Por denunciar la corrupción en la dirección departamental de Educación de Copán, una maestra fue separada de su cargo el 3 de agosto por el Sindicato Profesional de Docentes Hondureños (Sinprodoh).
Dilsia Cantarero denunció en mayo pasado a Revistazo que el director departamental, Elvin Díaz, administraba de manera irregular las plazas de docentes a su cargo.
Por eso, ahora la expulsaron como secretaria de la Junta de Selección por decisión del presidente del Sinprodoh, Bertín Alfaro.
La docente se había convertido en la piedra en el zapato de la dirección departamental.
Alfaro designó en vez de ella a Gilma Esperanza Ardón, una educadora que también ha sido denunciada por gozar ilegalmente de una licencia con goce de sueldo, según dijo a Revistazo Lorenzo Sánchez, quien ha sido vicepresidente y secretario del Sinprodoh.
Para Alfaro, Ardón, sin ser parte de la Junta Central, es beneficiada con una licencia con goce de sueldo, lo que aprovecha para ejercer labores administrativas del sindicato.
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Gilma Esperanza Ardón |
La denuncia de Sánchez ha puesto al descubierto una vez más la corrupción institucionalizado en la Secretaría de Educación.
En una nota publicada por Revistazo el 8 de mayo, titulada como “Podredumbre en la Dirección Departamental de Educación de Copán”, Cantarero documentó al menos cinco casos de corrupción en el nombramiento de maestros de diferentes centros educativos de Copán.
Sus denuncias causaron malestar en sus jefes y la Junta Central del Sinprodoh y ellos emprendieron acciones de represalia en su contra al dejarla fuera del sistema.
Díaz ha acusado en los tribunales a Cantarero por difamación, mientras el Sinprodoh la hostigó hasta lograr su destitución, evidenciando así la falta de transparencia en las tareas de esa organización y la colusión que existe con la corrupción que campea en Honduras.
Sin embargo, las denuncias reveladas por Cantarero en Revistazo son investigadas por Transparencia Internacional, organismo no gubernamental que combate la corrupción en el mundo, y que en Honduras es representada por el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción.
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