimonio que les permita mejorar sus condiciones de vida. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, cerca del 60% de los hogares vive en situación de pobreza, cifras que han mostrado variaciones limitadas desde mediados de la década pasada. La estabilidad existe, pero aún no logra convertirse en bienestar para una parte importante de la población.
Como medida de mitigación, el gobierno ha venido aumentado el gasto social. Sin embargo, estos esfuerzos no han logrado traducirse en una reducción sostenida de la pobreza ni en la política de subsidios y asistencia social. En su lugar, han sido las remesas las que permiten que una cantidad de hogares no caiga en condiciones de pobreza.
Esta situación no significa que la estabilidad económica carezca de importancia. Al contrario, representa un logro que debe preservarse. Una economía con inflación descontrolada, elevados déficits fiscales o una deuda insostenible termina afectando principalmente a los hogares más vulnerables. La estabilidad macroeconómica es un requisito indispensable para atraer inversión, generar confianza y reducir la incertidumbre. No obstante, constituye apenas el punto de partida y no el destino final del desarrollo.
El verdadero desafío consiste en transformar esa estabilidad en oportunidades concretas para las personas. Esto implica aumentar la productividad de la economía, facilitar la inversión privada, fortalecer el capital humano, impulsar la innovación y crear las condiciones para que el empleo formal crezca con mayor rapidez que la informalidad. También exige instituciones capaces de generar confianza, reglas claras para quienes invierten y políticas públicas que prioricen resultados de largo plazo sobre respuestas coyunturales.
La coyuntura actual ofrece una oportunidad para replantear la discusión económica nacional. Con frecuencia el debate público se concentra en indicadores aislados o en resultados de corto plazo, cuando el verdadero reto consiste en construir un modelo de desarrollo capaz de generar prosperidad de manera sostenida. Esto implica preguntarnos no únicamente cuánto crece la economía, sino, qué sectores impulsan ese crecimiento, cuántos empleos de calidad se crean, cuánto aumentan los ingresos de las familias y si las nuevas generaciones encuentran mayores oportunidades que las anteriores.
En ese sentido, el desarrollo no puede evaluarse exclusivamente desde las cuentas nacionales. Debe medirse también por la capacidad de los hogares para vivir con dignidad, acceder a educación y salud de calidad, encontrar empleo productivo, emprender con menores barreras y confiar en que el esfuerzo individual puede traducirse en progreso. Cuando esos elementos no avanzan al mismo ritmo que las variables macroeconómicas, es necesario revisar las políticas y las prioridades que orientan el crecimiento.
Honduras cuenta con el potencial para avanzar hacia una economía más dinámica, inclusiva y resiliente. Lograrlo requiere preservar la estabilidad alcanzada, pero también dar el siguiente paso: convertirla en una plataforma para impulsar productividad, inversión, innovación y generación de oportunidades.
Porque, al final, una economía verdaderamente sólida no es aquella que únicamente presenta buenos indicadores macroeconómicos, sino aquella en la que las personas perciben que el crecimiento mejora su calidad de vida, amplía sus oportunidades y fortalece su confianza en el futuro. Ese es el desafío que hoy tiene Honduras y el debate que, como sociedad, estamos llamados a construir.
