El jefe del RNA aseguró que esto se debía a los retrasos en los reportes de San Pedro Sula, la otra oficina donde se pueden registrar las armas. La realidad es que la base de datos no es una medida confiable. El sistema ha tenido un gran número de tropiezos desde que inició en 2004, lo que incluye una disputa con un contratista privado, que resultó en que el RNA dejara de registrar armas de fuego durante un año.
Otros problemas incluyeron fallas en el registro de las huellas balísticas, lo cual les costó cerca de ocho años de recolección de muestras. En la época en que se realizó esta investigación, la policía había dejado vencer la licencia del sofisticado software que se usa para administrar estas muestras de balas —conocido como Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS por sus iniciales en inglés)—. Esto implica que muchas veces no pudieron acceder a la base de datos centralizada y cargar las nuevas imágenes microscópicas que capturaban. No sabemos si han renovado la licencia, pues no respondieron a nuestra solicitud de información.
Sin embargo, si la información proporcionada por el Ministerio de Seguridad es correcta, y ahora hay 325.000 armas registradas dentro de la amnistía, esto indicaría un incremento de las armas de fuego registradas desde los informes de hace pocos años. En 2013, el Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) informó que había alrededor de 250.000 armas de fuego no registradas. Pero en 2014, una comisión del Congreso informó que había unas 400.000 armas registradas legalmente.
Tratar de establecer el número de armas sin registrar es aún más difícil. Small Arms Survey ha calculado que en el país hay cerca de 420.000 armas sin registrar en circulación. La UNAH estimó en 2013 que en el país había en circulación unas 650.000 armas sin registro. El Congreso ha dicho que son más de 700.000. La Tribuna ha afirmado que son 1,2 millones. Y la Armería —el organismo militar que es el único ente legal con licencia para importar y vender armas y municiones en Honduras— ha señalado que en el país hay más de un millón de armas, y que solo una pequeña parte ha sido vendida por ellos.
La magnitud del mercado ilegal se ha hecho evidente en las diferentes amnistías de armamento en el país. Las amnistías animan a las personas a presentarse a registrar armas que no tienen comprobante de la Armería o un comprobante de registro del RNA. Según un reportaje realizado por Proceso y publicado en agosto de 2014, la oficina de control de armas de la policía informaba que se habían presentado cientos de personas para registrar sus armas. Más del 50 por ciento —o unas 240.000 armas de fuego— no tenían comprobante o habían sido ilegales, señaló el reportaje. El jefe del RNA dijo a InSight Crime y a ASJ que esta tendencia se mantiene, y que la policía estaba registrando de 60 a 80 pistolas diariamente solo en Tegucigalpa.
Deficiencias en los sistemas regulatorios
Es difícil llegar a dimensionar el número de armas de fuego que circulan en Honduras por muchas razones. Para empezar, no existe una base de datos centralizada que haga seguimiento de las armas que ingresan al país, de las suministradas por las fuerzas de seguridad, las incautadas, las que reposan en los arsenales del ejército, las registradas a civiles y personal militar, o las que se venden al público. Las diferentes entidades que siguen el movimiento de armas incluyen las Fuerzas Armadas, la Armería, la Policía (incautaciones en escenas de crímenes y el RNA), aduanas y seguridad aeroportuaria (en puntos de ingreso), y el Ministerio de Finanzas (para los impuestos). Pero no hay buena coordinación o comunicación entre ellos, y parece que los problemas de confianza entre las diferentes instituciones, la falta de profesionalismo y las acusaciones de corrupción entorpecen la labor de consolidar la información.
En cierta medida, el problema comienza con el confuso marco legal. Aunque hay una jerarquía en términos de control y distribución, existen contradicciones entre las normas y los poderes constitucionales conferidos a las autoridades designadas. Entretanto, otras autoridades se aprovechan de los vacíos legales en el sistema para hacer lo que les place o sencillamente para ignorar por completo las leyes.
Según la Constitución de Honduras, el Ministerio de Defensa controla la manufactura, venta, distribución y exportación de todo tipo de armas. El Ejército también controla el almacenamiento, transporte y todos los requerimientos de compra. Esas ventas se gestionan por medio de la Armería, que forma parte del Instituto de Provisión Militar (IPM). Técnicamente, el IPM es independiente de las fuerzas armadas, pero la realidad es que está bajo el control de facto de los militares. El Ministerio de Defensa también tiene jurisdicción sobre los explosivos.
Por su parte, la policía y específicamente la Dirección Nacional de Policía Preventiva (DNPP), está a cargo de la implementación de las leyes que regulan la tenencia y el porte de armas de fuego. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) controla el Registro Nacional de Armas (RNA), que es responsable del registro de todas las armas en Honduras.
