Durante las últimas dos semanas ha habido mucha discusión en los medios y las redes sociales sobre un cuestionado proyecto de ley que, según los diputados que lo proponen, busca regular el «discurso de odio» difundido a través de redes sociales.
Han surgido opiniones muy encontradas sobre las intenciones detrás de este proyecto y sobre el impacto que podría tener.
A continuación, le ayudamos entender este tema tan polémico.
¿De dónde surge este proyecto de Ley?
A principios de febrero el diputado nacionalista Marcos Paz presentó a la cámara legislativa un proyecto de Ley para establecer «medidas para prevenir los actos de odio y discriminación en redes sociales e internet».
Marcos Paz, diputado nacionalista. |
Según el diputado Paz, fue motivado a presentar este proyecto de Ley porque las redes sociales, aunque traigan beneficios para la población, también pueden ser un medio por el cual las personas se conviertan en «víctimas de actos de discriminación o delitos de odio, inclusive injuria o difamación, u otros delitos contra la seguridad pública».
El proyecto de Paz fue revisado por el Comisión de Dictamen, integrado por los diputados nacionalistas Gerardo Tulio Martinez Pineda, Johan Guicel Bermudez, Nelson Javier Marquez y Marco Antonio Velasquez, además de Felicito Avila (Democracia Cristiana), Ronnie Richard McNab (Liberal), e Irma Aida Reyes Coello (Libre).
El 8 de febrero, esta comisión amplió la propuesta de Ley para también abarcar el tema de «ciberseguridad».
Comisión Nacional de Ciberseguridad. |
La propuesta de Ley sigue en debate en el Congreso Nacional y hasta la fecha de esta publicación, no ha sido aprobado.
Cabe mencionar que esta propuesta vendría a sumarse a otras Leyes que regulen el varios aspectos de la actividad digital y el discurso de los ciudadanos:
En abril del año pasado el Congreso Nacional incluyó en el Código Penal la figura de los delitos cibernéticos con penas de tres a siete años de prisión, tipificando como delitos, el Hackeo de cuentas y la suplantación de identidad.
El Código Penal también ya penaliza con cárcel los delitos de difamación, injuria y calumnia, que ya han provocado que muchos periodistas y defensores de derechos humanos hayan tenido que responder en los tribunales de justicia por algunas publicaciones.
¿Qué tipo se sanciones establece la propuesta de Ley?
El proyecto de Ley califica como discurso de odio ilegal cualquiera «acción comunicativa que tiene como objetivo promover y alimentar un discurso, cargado de connotaciones discriminatorias, que atenta contra la dignidad y seguridad de las personas, y que es propagado con intención maligna para incitar al interlocutor, o lector, a que lleve a cabo acciones destructivas en contra de una persona».
También prohíbe comunicaciones que inciten la discriminación contra diversos grupos de personas, la producción y utilización de pornografía infantil, la suplantación de identidad, y el «Bullying Cibernético».
Según el proyecto, la sanción por producir este tipo de comunicación prohibida sería una multa entre 50 mil a un millón de lempiras y hasta la suspensión y bloqueo del sitio Web que haya publicado el mensaje clasificado como ilegal.
¿La Ley atenta contra la Libertad de Expresión?
En reunión con diversos representantes de la sociedad civil, el diputado nacionalista Gerardo Martínez, presidente de la Comisión de Dictamen, aseguro que con la Ley no buscan proteger a políticos ni sancionar a quienes publiquen “Fuera JOH”, tampoco violentar la libertad de expresión ni controlar a los periódicos digitales, sino, castigar a las personas que publique en sus redes mensajes degradantes al honor de las personas y que incitan al odio.
Sin embargo, muchos otros sectores de la sociedad hondureña, así como organismos internacionales, ven la propuesta de Ley como una movida para callar cualquiera voz que se oponga a los que tienen el poder en Honduras.
El Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), ha manifestado que este proyecto de Ley atenta contra la libertad de expresión y le ha recomendado a las autoridades, que Honduras como Estado, tiene la obligación de cumplir los tratados internacionales.
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A esa posición también se suma la del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), organismo que según han declarado no integraría el Consejo de Veeduría Social establecido en la Ley , por estar en contra de ella.
El dos de febrero pasado, el director ejecutivo del COHEP, Armando Urtecho, dijo que los empresarios ya le han manifestado a la Comisión de Dictamen que el proyecto contempla vacíos y quehan declarado no integraría el Consejo de Veeduría Social establecido en la Ley“no nos hemos sentado para sugerir algunos pequeños cambios”, explicó.
Sostuvo, que el Proyecto le da la facultad a ciertas empresas del sector privado a censurar el contenido de algunas publicaciones y que eso contradice al artículo 72 de la Constitución de la Republica, que expresa: «es libre la emisión de pensamiento por cualquier medio de difusión sin previa censura».
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También se han pronunciado en contra de esta legislación, organismos nacionales, como el Comité por la Libre expresión C-libre y el Colegio de periodistas de Honduras (CPH).
Para Edy Tabora, director de C-Libre es una norma con tinte político que se deriva de la crisis post electoral, e innecesaria, porque el Código Penal tipifica los mismos delitos.
Edy Tabora, director de C-Libre |
Las redes sociales han sido el principal medio para generar opinión sobre la situación política y también para la denuncia de violaciones a los derechos humanos”, sostuvo Tabora.
