Por Omar E. Rivera
El 27 de junio del año pasado, en el marco de la conmemoración del tercer aniversario del golpe de Estado del 2009, la Unidad de Seguimiento de las Recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (USCVR), adscrita a la Secretaría de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos (SJDH), organizó el foro “Las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).
Demandas y Compromisos desde la Sociedad Civil”; a este evento, la USCVR, que dirige Rolando Sierra Fonseca, invitó a varias Organizaciones de Sociedad Civil (OSC), como el Centro de investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Servicios Técnicos, Legales y Económicos (SETELEC), la Barra de Abogados Anticorrupción, el Grupo Sociedad Civil (GSC) y otras, a “un dialogo abierto sobre el nivel de cumplimiento que como Sociedad y Estado Nación se le ha dado a dichas recomendaciones”.
Representantes de la ciudadanía organizada, parafraseando a los miembros de la CVR, claramente manifestaron que si no se tomaban las medidas necesarias, los hechos que transgredieron el orden constitucional en el 2009, se repetirían.
Si las autoridades estatales, hubiesen tomado nota de todas las opiniones vertidas en esa jornada de reflexión y análisis, seguramente a estas alturas tuviésemos procedimientos más claros y efectivos respecto a cómo dirimir conflictos entre los poderes del Estado, evaluar el desempeño de los altos funcionarios públicos y proceder a la destitución de los mismos; pero no fue así, y como sucede siempre, es hasta que tienen el agua hasta el cuello que los políticos enquistados en el andamiaje oficial proceden a tomar decisiones, a la carrera, sin consultarle a los ciudadanos, solamente para salir de las honduras en las que nos encontramos o para mostrar una cara civilizada en medio de esta jungla.
En esa ocasión, las OSC dejaron en claro que, desde el lente ciudadano, las autoridades estatales no mostraban “una activa y generalizada voluntad política de implementar las recomendaciones contenidas en el informe de la CVR”; en el caso particular del Grupo de Sociedad Civil (GSC), era del parecer que faltaba apropiamiento y conocimiento de parte de los funcionarios públicos sobre las recomendaciones de la CVR, y no existía una gestión articulada para el cumplimiento de las mismas, lo que podía evidenciarse en “la exclusión de dichas encomiendas en los planes estratégicos institucionales, planes operativos anuales y presupuestos de las instituciones que dependen de los distintos poderes del Estado, organismos fiscalizadores y operadores de justicia”. Salvo la agenda cotidiana de trabajo de la oficina rectorada por Sierra Fonseca, muy pocos tenía como hoja de ruta al informe redactado por la comisión que había dirigido el ex Presidente de Guatemala, Eduardo Stein.
Se resaltó que aquellas recomendaciones que necesitaran reformas a marco jurídico constitucional y electoral, deberían considerarse prioritarias para evitar consecuencias nefastas, no perder la oportunidad de aprobarlas antes de la finalización de la tercera legislatura o en un periodo en el cual fuesen legalmente improcedentes; se hizo caso omiso y los resultados están a la vista de todos: conflictos entre poderes del Estado que son resueltos sobre la base de la “ley del más fuerte” y un proceso electoral interno/primario de los partidos políticos pletórico de inconsistencia y falta de transparencia.
Si bien es cierto ya los tiempos asfixian, nunca es tarde para actuar, y en ese sentido, los tomadores de decisiones deben focalizar sus esfuerzos –tal cual se les ha venido diciendo en reiteradas ocasiones- en tres líneas de trabajo que tienen una relación directa con las recomendaciones de la CVR:
1) Para evitar confrontaciones interinstitucionales es necesario que la Constitución establezca la figura del juicio político y fijar escrupulosamente sus procedimientos, y crear un Tribunal de Justicia Constitucional con competencia para conocer la defensa de la Constitución contra el abuso de la ley, dirimir la competencia y los conflictos entre los Poderes del Estado y velar por la protección de los derechos humanos.
2) A fin de contar con un sistema político-electoral hondureño que garantice el proceso de consolidación democrática en el país, se debe –desengavetar- el anteproyecto de nueva Ley Electoral, para que sea discutida y aprobada, antes de la convocatoria a elecciones general, garantizando que este renovado marco jurídico permita una despolitización (despartidización) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y Registro Nacional de las Personas (RNP), un mayor control del financiamiento público y privado de los partidos políticos, y una mayor participación ciudadana en el proceso electoral, especialmente en la conformación de las Mesas Electorales Receptoras (MER) y las instancias locales, regionales y nacionales de escrutinio en los distintos niveles electivos.
Al margen de estos dos aspectos que pesan sobre nuestras espaldas, por la coyuntura y el aun humeante conflicto generado por la nada diáfano proceso electoral interno de los partidos políticos y la irregular destitución de los cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), las autoridades deben poner especial empeño en combatir la impunidad, especialmente en lo relacionado a la violación de los derechos humanos y actos corruptos, que, durante la crisis política del 2009, se ejecutaron. Se abre una importante oportunidad en el marco del proceso de reforma del sector justicia y seguridad y pulsado por la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública (CRSP), y la obligatoria profilaxis que se debe ejecutar en la Policía Nacional, el Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial.
Finalmente, es indispensable –tal cual lo ha venido exigiendo la Sociedad Civil- que se redoble el esfuerzo por socializar los hallazgos y recomendaciones del informe de la CVR, a fin de que la ciudadanía se apropie de las mismas, y tenga más consciencia de las causas, los actores y las consecuencias de la crisis generada a raíz del golpe de Estado de 2009; es muy importante y necesario que se elabore una versión sintética y popular, dirigida a los distintos sectores de la sociedad hondureña. La consciencia de la población sobre el contenido del Informe de la CVR, generará la imprescindible accion de veeduría ciudadana, que es esencial para el efectivo monitoreo al cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la CVR.