La ley estipula que los civiles pueden poseer hasta cinco armas de fuego al tiempo, y que pueden solicitar una licencia (con una vigencia de cuatro años) para el porte de las siguientes armas:
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Armas cortas (revólveres o pistolas) con calibres hasta 0,45 pulgadas u 11 mm. |
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Rifles y carabinas semiautomáticos y mecánicos con calibres hasta de 0,308 pulgadas. |
| Escopetas semiautomáticas o mecánicas con calibres de 10 mm, 12 mm, 16 mm o 20 mm; calibre de 0,410 pulgadas, siempre que el cañón no tenga menos de 46 cm o 18 pulgadas de largo. |
Sin embargo, las leyes de tenencia dejan vacíos para irregularidades y abusos. La ley de armas de fuego, por ejemplo, no tiene una definición de arma de fuego, munición o receptores; y la ley clasifica los explosivos en términos de su acción y de su uso, en lugar de clasificarlos por tipo. Tampoco existen normas relacionadas con la compra y posesión de municiones. Aunque técnicamente la Armería es el único distribuidor autorizado de armas y municiones. Nuestros investigadores hallaron municiones a la venta en tiendas por departamentos y armas en casas de empeños del país.
Los negocios aprovechan estos vacíos legales en varias formas. Por ejemplo, un investigador de InSight Crime y ASJ halló en una tienda que los hondureños pueden comprar legalmente un armazón que convierte un revólver en un arma automática, prohibido por la ley. El armazón cuesta alrededor de US$950 (21.100 lempiras). Al parecer son muy populares: el dependiente de la tienda dijo que había recibido seis en las dos semanas anteriores a nuestra visita y ya había vendido cinco de esos.
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foto Un armazón que convierte pistolas en armas automáticas. (Fotografía: Steven Dudley) |
La ley no especifica el tiempo que tienen los civiles luego de la compra para registrar sus armas en el RNA, pero el limitado número de oficinas del RNA —desde comienzos de la década de 2000, ha pasado de siete a dos oficinas (en Tegucigalpa y San Pedro Sula)— ha dificultado el mantenerse a la par de la demanda, en especial en los periodos de amnistía. Hay planes de apertura de tres oficinas más, comentan los funcionarios, sin especificar dónde se abrirían estas. La policía solo registra armas con cita previa. Cuando InSight Crime y ASJ los visitaron en mayo de 2015, la policía declaró que la primera cita para asignar era en septiembre. En una visita posterior en 2017, la oficina dijo que el tiempo de espera era inferior a un mes.
El proceso de amnistía es costoso, demanda muchos recursos y es lento. Incluye lo siguiente: ingreso de información personal a la base de datos; consulta de antecedentes penales, toma de huellas dactilares, toma de fotografía de la persona, toma de fotografía del arma, disparo de cuatro balas en un tanque de agua para registrar la huella balística del arma, diligenciamiento e impresión de una identificación para el arma que, además de la fotografía y la información personal del portador, lleva un chip electrónico y una foto del arma. Más aún, los dueños deben tener una identificación por arma, según comentó el jefe del RNA a InSight Crime y ASJ.
Pero esa es solo una etapa. Esta información se consigna posteriormente en carpetas de manila dentro de cajas de cartón, donde comienza la segunda parte del proceso: el ingreso de la huella balística en la base de datos digital IBIS. Esta generalmente es usada como una manera de identificar las armas que han sido utilizadas en múltiples escenas del crimen, entre otras técnicas de investigación. En este caso, sin embargo, es el principal sistema de registro de huellas balísticas del país. Este es un proceso increíblemente lento, dispendioso y demandante de recursos. Y a la fecha, pese a que el RNA aseguraba que el gobierno tenía las huellas balísticas de casi todas las armas en el registro, la realidad es que el gobierno en 2015, cuando hicimos nuestras visitas los funcionarios, solo habían ingresado unas 25.000 huellas balísticas en el registro, o casi una por cada 20 que tiene registradas en la primera etapa del proceso. Un informe sobre armas pequeñas en Honduras, publicado en 2011 por la Oficina de Estados Unidos para Alcohol, Tabaco, Armas de fuego y Explosivos (ATF por sus iniciales en inglés), al cual tuvieron acceso InSight Crime, y ASJ, señala que esto equivale a un retraso de ocho a diez años en la digitalización de estos registros.
