La injusticia social prevaleciente es una de las fuentes principales de violencia e inseguridad que se agudiza aún más con la crisis económica mundial. Ante esa situación, apremia el ordenamiento nacional e internacional para facilitar, en cada país, el bienestar progresivo de todos los sectores del pueblo y ampliar, a todos los países, el goce de los beneficios de la globalización, como garantía de paz, seguridad, libertad y de legitimidad democrática en el funcionamiento de los Estados y organizaciones internacionales.
Ese bienestar nacional e igualdad internacional de oportunidades están formalmente enunciados en compromisos contenidos en constituciones y leyes, tratados y declaraciones de cumbres bilaterales, regionales y universales; y su efectividad demanda ordenarlos y adecuarlos para la acción práctica de los Estados, con renovadas actitudes de responsabilidad social de los buenos gobernantes y buenos ciudadanos.
Sustentada en esa realidad, normatividad y ética política, se plantea necesariamente la evolución a una etapa de acciones que encaminen y dirijan derechamente toda la institucionalidad nacional e internacional y establezcan vasos comunicantes de interdependencia positiva que favorezcan el progreso social.
Evolución que, bajo el imperio del Derecho, convoca al ordenamiento de los Estados para su gestión democrática eficaz; con participación de ciudadanía activa; honesta utilización racional de los recursos nacionales; y coordinación de decisiones, acciones, obras o técnicas a fin de activar la base productiva y los ejes de crecimiento y hacer una realidad progresiva: salud, educación, trabajo, vivienda y seguridad social para todos los habitantes.
Impacto social que evidenciará el avance cierto en desarrollo humano y la justificación de su impulso ético y pragmático en las relaciones de integración y cooperación entre los Estados, y participación en las organizaciones internacionales. Meta posible de alcanzar si los Estados asumen una firme política exterior democrática y la ejecutan con una diplomacia estratégica más apegada al bienestar de todo el pueblo, poniendo en buena disposición de resultados los acuerdos internacionales alcanzados o la preparación de nuevos acuerdos con planes de acción y agendas precisas; por regla general, con identificación previa de recursos para ejecutarlos; verificación ordenada de los avances nacionales; y motivación de los sectores sociales y empresariales así como de las organizaciones internacionales para acompañar real y verdaderamente la acción pública de los Estados.
Orden, concierto y buena disposición nacional e internacional que corresponde con la vinculación de lo local con lo universal, producto de la interacción humana y la necesidad de utilizar y gestionar productiva y socialmente los bienes públicos locales, nacionales, regionales y mundiales.
En efecto, el ordenamiento nacional, y sus efectos positivos en un nuevo orden internacional, es prioridad política del Estado democrático y deber de la ciudadanía que comienza con acciones dentro de la propia familia, para promoverse en las comunidades locales y expandirse a toda la comunidad nacional, con el impulso consciente y verificable de quienes, en representación de la sociedad, dirigen o aspiran a dirigir los municipios o el Estado.
Será de buenos gobernantes, en alianza con buenos ciudadanos, guiar responsablemente a los países por esa ruta sabiendo que, más allá de voluntad política, es necesario tener capacidad de planificación y ejecución para impulsar realmente el fervor y la autoayuda del pueblo, desde las propias familias y comunidades de base, y edificar un nuevo orden nacional de justicia social.
La mayor eficacia y durabilidad del nuevo orden nacional dependerá, a su vez, de la conformación y vigencia de un nuevo orden internacional de relaciones bilaterales y multilaterales que lo complemente positivamente por medio del intercambio comercial, inversión productiva y cooperación al desarrollo, incluyendo la reforma de las organizaciones internacionales para que se abran a una mayor participación de la sociedad civil y su funcionamiento se ordene también conforme a la expectativa de vida y trabajo de los pueblos.
En Honduras, sólo podremos librarnos de las causas y efectos negativos del subdesarrollo inhumano con la voluntad y acción imprescindibles de los hondureños y hondureñas dispuestos a poner solidariamente nuestras capacidades para dar mayor contenido y eficacia a lo que bosqueja la Visión de País y Plan de Nación, y promover, acompañar y supervisar el efectivo desarrollo humano nacional, contando con gobiernos resueltos a trabajar exclusivamente por el bien común de todo el pueblo y por una más digna y confiable imagen internacional de nuestro país.
En Centroamérica nos hemos integrado con el objetivo de convertirnos en una Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo donde haya seguridad humana, bienestar y justicia económica y social para nuestros pueblos. La realidad hace patente la gran distancia que aún nos separa de ese objetivo, por ello debemos ordenarnos mejor en la coordinación y acción práctica para lograrlo.
Los centroamericanos podríamos iniciar ésta nueva etapa de democracia genuina que pondría a prueba la voluntad y capacidad de los siete Estados del istmo para responder al espíritu de justicia social de los nuevos tiempos e identificar y lograr complementaciones en el ámbito subregional e internacional que refuercen la acción nacional de desarrollo humano y permitan dar respuesta concreta a las necesidades de vida digna y productiva de nuestras poblaciones.
El éxito de esta empresa política de importancia crucial para todos está garantizado, porque el desarrollo humano es la única fuerza incontrastable y permanente de cohesión social y unidad en la acción que puede hacer factible una nueva era favorable para la seguridad humana y el progreso social de todo Estado, y el surgimiento de un innovador esquema internacional de relaciones positivas entre países en desarrollo, y entre estos y países desarrollados.
