La Unidad de Financiación, Transparencia y Fiscalización, mejor conocida como Unidad de Política Limpia (UPL), fue creada a instancia de la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), con el objetivo de adecentar el impío y millonario mundo de las campañas políticas en Honduras.
El gasto de campaña política se puede contabilizar en las centenas de millones de lempiras. Los fondos deberían de provenir y limitarse a la deuda política, aportación de los militantes, simpatizantes y empresa privada, pero en la realidad se han saqueado decenas de instituciones públicas con fines proselitistas (Seguro Social, Secretaría de Agricultura y Ganadería en el Caso Pandora y los fondos departamentales del Congreso entre otros).
Otra práctica es que empresarios inescrupulosos pagan campañas completas a cambio de contratos y cuando el funcionario logra el poder son prácticamente sus dueños. Otra de las situaciones más peligrosas es el financiamiento del narcotráfico en la política, práctica que se ha enraizado y con la que los narcos logran inmunidad y anulan la persecución judicial. Incluso, han logrado muchas veces convertir a policías y militares en sus guardias privados durante el trasiego de drogas.
La misión de la UPL es vigilar y controlar el financiamiento político, obligando a los partidos y algunos candidatos a registrar sus ingresos y gastos de campaña ya sean públicos o privados y comprobar que no rebasen los límites impuestos tanto a aportaciones como a gasto.
Pero como dicen, el que hace la ley también hace la trampa, por lo que Revistazo logró identificar a través de entrevistas con expertos y la revisión de las obligaciones de los partidos y candidatos las ocho formas en las que muchos políticos están incumpliendo con las obligaciones que la ley les impone con respecto a sus declaraciones de financiamiento.
- No abrir cuentas bancarias
La ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y candidatos obliga a abrir cuentas bancarias a cada sujeto obligado o un representante que designe para rendir cuentas ante la UPL. Pero a menos de 30 días de las elecciones, solo unos 300 de más de cinco mil obligados lo han hecho. Con esto muchos de los candidatos reciben aportaciones en efectivo y pagan sus gastos en efectivo, sin dejar registros contables de sus gastos y saltando la autoridad.
- Publicidad anónima
Según muchos candidatos, ellos no han pagado por las inmensas vallas publicitarias y anuncios en medios radiales y televisivos que invitan a votar por ellos o a no votar por sus rivales. Cuando se ha cuestionado quien está haciendo esos millonarios gastos, nadie da razón. La ley obliga a tener registros contables de todos los gastos en propaganda, pero esto no se cumple.
- Recaudación bajo la mesa
En eventos como cenas o reuniones de recaudación de fondos, por lo general los candidatos salen con las bolsas llenas de dinero en efectivo. Según la ley este dinero debe ser depositado y registrado en las cuentas bancarias y consignados los nombres y apellidos del contribuyente o empresa que hace la donación, pero esto se cumple en muy pocas ocasiones.
- Donaciones anónimas
La ley prohíbe esto de forma definitiva a menos que sean en colectas populares y aun así se obliga a depositar el monto en la cuenta bancaria, pero muchos en política son de la opinión que ojos que no ven, candidato que no declara.
- Usar personas no obligadas (suplentes, vicealcaldes, designados)
La ley consigna como sujetos obligados a los Partidos Políticos y sus candidatos y candidatas, pero esto se limita a los titulares y no considera a los designados presidenciales, diputados por el Parlamento Centroamericano, diputados suplentes ni las corporaciones municipales, por lo que el gasto que estos realicen está exento de supervisión. Para muchos la tradición es que el diputado titular, el que va en la foto, es la cara bonita que jala votos, pero quien financia la campaña es el suplente.
- Declaración jurada mentirosa
Cada precandidato o precandidata debe de llenar una declaración jurada donde se obliga a cumplir con todo lo consignado en la ley, pero muchos de estos no la toman en serio y mienten flagrantemente, según denunció una persona con acceso a las declaraciones. La sanción por mentir en un documento jurado es penal, por lo que la sanción podría llevarlo hasta la cárcel.
- Promoviendo impunidad desde otros poderes
La UPL presentó una Informe de Rendición de Cuentas de las Elecciones Primarias 2021 revelando que el 64% de los aspirantes que participaron en las primarias no entregaron sus informes de gasto de campaña y por lo tanto serían multados.
Pero el Congreso Nacional aprobó una exoneración que da a los candidatos 30 días más para presentar sus declaraciones, dándoles una nueva oportunidad a los candidatos, aunque hay que aclarar que esta exoneración aún no ha sido publicada.
- No presentar informes y reírse de la unidad de política limpia
La UPL ya ha emitido sanciones contra partidos en el pasado, pero el Consejo Nacional Electoral no ha ejecutado sanciones y algunos de los líderes de los partidos que se busca sancionar, han dicho no reconocer la autoridad de la UPL e incluso han expresado que para ellos no existe.
Si se busca transformar y limpiar la política hondureña, se debe de fortalecer la UPL para que investigue, sancione y castigue de forma efectiva a todos los que sigan financiando de manera gris o ilegal sus campañas.