Para confundir aún más las cosas, el Ministerio Público tiene su propia base de datos IBIS, la cual está habilitada desde junio de 2013, y contiene las huellas balísticas de las armas y municiones decomisadas o halladas en escenas de crímenes. Los fiscales pueden cruzar esos datos con los de la IBIS de la policía, y la unidad de balística del Ministerio Público afirmó, a mediados de mayo de 2015, que tenía cerca de 230 coincidencias. En teoría, la unidad de balística debe haber podido usar los datos que la policía ingresaba en su IBIS desde 2010, para cruzarlos con muchos más casos. Sin embargo, el jefe de la unidad de balística señaló que los datos de escenas de crímenes ingresados a la IBIS por la policía tenían un manejo insuficiente o erróneo, lo que los hacía inutilizables en la mayoría de los casos.
‘Disonancia’ en las leyes
El estudio de la ATF encontró que la ley y la constitución se contradicen de manera significativa sobre quién debe regular la ventas y posesión de armas y explosivos, y sobre la manera como estos procesos deberían ser regulados. En términos más amplios, la regulación de explosivos se divide entre los ministerios de Seguridad y Defensa. Y en ciertas circunstancias, también se requiere que las autoridades aduaneras y tributarias asuman funciones en cuanto a cómo ejecutar y regular la ley, y en cuanto al cobro de impuestos, si bien estos papeles no siempre son claros. El estudio de la ATF describió estas contradicciones como una “disonancia”.
“Se observó una notoria disonancia entre las actividades constitucionales, estatutorias y operativas de los varios entes [es decir, las instituciones militar y de seguridad pública] involucradas en la vigilancia regulatoria relacionadas con el comercio de armas de fuego, explosivos y municiones, donde los requerimientos constitucionales y estatutorios o entran en conflicto entre sí, o no están sincronizados con el estado real de las cosas en la parte operativa”, anota el informe.
Vale la pena señalar cómo esta disonancia se materializa en la práctica. Técnicamente, por ejemplo, se supone que la Armería hace una prueba de balística para cada una de las armas que importa antes de venderlas. Pero los centros de pruebas de balística están en manos de la policía, y la Armería simplemente dice que no someterá sus armas a ese proceso arduo y dispendioso, lo que de hecho es pasar por encima de las leyes.
La relación antagónica de la Armería con la policía se manifiesta también de otras maneras. Por ejemplo, la Armería dice que pese a ello registra las armas que ingresan al país, además de recoger otra información personal de quienes adquieren las armas, lo que según dicen no es exigido por la ley. Pero, según un representante de la institución, esta información no es compartida con la policía ni con otras autoridades a menos que lo soliciten de manera expresa. Peor aún, como lo veremos en otras secciones, la Armería no suministra información a la policía sobre ventas a civiles, al ejército o a firmas de seguridad privada. Depende de la voluntad de cada comprador brindar esta información a la policía.
Otros elementos de esta disonancia parecen debidos a falta de atención a los detalles y podrían remediarse fácilmente mediante reformas a la ley. No hay, por ejemplo, ningún requerimiento de edad estipulado para dueños de armas (aunque la edad que se reconoce de facto es 21 años o más). Y no hay información sobre qué entidad del gobierno mantiene los registros de seguros, registros de armas de fuego particulares, o denuncias de robos de armas. En relación con las transacciones particulares, no hay criterios establecidos que definan quién puede adquirir un arma. Por ejemplo, la ley no exige que quienes hagan una venta privada pregunten por los antecedentes penales del comprador, aunque la Armería dice que lo hace sin que la ley se lo exija.
Además, los costos de posesión de un arma ilegal se ven “mitigados” con sanciones mínimas, señala el informe de la ATF —en su mayoría multas que van de una a diez veces el salario mensual más alto en el lugar donde se incautó el arma o las armas. Quienes fabriquen, importen, exporte, vendan, usen o trafiquen ilegalmente armas de fuego, explosivos y municiones pueden recibir penas de entre ocho y diez años, y quienes hagan lo mismo con armas comerciales pueden recibir entre dos y cinco años. Pero a quienes se captura traficando armas rara vez enfrentan penas duras.
“Los arrestos por delitos de tráfico de armas de fuego o simple posesión rara vez reciben penas de cárcel… solo multas”, señala la ATF.
