Organizaciones de sociedad civil exigen al Gobierno realizar la transferencia de 33 millones de lempiras que adeuda desde hace tres meses al Instituto Nacional de Atención a Menores Infractores (INAMI), por lo que vulnera sus derechos y ponen en riesgo a los niños, niñas y adolescentes en el sistema.
La falta de fondos pone en riesgo el bienestar de los menores en muchas dimensiones: no hay fondos para el pago de alimentación, se pierde el acceso a telefonía para que se comuniquen con sus parientes, mora en el pago de energía eléctrica, agua, internet y combustible, y también en la compra de medicamentos.
Parte del personal del INAMI se ha declarado en calamidad doméstica por lo que no pueden asistir a diario a su trabajo ya que no tienen dinero ni siquiera para pagar su transporte.
A través de una conferencia de prensa la Coalición por la Restitución de Derechos de la Niñez en Conflictos con la Ley denunció que a pesar de que están disponibles los fondos, la Secretaría de Finanzas (SEFIN) no hace la entrega del dinero que urge para pago de alimentación, servicios de telefonía e internet entre otros.
La ex fiscal de la niñez, Diana Medina, detalló que la coalición “ha hecho cuatro peticiones a Sefin para que haga los desembolsos. Nos han dicho ‘no hay dinero’, pero hemos indagado a través de peticiones y acercamientos y hemos determinado que sí hay fondos”.
A través de una solicitud de información pública respondida a través del “Memorando D.E. 2015-2022”, la Directora Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Patricia Asfura, reveló que cuentan con los recursos que corresponden al INAMI, pero quien decide como y a quien hacer la transferencia es la Secretaría de Finanzas.
El INAMI tiene un presupuesto mensual de 11 millones de lempiras mensuales que se le deben de transferir trimestralmente. Los fondos provienen de los impuestos que recibe el Estado por impuestos de las loterías privadas y que se administran a través del Fideicomiso para la Reducción de la Pobreza.
Desde que asumió este Gobierno, la institución ha hecho cinco solicitudes de desembolso que no han sido atendidas. La Fiscalía de la Niñez interpuso una acción de restitución de derechos vulnerados para que citen a las autoridades de Finanzas y expliquen por qué no han cumplido con las transferencias.
Años de abandono
Esta no es la primera vez que se niegan los fondos que corresponden a los menores para usar el presupuesto para otras actividades. El año pasado tampoco se le hizo la transferencia en el último trimestre y se desviaron esos fondos para el programa de merienda escolar, esto a pesar que las escuelas no abrían desde el 2019 por el Covid y según el calendario ya estaban de vacaciones.
Según investigaciones estos fondos habrían sido asignados a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), que firmó un convenio con la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro), por 59 millones de lempiras para entrega de bolsas de alimentos a personas de escasos recursos.
Todo esto aconteció en el momento en que se desarrollaba la campaña política por lo que habrían sido usadas en proselitismo. A causa de esto el Ministerio Público informó que “investigan traslado de 236 millones de lempiras del PANI a la Secretaría de Educación en el gobierno anterior, justificando que fondos serían destinados a ‘merienda escolar’ sin que hubiera retorno a clases presenciales”.
El INAMI cuenta con cuatro centros de internamiento con 209 niños, niñas y adolescentes bajo custodia y 1,519 con medidas sustitutivas
La Coalición reiteró a Sefin la urgencia de dar respuesta y atender a cada uno de los menores bajo custodia del Estado y la responsabilidad que tienen para cumplir con sus derechos, anunciaron que han solicitado una reunión con la presidenta Xiomara Castro para informarle de la situación.
