El policía Santos Arnulfo Padilla se entregó la noche del 25 de octubre a las autoridades.
El hombre enfrenta cargos ante la justicia hondureña de participar en el asesinato del hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma, Julieta Castellano, y de otro estudiante.
Castellanos confirmó el hecho a Revistazo.
Informó que Padilla se llegó voluntariamente al Comisionado Nacional de Derechos Huamanos en una localidad del departamento de El Paraíso, que de inmediató lo puso bajo la custodia policial de Tegucigalpa.
Padilla estuvo prófugo por un año.
Para localizarlo, se contrató a investigadores privados porque el joven se refugió en localidades situadas a lo largo de la fronteza de Honduras con Nicaragua, donde laboró con frecuencia en las fincas de café de la zona.
La fiscalía encausó en el 2011 a Padilla en el caso de la muerte de los universitarios Rafael Alejandro Vargas, hijo de Castellanos, y de su amigo Carlos David Pineda.
En ese crímen habrían participado también cuatro policías identificados, entre ellos Wilfredo Figueroa Velásquez y Carlos Geovany Galeas Cruz, a los cuales Castellano instó a entregarse. El tercero, José Rubén Pozo López, está en la cárcel.
El grupo policial detuvo a los dos muchachos en una gasolinera de la capital y por motivos aún ignorados los trasladó a un lugar solitario para matarlos. Sus cuerpos fueron descubiertos después en lo profundo de un abismo.
Ese triste episodio de la historia de Honduras provocó una intensa actitud de repudio de la sociedad hondureña, que obligó al gobierno del presidente Porfirio Lobo a iniciar un lento proceso que tiende a eliminar la corrupción y la impunidad en la policía, los jueces y los fiscales para consolidad un sistema verdadero de justicia en Honduras.