Además, hasta hace poco, había poco entendimiento de los requerimientos legales para importar armas a Honduras. Los agentes de aduanas de manera rutinaria permitían el paso de armas por puertos y aeropuertos, según informaron numerosos agentes y expertos a InSight Crime y ASJ, por lo general siempre que el portador prometiera registrar el arma con el RNA. Y en forma rutinaria la Armería ignoraba las normas estadounidenses e internacionales en relación con las importaciones de armas. Según un cable del Departamento de Estado de Estados Unidos en 2003, la Armería “sigue mostrando dificultades para cumplir la directriz del Departamento de Estado en lo que respecta a la importación de armas de fuego comerciales”, en especial en lo que respecta a los “contratos de venta o las órdenes de compra”.
Más aún, los controles fronterizos y de aduanas cuentan con pocas de las herramientas necesarias para detectar estas armas, pocos incentivos para hacerlo y son objeto de sobornos y otras formas de corrupción. En 2010, solo había una máquina de rayos X entre los 17 puertos de ingreso, según la ATF (esta situación ha mejorado, como se señala más adelante). El personal de 600 agentes asignados a estos puertos no hacía inspecciones activas en busca de armas de fuego de contrabando. Los resultados se evidenciaron en las estadísticas: en 2009, los funcionarios hondureños declararon a la ATF que se habían incautado entre seis y nueve armas en todo el año, y esas se incautaron por “accidente, cuando buscaban en contenedores que se creía llevaban mercancías falsificadas [es decir, mercancía nueva que se declaraba como usada o con distinto código de aduanas]”.
Los onerosos requerimientos exigidos para adquirir y registrar un arma también hacen más atractivas las transacciones por debajo de la mesa, en especial dada la amplia oferta de armas sin registro y el bajo riesgo de ser penalizado por posesión de armas. El dueño de un restaurante, que buscaba un arma para el mayordomo de la hacienda de su familia, dijo a InSight Crime y ASJ que tendría que haber creado una firma de seguridad privada sin ánimo de lucro para hacer esto. Eso implicaría gran cantidad de papeleo. Al final, dijo que era demasiado lío, y que simplemente iría al mercado negro.
Tipo, calibre y marca de las armas en Honduras
Las estadísticas del gobierno hondureño no informan sobre el origen de las armas decomisadas, pero una muestra considerable de las estadísticas de decomisos que suministraron a InSight Crime y ASJ diferentes funcionarios de gobierno, ilustra tendencias similares a lo largo de un periodo prolongado en cuanto a tipos de armas, calibre y marca.
El arma más común en Honduras es el arma de fuego corta. Los funcionarios hondureños señalan dos tipos: “pistola” y “revólver”. De las 2.912 armas registradas en la base de datos de escenas de crímenes IBIS, de la unidad de balística, a febrero de 2015, 2.352 eran pistolas o revólveres, lo que constituye hasta 81 por ciento del total. El calibre de estas armas también es consistente en el tiempo. De esas 2.352 armas, 1.001 eran de 9 mm, y 634 eran de calibre 0,38. El fabricante varía bastante. Entre las de 9 mm, las más populares son la Beretta, Taurus, Smith & Wesson y Glock; “Czechoslovakia” —presumiblemente en referencia a la firma checa Ceska zbrojovka— también está bien representada en los registros. Sobre las armas de calibre 0,38, más de la mitad de las ingresadas a la base de datos eran Smith & Wesson. La firma filipina Armscor también tiene una buena representación. Sin embargo, los tamaños de las muestras de todas estas marcas son muy pequeños para extraer conclusiones generales.
La base de datos IBIS tenía 321 armas largas, que representan 11 por ciento del total. Más de la mitad de ellas eran de calibres 5,56 mm o 7,62 mm. Estas incluían AK-47, AR-15, M16 y Galil. El resto eran variadas, como las escopetas de calibre 12. Las marcas más populares para los AK-47 fueron de marcas “rusas” y “chinas”. La marca más común para las armas de calibre de 5,56 mm era Colt. Estas armas largas eran técnicamente ilegales y cabe suponer que estaban registradas por firmas de seguridad privada. (Ver sección titulada, “Las empresas de seguridad privada”, más adelante)
Una base de datos de la policía consultada por InSight Crime muestra tendencias similares. De las 7.853 armas de fuego decomisadas por la policía entre 1996 y 2010, 7.143 —91 por ciento del total— eran pistolas o revólveres. De estas, 1.003 eran de calibre 9 mm, y 2.926 eran de calibre 0,38. La base de datos de la policía tenía 710 armas largas, que representan el 9 por ciento del total. De estas, solo 53 eran de 2,23 mm, 5,56 mm o de 7,62 mm, es decir, los calibres usados en los AK-47, AR-15 y M16. Los fabricantes de estas armas variaban bastante y no estaban bien clasificados, por lo que tratar de establecer su origen sería un ejercicio infructuoso.
