País: Honduras
Profesión: abogado y máster en Seguridad Humana
Cargos desempeñados: Secretario de Estado en el despacho de Seguridad de Honduras Entre sus cargos más relevantes figura su desempeño como director del Programa de Apoyo a la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Honduras, fungió como titular de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).
Revistazo entrevistó a Gerzon Onán Velásquez, Secretario de Estado en el despacho de Seguridad, en el contexto de los desafíos de violencia y criminalidad que atraviesa el país actualmente:
En los últimos años se ha visto un incremento en el presupuesto asignado a seguridad y justicia y la Secretaria de Seguridad es la institución que más ha absorbido este presupuesto, sin embargo, pese a este incremento presupuestario
¿Cómo explica que en 2025 hayamos alcanzado el pico de impunidad más alto registrado en la historia con un 98% – En que se esta fallando al traducir dinero en justicia efectiva?
Respuesta:
Los resultados no dependen únicamente de la Secretaría de Seguridad. Existe una corresponsabilidad entre diferentes actores del sistema. Por ejemplo, se ha mencionado sobre el número de policías por cada 100 mil habitantes y sabemos que todavía existe una brecha importante.
Esto demuestra que los recursos actuales no son suficientes para alcanzar estándares internacionales ni compararnos con países más desarrollados. Tenemos los recursos que el Estado ha podido proveer, aunque todas las instituciones necesitan mayor apoyo económico, ya que cada una cumple un rol distinto dentro de la cadena de administración de justicia.
Nosotros somos un eslabón que ha sido fortalecido, pero que históricamente ha tenido rezagos en inversión pública dentro de la estructura de la Secretaría de Seguridad.
Honduras es el epicentro de violencia en América Latina en cuanto a las muertes violentas de mujeres.
¿Cuál es esta estrategia desde la Secretaría de Seguridad que se está implementando para contrarrestar esta situación?
Respuesta:
Tenemos varias líneas estratégicas de intervención. A partir del análisis de los datos, encontramos que existe una relación directamente proporcional entre los mapas de homicidios comunes y los homicidios de mujeres. Es decir, en los lugares donde mueren más personas también mueren más mujeres.
Muchos de los generadores de violencia son estructuras criminales. Por eso, al enfocarnos en desarticular estas estructuras creemos que impactaremos tanto en los homicidios generales como en las muertes violentas de mujeres.
Gran parte de estas muertes están relacionadas con violencia de género y violencia intrafamiliar, pero también existe una mayor participación de mujeres en actividades criminales.
Datos del Instituto de la Justicia de ASJ revelan que la extorsión está afectando directamente a más de 294 mil hogares en 2025. Lo más preocupante es que el delito se ha expandido a zonas donde antes no llegaba, como Yoro y Lempira.
¿por qué la estrategia actual no está logrando contener el avance del «impuesto de guerra» en los departamentos del interior del país?
Respuesta:
Tengo mi propia apreciación sobre esto. Creo que existe mayor confianza entre los entrevistados de estos departamentos para denunciar los hechos a través de las encuestas o entrevistas realizadas, y menos confianza en sectores fuertemente afectados por la extorsión, como las principales ciudades.
Generalmente, la población del interior del país es más abierta a compartir información que la población de las grandes ciudades. Esa podría ser una explicación.
Además, los departamentos donde se ha visto incremento en la extorsión tienen fronteras con El Salvador. Probablemente exista una migración de estructuras criminales hacia estos departamentos, que anteriormente eran zonas tranquilas.
¿Cómo recuperar la confianza ciudadana cuando gran parte de los delitos terminan sin condenas?
Respuesta:
Estamos realizando procesos de certificación del personal en unidades especiales y, a partir del lamentable incidente de la DIPAMPCO, se hizo una intervención completa de los procesos administrativos y operativos de esa dirección.
Con esto identificamos un alto grado de negligencia en mandos intermedios y superiores, además de falta de controles.
Recordemos que esta dirección fue responsable en el pasado de desarrollar procedimientos operativos durante el estado de excepción, realizando allanamientos sin orden judicial. Esa práctica quedó arraigada en estructuras de mandos bajos y medios, y ahora estamos trabajando para desestructurarla.
El compromiso es enfrentar cualquier acción que represente una violación a la responsabilidad profesional del funcionario. En este caso, combatir la corrupción de frente y remitir al Ministerio Público o a las instancias disciplinarias, como DIDADPOL, a quienes cometan actos reñidos con la ley.
¿cuál es su ruta de acciones urgentes de la secretaria de seguridad para devolverle la paz y la tranquilidad al pueblo hondureño?
Respuesta:
Estamos trabajando junto a otras instituciones del Estado para construir un modelo de seguridad democrático que respete las garantías, pero que también sea efectivo en la reducción de los índices de violencia.
Ese es el compromiso. Sabemos que los recursos son limitados, por eso el Estado ha decidido integrar esfuerzos entre la Policía, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, el Poder Judicial y otros actores gubernamentales para devolver la paz y la seguridad que la sociedad necesita.
No obstante, también necesitamos el compromiso de todos, porque la seguridad no es un tema exclusivo de la Secretaría de Seguridad.
La sociedad tiene una corresponsabilidad y pueden ayudarnos de alguna forma, a ir monitoreando y difundiendo información que nos sirva para poder dictar adecuadamente o evaluar nuestras políticas.
