La posibilidad de instaurar la pena de muerte en Perú regresó al debate esta semana, a propuesta del expresidente Alan García, debido al asesinato del hijo de un alcalde por parte de presuntos sicarios y mafias del crimen organizado.
García acudió al velorio de Carlos Burgos en Lima y afirmó: «El que mata de esta manera, no creo que merezca ante Dios la vida».
Las declaraciones del exmandatario se hicieron en medio de una ola de crímenes cometidos por asesinos a sueldo o sicarios, que en lo que va de año han dejado 13 muertos, según cifras de la Policía Nacional.
El asesinato de Burgos, hijo del alcalde homónimo de San Juan de Lurigancho, parece responder a un enfrentamiento entre bandas dedicadas a la extorsión, de acuerdo a los indicios recogidos por la Policía hasta el momento.
El líder del Partido Aprista, que gobernó el país de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011, recordó que en su última gestión propuso la pena de muerte para violadores y secuestradores de niños, pero que la «politiquería» y las «academias de Derecho» desanimaron al Congreso de analizar el tema.
García hizo referencia de esa forma a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, conocida también como el Pacto de San José y firmado en 1969, que restringe la pena de muerte para los delitos más graves en los países que no la han abolido, y que la prohíbe en los demás.
Perú es suscriptor de esta convención y en su Constitución Política de 1993 la pena de muerte está considerada sólo para delitos de traición a la patria en caso de guerra y para terrorismo.
Sin embargo, ni en la peor época de la violencia terrorista en el país se aplicó la pena de muerte y Abimael Guzmán, máximo líder de la banda armada Sendero Luminoso (señalada como la principal responsable de las 69.000 víctimas entre 1980 y 2000), recibió la cadena perpetua por delitos de terrorismo.
De inmediato, la propuesta de García generó una serie de críticas de juristas y políticos que lo calificaron de «populista» y «demagogo».
Uno de los legisladores que afinó la puntería contra la propuesta fue el oficialista Sergio Tejada, presidente de la megacomisión que investiga el segundo Gobierno de García, que atribuyó al exgobernante un «doble discurso» respecto al tema de la seguridad ciudadana.
Tejada dijo que el líder aprista está pidiendo la pena de muerte para la delincuencia, pero que en su último Gobierno estuvo a favor de darle «una segunda oportunidad» a narcotraficantes y delincuentes, en alusión a los indultos y rebajas de condena que otorgó en un caso de presunta corrupción investigado por su comisión.
La Defensoría del Pueblo comentó, a través de Twitter, que la pena de muerte no es la solución para afrontar la delincuencia ni otro tipo de problemas en la sociedad.
En opinión de la Defensoría, se debe dotar de equipamiento y de una justa remuneración a las fuerzas del orden para enfrentar la inseguridad ciudadana en el país, así como fortalecer el sistema penitenciario y la administración de justicia.
El fiscal general de Perú, José Luis Peláez, declaró en contra de la pena de muerte «por convicción jurídica» y planteó en su lugar hacer una labor de prevención con los niños para cambiar las conductas de violencia desde la infancia.
Peláez remarcó que esa propuesta no procede jurídicamente en Perú porque la Carta Magna lo prohíbe y el país es integrante del sistema interamericano de derechos humanos.
«Tendríamos que cambiar la Constitución y salirnos de los convenios internacionales» para aplicar esa pena, indicó el Fiscal de la Nación.
De igual forma, el Gobierno peruano rechazó adoptar esa medida, pues según opinó el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, ninguna pena de muerte resuelve los problemas.
Villanueva declaró que la violencia no se puede contrarrestar con más violencia y que hay que trabajar en forma conjunta en reformas que permitan controlar la inseguridad.
La inseguridad ciudadana en el país fue precisamente el motivo por el cual salió del cargo el antecesor de Villanueva, Juan Jiménez, en octubre pasado.
El jefe del gabinete ingresó al Ejecutivo para liderar una serie de encuentros con la oposición y diversos sectores sociales para adoptar medidas de combate a los principales temas de polémica, entre ellos la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.
Con este panorama, es muy probable que la propuesta sobre la pena de muerte quede nuevamente en el olvido, dado que ni el Ejecutivo ni las principales fuerzas en el Congreso han acogido el planteamiento de García, principalmente por los compromisos con el sistema interamericano de defensa de los derechos humanos.
No obstante, el Gobierno de Ollanta Humala tiene muy en claro que su estabilidad depende de la solución que pueda dar a la delincuencia común y el crimen organizado que ha puesto el blanco en las ciudades más grandes del país, que gozan del crecimiento económico de los últimos años. EFE
