El actual episodio electoral que vive el país se entiende desde dos visiones. Por un lado, el político, que implica la competencia por el control de los partidos mayoritarios en una contienda marcada por retadores al statu quo, desconfianza mutua y la predisposición al fraude. Por el otro lado, la visión institucional que pone a la luz la fragilidad de los órganos electorales que producen incertidumbre que dificultan resolver los conflictos políticos, incluso exacerbándolos debido a la calidad de liderazgos con que cuentan. Estas dos visiones están estrechamente ligadas; la política decide la institucionalidad electoral, mientras que la institucionalidad define las reglas y el ambiente de la competencia política. Es esta relación político-institucional lo que realmente determina el impacto democratizador que tienen las elecciones en Honduras.
A nadie debe sorprender el desempeño que está teniendo el sistema electoral hondureño, todo esto se venía venir por las razones que no merecen ser repetidas para evitar distraer al lector del enfoque propositivo que tiene este análisis. En fin, las condiciones estructurales del país definen la calidad de las elecciones, pero los comportamientos de los políticos y las autoridades electorales, son determinantes para la confianza y los niveles de conflictividad e incertidumbre que produce la contienda. En otras palabras, si las actuales condiciones y actitudes persisten en las elecciones generales de noviembre, lo que terminaremos teniendo son nuevamente elecciones fallidas donde el fraude estará a flor de piel, habrá protesta social, más daños a la economía y una transición de poder en enero de 2022 en un contexto de alta inestabilidad e ilegitimidad.
Desde la perspectiva política, el desafío sigue siendo la falta de interés político para revertir el eventual desenlace electoral; algunos políticos le apuestan al caos como estratagema para obtener prebendas, debilitar la competencia y poner en duda los resultados electorales para debilitar a cualquier nuevo gobierno ante los grandes desafíos que tendrá que afrontar al tomar posesión. Mientras que otros, harán uso de la maquinaria partidaria para buscar aferrarse del poder, utilizarán institucionales sociales, obras públicas y dispondrán de grandes recursos financieros para comprar voluntades en un contexto de grandes necesidades materiales. En fin, se avizora unas elecciones generales de vida o muerte, cargadas de conflicto con un entorno institucional débil, una población que no percibe un verdadero cambio sea quien gane, fuerte polarización social, aunado a poca capacidad de mediación de actores clave de la Comunidad Internacional.
Si ese es el panorama, ¿qué opciones existen para los próximos 8 meses? Pues, en primer lugar, hay que descartar el hecho que habrá nuevas leyes en el Legislativo. Las cabezas partidarias han mostrado estar satisfechos con el sistema electoral actual, aunque parezca defectuoso y corrupto para el resto del mundo. Al final, todos están de acuerdo que no son reglas justas las que importan. En fin, de eso se trata el autoritarismo electoral, mantener a autócratas en el poder y deprimir la participación electoral de la población.
En todo caso, lo que se puede hacer son ajustes al proceso electoral, tomando en cuenta que la mayoría de los problemas de las elecciones primarias son de índole técnico y organizacional que empantana la logística, el control del fraude y el escrutinio electoral. Obviamente estos ajustes van a requerir de una decisión política. Sin embargo, lo que demuestra el actual proceso electoral primario es que entre más tiempo transcurre sin respuesta institucional, más incierto y más sospechas de fraude hay. Si extrapolamos esto al contexto de las elecciones generales, en donde unos 5 millones de hondureñas y hondureños están previstos votar, el riesgo de no hacer nada pasará factura en los partidos políticos, incluso llevando a que se repitan las elecciones generales ante las grandes dudas de sus resultados.
Entre los ajustes que deben tomarse en cuenta, se identifican cinco:
- Mejorar las comunicación y coordinación entre el Registro Nacional de las Personas (RNP), el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Unidad de Política Limpia (UPL) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Corregir el voto domiciliario, resolver las inconsistencias del censo electoral, afinar la judicialización del proceso electoral, son entre algunas acciones inmediatas que deben implementarse. También será importante que se revisen los candidatos que están morosos con el fisco que deben ponerse al día con sus impuestos para poder participar. De la misma manera, se requiere mejor intercambio de información en materia de financiamiento y campañas.
