20 Millones de lempiras asignados para una carretera que sigue sin construirse en una comunidad de Valle; 3 millones de lempiras más, destinados a una estación de autobuses en El Paraíso que sigue revestida de polvo y olvido; otros 15 millones destinados para la compra de un terreno para el funcionamiento de un relleno sanitario, que se asevera, están en un banco. ¡Todos son fondos emitidos, vía subsidios, desde el año 2006 para los diputados del Congreso Nacional!, pero, ¿quién podría auditar el manejo de un dinero que tres años después no ha sido ejecutado?, ¿por qué no se investiga y si el caso lo amerita, se deduce responsabilidades?
Los anteriores son hallazgos de algunas investigaciones que en diversas comunidades del país, realizó Revistazo.com, en aras de continuar siendo el medio de comunicación comprometido con la búsqueda de la equidad y la justicia, develando la corrupción para coadyuvar a forjar procesos de transparencia y de rendición de cuentas.
Las investigaciones dejan al descubierto las diversas falencias que persisten en la entrega de subsidios a las y los diputados, así como la confabulación de las autoridades encargadas de auditar y velar por el buen uso del erario del pueblo.
El equipo periodístico de este medio digital se desplazó a los departamentos de Valle, El Paraíso, Cortés y Yoro, para corroborar si los cheques que se emitieron desde el Congreso Nacional, fueron o no invertidos en el proyecto para el cual fueron gestionados.
Los hallazgos son alarmantes y evidencian una práctica sucia, a la cual hay que ponerle fin, sin embargo, al hacer un análisis de la emisión del dinero que bajo los conceptos de Fondo discrecional y Subsidios del Fondo departamental, surgen varias preguntas que urgen una respuesta por parte de las autoridades.
¿Por qué se brindan subsidios a las y los diputados?… ¿por qué duplicar esfuerzos?
El Estado cuenta con entes centralizados, desconcentrados, semi-autónomos y autónomos, como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados –SANAA- y la Empresa Nacional del Telecomunicaciones –HONDUTEL-; cada dependencia cuenta con expertos en construcción y mantenimiento de los diversos proyectos públicos que ejecutan los gobiernos.
El Estado a través del Poder Ejecutivo y sus entidades, debería ser el que conjuntamente, con las municipalidades y patronatos comunales, priorice y ejecute las obras sociales en las comunidades que, tanto en la zona urbana como rural, carecen de servicios básicos.
Para el pago de sueldos del personal de los entes mencionados se erogan millonarias cantidades de dinero, más la partida que se destina del presupuesto nacional de ingresos y egresos, para su funcionamiento y la ejecución de obras para la población.
Entonces, ¿por qué las y los diputados, de forma paralela, gestionan apoyo para las obras que el Estado a través de sus entidades está obligado a desarrollar?
¡Congreso Nacional sin potestad de ejecutar obras!
Más de mil millones de lempiras en concepto de subsidios, que supuestamente se invirtieron en obras sociales, manejaron los diputados del Congreso Nacional en los últimos tres años.
Los datos surgen del Informe de producción Legislativa y Manejo de Fondos de Recursos Públicos, que realizó la Fundación Democracia sin Fronteras (enero 2008-enero 2009).
El poder del Estado de Honduras que tiene potestad para gestionar y ejecutar obras sociales es el Ejecutivo. La propia Constitución de la República, establece en el artículo 205, las atribuciones de las y los diputados del Congreso Nacional; ninguno de los 17 enunciados les confiere potestad de gestionar y/o ejecutar obras sociales.
Los subsidios y el trampolín para una reelección
Para las y los congresistas la utilización del dinero que les provee el Congreso, es una herramienta perfecta para vender su imagen y agenciarse una reelección, pero ¿ésta es la forma mediante la cual, se pueden ganar adeptos?
La promulgación de anteproyectos de leyes que ataquen la desigualdad social y el desarrollo de los sectores más desfavorecidos, debería ser la puerta para una reelección, !no la entrega de dinero sin planificación o establecimiento de prioridades, en su ejecución!.
Hay que aclarar que una vez que el dinero sale del Congresol, mediante cheques emitidos a personas particulares, organizaciones no gubernamentales, patronatos comunales, municipalidades, entre otros, nadie, absolutamente nadie, da seguimiento al proceso de entrega, ejecución y fiscalización de ese dinero.
Cabe mencionar que, aunque los cheques se emiten a nombre de los grupos beneficiarios, estos pueden ser retirados por las y los diputados.
En todo ese proceso se pueden llevar a cabo las prácticas sistemáticas y endémicas que han privado en Honduras del desarrollo y que han acelerado la decadencia social de la población.
Los subsidios y el padrinazgo de empresas
Previo a entregarse el dinero, la mayor parte de los proyectos ya van con “nombre y apellido”, es decir, el diputado o diputada, con anticipación, ya dispuso entregar, por ejemplo, el proyecto de electrificación o de construcción de una obra (los más comunes) a empresas que no se sometieron a un proceso de licitación antes de la adjudicación del trabajo.
Es aquí donde se puede dar uno de los tantos espacios para la aparición de la “corrupción”, figura a la que al referirnos de forma metafórica, deambula como una gran señora en medio de riquezas, acompañada de su inseparable amiga, la impunidad.
En la emisión y ejecución de los subsidios del Congreso Nacional, no participan entidades fiscalizadoras que documenten y registren cada lempira utilizado en la realización de la obra.
Valedero es mencionar que en la mayor parte de los casos, las y los congresista hacen entregas de pequeños porcentajes del dinero requerido para el proyecto en un pueblo. Lo ideal sería que con los millones que manejan, destinen el suficiente recurso para finalizarla y evitar que el dinero se destine a otro objetivo o a la “bolsa” de alguien.
¡Apremian cambios en el reglamento interno!
El reglamento interno del Congreso Nacional cuenta con capítulos que establecen disposiciones generales, información acerca de la directiva, sesiones preparatorias, de la instalación del Congreso Nacional e información que rige el accionar del presidente, los vice presidentes, secretarios, prosecretarios, diputados (os).
Asimismo de las mociones y anteproyectos, de las sanciones a las y los congresistas, de las comisiones, votaciones, personal auxiliar, archivo y biblioteca.
Es obvio que carece de un apartado que establezca la prohibición a la reelección de las «madres y padres de la patria» cuyo rendimiento, debidamente documentado, haya sido mediocre.
Debería contemplar además, la regulación en la entrega de los subsidios, así como la obligatoriedad de rendir cuentas por parte de las y los diputados y los sectores a los que se benefició con el fondo.
Otros sectores consideran, que incluso, la figura de los subsidios debería desaparecer del Congreso Nacional.
A continuación, se enlistan de forma puntual, los aspectos descritos más otros que deberían tomarse en cuenta para mejorar el manejo de dinero del pueblo, en ese poder del Estado:
Al Congreso Nacional se le recomienda:
- Erradicar la práctica de la entrega de subsidios entre las y los diputados
- De continuarse con esta práctica irregular, se deberá modificar el reglamento interno con el fin de normar la distribución y el uso del presupuesto de los subsidios y del Fondo Social de Planificación Departamental.
- Mediante una comisión conformada por diputados (as) y representantes de la sociedad civil organizada, supervisar y auditar el uso del dinero y la ejecución de obras.
Al Tribunal Superior de Cuentas
- Realizar de forma sistemática, la supervisión del presupuesto que maneja el Poder Legislativo.
- Auditar el manejo del presupuesto del Fondo Social de Planificación Departamental y el dinero por concepto de subsidios que reciben las y los congresistas, a fin de que se destine y ejecute el dinero en las obras para el cual se estableció.
