Nuestra búsqueda del desarrollo es infructuosa porque seguimos vías equivocadas o ilusorias, cuando el camino verdadero es el que vincula la riqueza proveniente de los recursos naturales con el propósito o fin de nuestra organización estatal. Ya, desde 1825, el Sabio centroamericano José Cecilio del Valle nos recuerda, a todas las generaciones, lo siguiente: “El Gobierno que trabaja incesantemente en la conservación de la paz y la tranquilidad general de los pueblos, se ocupa con igual celo de su riqueza y prosperidad. Mira lo uno como calidad necesaria para gozar los bienes de la asociación política, ve en lo otro el objetivo final de esta misma asociación”.
Los recursos naturales son patrimonio del pueblo y, en consecuencia, los actos y contratos para su extracción y utilización deben ser transparentes; su exploración y explotación requieren ser racionales y ambientalmente sostenibles; y su producción aplicada a generar crecimiento económico inclusivo y bienestar nacional. Hacer o permitir lo contrario es mantener o facilitar corrupción, inestabilidad económica, conflictos sociales y daños ambientales y ecológicos, con grave perjuicio del mismo soberano de esos recursos.
Como se reafirma en la Visión de País y Plan de Nación para Honduras: “La conflictividad social alrededor del aprovechamiento, la protección y la conservación de los recursos naturales se ha acentuado durante la última década, siendo especialmente evidente en el sector hidro – energético, el sector forestal y la minería”. ”El uso de malas prácticas en el aprovechamiento de los recursos naturales del país, los enfoques de aprovechamiento con visión eminentemente extractiva, las deficiencias en los procesos de licenciamiento, supervisión y auditoría ambiental, así como la limitada participación social y comunitaria, hacen que el patrimonio natural del país vea limitada sus posibilidades de servicio al desarrollo económico y social y que se propicie, cada vez con mayor celeridad, un proceso de pérdida progresiva de calidad y valor que debe ser revertida”. Por lo que necesitamos apremiantemente valorizar nuestro patrimonio natural con el objetivo de: “Lograr un aumento significativo de la aportación económica y social de los recursos naturales a la reducción de la pobreza, el desarrollo humano y la generación de prosperidad para la sociedad hondureña”.
Se está promoviendo cada vez más las energías renovables, el resurgimiento de actividades mineras y el comienzo de la exploración que, en los años por venir, a nuestro juicio, será reveladora de la existencia de petróleo y gas en cantidad y calidad apropiadas para iniciar su producción comercial. Si actuamos con sabiduría, podremos así construir la plataforma de nuestro bienestar y progreso futuro.
Por ello, el Estado de Honduras debe ser previsor y, desde ahora, asegurar estratégicamente la buena gobernanza de esos recursos, con énfasis en aquellos cuya disponibilidad se reduce con la explotación, para que, en armonía con la naturaleza, se promueva y mantenga altos niveles de inversión; genere empleos vinculados con la industria extractiva y otros de importancia para el futuro de las comunidades; así como oportunidades de incorporar valor agregado nacional, fomentar la energía renovable y diversificar fuentes de trabajo e ingreso que sustenten el desarrollo local y nacional.
Hacer lo que se debe hacer en esa dirección implica, en consecuencia, el concurso activo, concertado y efectivo de buena gobernanza de los recursos, transparencia, inversión productiva, seguridad social, ambiental y jurídica y rendición de cuentas, con el fin de tener impacto positivo en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y desarrollo humano. Sinergia y efectividad que legitiman a todo Gobierno para tomar decisiones sobre la exploración y explotación de los recursos naturales con la determinación clara de avanzar sostenidamente hacia el objetivo constitucional de fortalecer y perpetuar el Estado de Derecho que asegure a los habitantes el respeto de su dignidad y bienestar económico y social.
Es así interés del pueblo soberano que esa interrelación esté presente en todos y cada uno de los eslabones de la cadena de valor, desde la toma de decisión de realizar actividades extractivas en un marco ambientalmente sostenible, pasando por la negociación y conclusión de contratos o concesiones, la supervisión de la producción y de los pagos e ingresos provenientes de esas actividades, hasta la utilización de los mismos para promover el crecimiento económico inclusivo y el desarrollo nacional sostenible.
Es ineludible mirar con ojos nuevos, descubrir y seguir esa ruta cierta que, para gobernantes y gobernados, es imperativa dado que conduce a atender la necesidades y dignidad de la población que es eje del desarrollo y fin o propósito de nuestro Estado de Derecho.
Hay que innovar y cambiar para poner fin a las malas prácticas y contraproducentes enfoques del pasado en la gestión de los recursos naturales y facilitar la buena gobernanza con la combinación de las potencialidades y cooperación solidaria de los diversos sectores del Estado y un mayor y activo esfuerzo de control ciudadano, reafirmando también, por este medio, la vigencia efectiva del Estado democrático de Derecho en Honduras.
La constitucionalidad, legitimidad y el fundamento socio – económico de esa verdad requieren impostergablemente de decisiones y políticas de Estado que retomen dicha ruta y que guíen realmente su implementación efectiva, mediante el impulso sostenido del Gobierno, Sector Privado y Sociedad Civil en asociación tripartita para el desarrollo de Honduras, con el apoyo complementario de la cooperación internacional.
