A pesar que la Unidad de Unidad Técnica de Financiamiento, Transparencia, Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (más conocida como la “Unidad de Política Limpia-UPL”), tiene la información de todas las personas y empresas que aportan a campañas políticas, los y las votantes no pueden saber quiénes son. Esto complica saber sí el origen de los fondos proviene del narco o la corrupción .
Debido a esto, organizaciones de sociedad civil presentaron el pasado 20 de mayo un recurso de nulidad ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), para que se levante el secreto, bajo el argumento que al reservar los nombres los financistas de campaña se violenta el derecho de acceso a la información a la ciudadanía. El ente estatal tiene un plazo de diez días hábiles para resolver la petición.
“El IAIP considera que debe de ser confidencial el nombre de las personas y empresas que financian las campañas políticas, lo cual no es cierto, porque los nombres de las personas y empresas no pueden ser información confidencial”, explicó el abogado del Bufete Jurídico de los Pueblos, Edy Tábora.
La Ley de la Unidad de Política Limpia no previno que esta información fuera confidencial, pero en enero de 2018 el entonces Comisionado Coordinador de esa unidad, Kelvin Fabricio Aguirre, presentó una solicitud de reserva de esa información ante el IAIP.
En marzo de ese mismo año, el IAIP otorgó a través de la Resolución No. SO-086-2018 donde dice que “la clasificación de la información con reserva en los datos personales de toda persona natural o jurídica aportante privado a una campaña de cualquier nivel electivo y las bases de datos de la Unidad Técnica de Financiamiento, Transparencia, Fiscalización a Partidos Políticos y a Candidatos Sobre Aportes Financieros”.
Para contrarrestar esto, el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), Bufete Jurídico Justicia para los Pueblos, Abogados sin Fronteras-Canadá y la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu) y la Coalición Anticorrupción (CAC), donde organizaciones como la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) capítulo de Transparencia Internacional y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) son miembros, presentaron un recurso de nulidad para que dejar sin efecto la resolución del IAIP por ser contraria a la ley.
Según la solicitud presentada, la denegación de nombres de aportantes privados es ilegal porque vulnera acceder a información de interés público requerida para saber quién o quiénes influyen a los políticos en sus decisiones y necesaria para realizar un control social que permita asegurar que no se financian campañas con dinero del narcotráfico o la corrupción.
Hay que destacar que el IAIP falló a favor de la ciudadanía al consagrar su derecho al acceso a la información en un caso similar, declarando sin lugar una resolución emitida por el entonces Ministro de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente), José Antonio Galdámez, que intentó colocar en secretividad la otorgación de licencias ambientales cuando salían casos de corrupción vinculados a concesiones de generación de energía.
Relación financiamiento político, narcotráfico y corrupción
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe sobre Corrupción y Derechos Humanos[1] establece que una de las formas de captura del Estado es el financiamiento de los partidos políticos, y que son actores privados “quienes tienen el poder para influir en la toma de decisiones de las autoridades estatales y obtienen un beneficio de dicho poder decisorio, generando una situación de dependencia”[2].
Solo hay que revisar un poco de historia para poner en práctica el planteamiento de la CIDH. Uno de los casos más sonados de corrupción de los últimos tiempos, es el saqueo al Seguro Social donde se desviaron unos 6,300 millones de lempiras, de los cuales muchos terminaron siendo utilizados en la campaña que llevó al poder a Juan Orlando Hernández en 2014.
“Fueron 10 cheques, pero yo no tengo nada que ver con la corrupción en el seguro… mi partido me ha informado que la suma es por unos 147,783 dólares… he instado al partido a devolverlos”, admitió Hernández, ya siendo presidente, cuando se reveló que habían utilizado dinero proveniente de la corrupción para financiar su campaña.
Aunque, el entonces diputado nacionalista Tomás Zambrano reconoció que su partido recibió más de cinco mil aportaciones en forma de cheques de empresas relacionadas al desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social.
Durante la presencia de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), se presentaron varias acusaciones por desvió de fondos a campañas políticas, pero el caso que más destaca es el Caso Pandora.
“Se desviaron 282 millones de lempiras de la Secretaría de Ganadería y Agricultura (SAG), dinero que estaba destinado a proyectos de reducción de la pobreza y desarrollo agrícola, pero que se desviaron y sirvieron para financiar la campaña política de Juan Orlando Hernández en el año 2013, para financiar la Tarjeta Cachureca, entrega de fondos a coordinadores de campaña del Partido Nacional y el pago de un préstamo del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), cercano a los 100 millones de lempiras, entre otros”, destaca el Cespad en su informe “El Caso Pandora”.
También se ha revelado financiamiento del narcotráfico a los partidos Nacional y Liberal en la Corte Federal de Nueva York en diversos juicios, siendo el caso más sobresaliente el de Juan Antonio Hernández, exdiputado y hermano del presidente Juan Orlando.
En la primera audiencia del juicio, el fiscal Jason Richman afirmó Tony habría recibido en persona del Chapo un soborno de un millón de dólares para la campaña presidencial de su hermano. Tony fue condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión.
Hasta la fecha, por la falta de acceso a la información, ningún ciudadano u organización civil ha podido conocer quién y con qué fin financia campañas en Honduras, lo que es una desnaturalización de la misión y objetivos de la Unidad de Política Limpia.
La credibilidad del IAIP está en juego
El IAIP tiene la oportunidad de hacer prevalecer el Estado de Derecho o plegarse a los intereses oscuros de algunos políticos. En estos momentos en donde la Comunidad Internacional tiene los ojos puestos en las acciones para contrarrestar la corrupción junto con socios estatales hondureños, los comisionados y comisionada del IAIP tienen la chance de obtener credibilidad institucional, generar confianza ciudadana y mostrar su independencia. Es de recordar que por muchos años el IAIP lleva sufriendo limitaciones presupuestarias que no le han permitido expandir su radio de cobertura. Veremos sí cooperantes estarán dispuestos a apoyar una institución que no hace prevalecer la ley y los derechos humanos.
Presupuesto anual del IAIP (2011 al 2019)
Fuente: Elaboración propia en base a consolidado Presupuesto General de la República (2011-2019).
