Durante los primeros meses de la pandemia del Covid-19 en el año 2020, reinó la incertidumbre y la improvisación; los países ricos acapararon los insumos médicos y las vacunas, mientras que en muchos países pobres como Honduras la corrupción fue la única prescripción.
El gobierno hondureño del expresidente Juan Orlando Hernández decretó emergencia en febrero de ese año y autorizó realizar compras directas, sin tener un plan claro y excluyendo a expertos de salud, desatando una cadena de actos de corrupción de los que muchos aún están en la impunidad.
Ismael Zepeda, economista del Foro Social de la Deuda Externa en Honduras (Fosdeh), fue uno de los primeros en denunciar los trances oscuros aprovechándose de la calamidad pública. A través de su cuenta de Twitter publicó la sobrevaloración en casi un 300 por ciento de percoladoras para café y televisores que había realizado el Comité Permanente de Contingencias (Copeco), a cargo de Gabriel Rubí.
“En ese momento de tanta emergencia en el mundo era necesario que los Estados ejercieran ese principio de transparencia y efectividad en las compras, uno creería que esta vez los funcionarios, por tratarse de la vida humana, iban a hacer las mejores compras, por lo que los ciudadanos estuvieron pendientes de qué hacían los funcionarios”, detalló Zepeda.
La publicación de Zepeda se volvió viral en redes sociales y el propio Ministerio Público lo citó para que les informara de cómo había detectado la posible sobrevaloración. Tan solo cuatro días después el MP anunció estar investigando el caso.
“Ese fue el detonante para que la sociedad estuviera más atenta a las compras y el gasto, obligó a que la Secretaría de Finanzas e Invest-H (Inversión Estratégica de Honduras), abriera portales para darle seguimiento a todas las compras y declarar como fueron los procedimientos de ciertas compras, esto dio más información al ciudadano y puso presión al Ministerio Público para actuar”, agregó Zepeda.
Yuri Mora, Portavoz del MP, detalla que “el MP actúa de oficio cuando sale la denuncia en un medio de comunicación o cuando la hace algún empleado o alguien que conozca sobre el tema y se va profundizando con la toma de declaraciones y la toma de pruebas”.
Corrupción a manos llenas durante la pandemia
Según investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), “se ha constatado el perjuicio total a las arcas del Estado por más de 894 millones de lempiras”, solamente durante el primer año de la pandemia, el 2020.
El rol de la sociedad civil y los ciudadanos ha sido vital en la denuncia de estos casos de corrupción, tanto organizaciones no gubernamentales como medios de comunicación se volvieron guardianes del uso de los fondos del Estado y realizaron importantes veedurías e investigaciones sobre el uso y manejo de los fondos.
Hasta la fecha, el ente fiscal realiza más de 20 investigaciones y ha judicializado al menos seis casos logrando dos condenas.
Corrupción en Copeco
Dando seguimiento a la denuncia de Ismael Zepeda, se investigó a Copeco y se han presentado al menos tres casos en contra de funcionarios y empleados de esa dependencia.
El exdirector de Copeco, Gabriel Rubí enfrenta dos acusaciones y varias investigaciones. Una por fraude en la sobrevaloración en la compra de un hospital móvil por seis millones de lempiras, aunque este solo era una carpa de lona. En esta causa también se acusó al exministro viceministro de Salud, Nery Cerrato, por falsificación de documentos.
En septiembre de este año 2022 se les dio sobreseimiento a ambos funcionarios, y el ente acusador presentó un recurso de apelación, este no tuvo éxito y se les libró sobreseimiento definitivo. A pesar de esto, el MP informó presentará un recurso de reposición para evitar que las acciones de los exfuncionarios queden impunes.
Otra de las acusaciones contra Rubí y tres empleados más, es por fraude y violación a los deberes de los funcionarios, ya que construyeron un centro de triaje que no se había solicitado y que nunca se usó en el Hospital Cardiopulmonar El Tórax en la capital. El costo de la obra fue de cuatro millones de lempiras y los análisis descubrieron que habría sobrevaloración.
Rubí en las elecciones del 2021 buscó la reelección, pero sufrió un voto contundente de castigo por la ciudadanía.
Invest-H y la corrupción que mata
Debido a las pocas capacidades de contratación, se decidió centralizar los procesos de compra en Invest-H, una entidad que gozaba de prestigio heredado cuando era la unidad ejecutora de los fondos de la Cuenta del Milenio encargada de grandes proyectos de infraestructura y de ayuda al agro.
Pero nada estaba más alejado de la realidad, Marco Bográn, quien en ese momento era director de Invest-H, realizó compras amañadas por más de 40 millones de dólares con el visto bueno de Casa Presidencial y la Secretaría de Finanzas.
El caso de más flagrante de corrupción fue la compra de siete hospitales móviles por 47 millones de dólares al infame hombre de negocios, Axel López. Los hospitales chatarra tardaron más de ocho meses en llegar al país, cuando se había ofrecido estarían listos y funcionando en tres meses.
Según el análisis del capítulo de Honduras de Transparencia Internacional, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ,) los hospitales habrían estado sobrevalorados en más de 12 millones de dólares.
Pero lo peor del caso es que los hospitales nunca funcionaron, el actual ministro de Salud, José Manuel Matheu, dijo a medios de comunicación en octubre de 2022 “son un desastre… esos hospitales creo yo que terminarán siendo desechados, no sirven”.
Bográn y el ex subdirector de Invest-H, Alex Moraes, fueron condenados a 10 años 11 meses de reclusión por el delito de fraude agravado en la compra de los hospitales. El proveedor de los hospitales, de origen guatemalteco – estadounidense, Axel López, está prófugo de la justicia ya que el Ministerio Público pidió una alerta roja internacional, pero aún no ha sido ejecutada y más bien, sigue promocionándose como un exitoso hombre de negocios.
Yuri Mora, vocero del Ministerio Público, explicó a Revistazo.com que la investigación de este caso fue particularmente complicada, ya que se tuvo que solicitar asistencia jurídica internacional en Turquía, Estados Unidos y Guatemala, y por la emergencia de la pandemia la información se retrasó mucho.
Bográn y Moraes también están a las puertas de otro juicio por fraude y violación de los deberes de los funcionarios por la compra amañada de mascarillas. Según el ente fiscal, los altos directivos y otros dos empleados de Invest-H se habrían confabulado con empresarios para venderle al Estado mascarillas de uso no médico.
En primera instancia Invest-H realizó la compra directa de mascarillas por 50 millones de lempiras a la empresa G y T, donde es socio Juan José Lagos Romero, esposo de la exdiputada del Partido Nacional Waleska Zelaya. Pero las denuncias hechas por el CNA debido a la sobrevaloración de las mismas llevó a cancelar el contrato.
Compras de emergencia son garantía de corrupción
Desde el huracán Mitch en 1998, las emergencias por desastres naturales o calamidad pública como el Covid-19 o dengue, han sido la oportunidad perfecta para la corrupción. Indudablemente las instituciones públicas llamadas a atender las emergencias se enfrentan retos de capacidad técnica, pero detrás de esa realidad existe una intención de políticos, altos funcionarios y empresarios de mantener los entes estatales en un permanente estado de debilidad, a través de la politización y el clientelismo político.
En conclusión, Honduras seguirá sufriendo de escándalos de corrupción que le quita la vida y oportunidades a cientos de miles de hondureños, no porque ocurren pandemias o desastres naturales, sino porque hay políticos, burócratas y empresarios que ven la oportunidad de enriquecerse a costa de las necesidades y sufrimiento de las personas