Entre tanto, Dagoberto Rodríguez, Presidente del CPH alertó que esta disposición legal puede convertirse en bozal y limitar la libertad de expresión.
Condenamos los abusos en las redes sociales, pero que eso no signifique coartar la libertad de expresión”, expresó en su cuenta de Twitter.
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¿Otros países tienen leyes similares?
Diversos países del mundo tienen Leyes relacionados con el discurso de odio y también sobre el tema de ciberseguridad—aunque por lo general son vistos como temas distintos.
También, por lo general en otros países estas leyes contra el discurso de odio han sido aprobados en tiempos de estabilidad política, no semanas después de la instauración de un nuevo Gobierno, resultado de elecciones cuestionados por falta de integridad por diversos actores nacionales e internacionales, como será el caso en Honduras si se apruebe el proyecto.
En cuanto al discurso de odio, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, ambos de la ONU, prohíben palabras que incitan al odio y el racismo. Varios países, principalmente de Europa, también tienen leyes nacionales que prohíben el «discurso de odio».
Estas leyes regulan el discurso de odio en general, no específicamente el discurso en las redes sociales digitales.
Por otro lado, en noviembre de 2001 el Comité de Ministros del Consejo de Europa aprobó el Convenio sobre Ciberdelincuencia, conocido también como el Convenio de Budapest. Este es el primer tratado internacional que busca hacerle frente a los delitos informáticos y los delitos en internet y otras redes donde se pueden cometer fraude, violaciones de derechos de autor y pornografía infantil.
Este Convenio que entro en vigencia en Julio de 2004, tiene como objetivo la armonización de leyes penales y las disposiciones relacionadas con el delito informático, entre los que se encuentran, ataque a la integridad de datos, ataques a la integridad del sistema, abuso de los dispositivos, falsificación informática, fraude informático, pornografía infantil y propiedad intelectual.
Aparte de los países europeos, el convenio ha sido firmado por Canadá, Japón, Estados Unidos, México, El Salvador, Costa Rica, Argentina, Uruguay, Chile, República Dominicana, Panamá.
Las publicaciones de los mismos diputados, ¿pasarían la prueba de su propuesta Ley?
Varios observadores han señalado que si llegue a ser aprobado la Ley de ciberseguridad y contra el odio, varios de los mismos diputados podrían ser sancionados por sus publicaciones en Facebook y Twiiter.
Por ejemplo, en enero pasado, la página de Facebook de Ángela Ester Bulnes Nolazco, amiga cercana de la diputada Gladys Aurora López, publica un meme con la imagen con los rostros del ex presidente Manuel Zelaya, de Salvador Nazralla y una calavera en el centro, con la leyenda: «No es un delincuente ñangara, mucho menos una damisela caprichosa quienes van a decidir por la mayoría de hondureños. Yo no me aguevo, y JOH no se agueva.»
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Chuy Ramos, activista nacionalista, que publica en sus redes exaltamientos al presidente Juan Orlando y demás líderes del Partido Nacional, pero que ponzoñosamente divulga mensajes de odio en contra la oposición. Como prueba, un video, que al publicarlo dice que fue construido por la misma oposición.
El video muestra a personas consumiendo droga y a supuestos pandilleros utilizando su lenguaje mímico, también muestra imágenes del ex presidente de la Republica y coordinador de la Alianza de oposición, Manuel Zelaya, de Salvador Nazralla y Xiomara Castro, con tatuajes en sus cuerpos, entonado una canción llamando a votar por la Alianza para que corra más sangre y destruir a la nación.
Pero también no se puede negar que de distintos sectores de oposición también se han generado mensajes y señalamientos a líderes nacionalistas, por el otorgamiento de contratos, por el robo al seguro social y últimamente por el supuesto fraude electoral que mantiene en el poder al partido nacional.
En diciembre pasado una página de Facebook a nombre de JOH no es mi presidente, publican una imagen con dos fotografías, una de Berta Cáceres y otra de Hilda Hernández. En la de Berta dice: ella fue un orgullo para el país y en la de Hilda colocaron el mensaje, Ella participó en el saqueo de IHSS.
¿Todo esto es una cortina de humo para que la gente se olvide del «pacto de impunidad»?
Solo los diputados proyectistas saben a ciencia cierta su motivación por presentar este proyecto justo en este momento.
Como sean sus intenciones, el hecho es que la presentación de este proyecto polémico desvió la atención de los medios de comunicación de importantes casos de corrupción, como el denunciado fraude electoral y del llamado Pacto de Impunidad denunciado recientemente por la Misión de Apoyo contra Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH).
Según la MACCIH el Pacto de Impunidad consiste en la escalada del Congreso Nacional en contra de sus investigaciones buscando proteger a funcionarios y exfuncionarios corruptos, entre ellos 140 diputados, incluyendo a Mauricio Oliva, presidente del Congreso que según la MACCIH malvezaron millonarios recursos públicos en los últimos años.
Estas medidas, fueron aprobadas mediante una reforma a la Ley de Presupuesto, el pasado 18 de enero y publicadas el siguiente en el Diario Oficial La Gaceta.
Hasta el día de hoy, el Congreso Nacional no ha revertido este nefasto cambio de Ley, y entre más corre el tiempo, más probable parece que salgan con la suya.
Revistazo realizo un video para explicar en que consiste el pacto de impunidadVIDEO: PACTO DE IMPUNIDAD – Honduras esta de luto |