- Hacer un inventario de los reglamentos del CNE y revisar lo que hace falta por normar que pueda distorsionar el proceso o resultados. Por ejemplo, definir un procedimiento de transmisión y divulgación de resultados electorales más expedito, transparente y abierto. Esto incluye definir un mecanismo confiable de comunicar resultados entre las mesas electorales receptores (MER) y el nivel central. Regular la divulgación de resultados de encuestas de boca de urna el día de las elecciones para evitar distorsiones o manipulación en el electorado.
- Asegurar que los miembros de las MER sean debidamente capacitados. Tomando en cuenta que puede llegar a ver más de 10 de representantes de partidos políticos en las mesas electorales en las Generales. Unas de los grandes problemas de las Elecciones Primarias fue el poco conocimiento de los miembros de mesas. En un contexto de alta desconfianza y denuncias constantes de fraude, la falta de conocimiento de los miembros de la mesa, fácilmente puede interpretarse como comportamientos delictivos.
- Permitir asistencia técnica electoral internacional. Una de las particularidades que diferencian a este proceso primario de anteriores, ha sido la falta de entrada que han tenido organismos internacionales de asistencia electoral –en algunos casos bajo argumentos ideológicos infundados. La ausencia de expertos sin duda ha contribuido a la desorganización y al pobre desempeño institucional. Para las elecciones generales la asistencia técnica debe venir a reducir las limitaciones de experiencia y conocimientos electorales de algunas autoridades y personal intermedio.
- Asegurar el acceso a la información pública del proceso electoral. Esto debe incluir poder comunicar y explicar de antemano las medidas a tomar en caso de conflictos, caídas del sistema o cualquier otra contingencia. Se requiere mejorar las líneas de comunicación con periodistas, observadores electorales y actores clave que pueden ayudar a mejorar la confianza en el proceso. Es fundamental comunicar lo más pronto posible si habrá un nuevo proceso de licitación para la transmisión electrónica de resultados el día de las elecciones o en se defecto, informar sobre un Plan B técnicamente confiable.
Para el mes de noviembre, los tres órganos que realizan funciones electorales tendrán nuevos presidentes: Oscar Rivera (Libre) en el RNP; Kelvin Aguirre (PN) en el CNE; y, Miriam Barahona (PL) en el TJE, lo que viene a abrir una ventana de oportunidades para un trabajo más coordinado y aplicar las lecciones aprendidas de las elecciones primarias. Pero como hemos visto anteriormente, el problema no es tanto el “qué”, sino el “cómo”.
En primer lugar, se requiere un consenso entre las cabezas de partidos que estos ajustes son necesarios. Se trata de reconocer que existen problemas que requieren ser corregidos. Este primer paso es crucial, porque se trata de reconocer responsabilidad, algo que no es común en la autoridad pública hondureña. En segundo lugar, los ajustes electorales son cambios selectivos que deben tomarse. Se trata de identificar los problemas y resolverlos de manera técnica para permitir que la competencia política continúe su curso. En tercer lugar, se debe aceptar la idea de recibir asistencia técnica externa y tener mayor apertura al escrutinio público (no solo partidario), lo que para algunos implica perder la oportunidad de sabotear o manipular el proceso electoral de las generales.
Para concluir, Honduras se encuentra inmersa en una profunda crisis democrática que lleva más de diez años sin resolver y, con cada gobierno ha ido empeorando, al grado que grandes sectores de la población están dispuestos a tolerar a autócratas, corruptos y personajes ligados al narcotráfico, porque todo se ha convertido en una transacción material. En esa caída libre, el sistema electoral cada vez es más caótico, violento, incierto y propenso a favorecer intereses oscuros. Bajo estas condiciones de déficit democrático y baja integridad, las elecciones están destinadas a terminar en conflicto y producir gobiernos débiles. Pero en esta ocasión nadie puede decir que no fue advertido.
