Nota editorial: Aunque en septiembre de 2024 el Gobierno de Honduras anunció la cancelación del proyecto, la discusión continúa siendo relevante. En primer lugar, la licencia ambiental del proyecto sigue vigente y, pese a que se solicitó una copia mediante el requerimiento de acceso a la información pública N.º SOL-SERNA-103-2025, no fue posible obtenerla bajo el argumento de que “el Instituto Nacional Penitenciario (INP) mantiene una solicitud de reserva de información sobre el proyecto de la Cárcel de Máxima Seguridad en Islas del Cisne”. En segundo lugar, el Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2025 contempla una asignación de 1,800 millones de lempiras para su ejecución. El presente artículo se fundamenta en el caso de estudio “Construcción de cárcel de máxima seguridad en Islas del Cisne: ¿solución o problema?”, elaborado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), que examina de manera integral las implicaciones ambientales, económicas y sociales de dicha iniciativa.
En diciembre de 2023, la presidenta hondureña Xiomara Castro, quien ostentaba entonces la presidencia pro tempore de la Coalición de Países de Bosques Tropicales en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en 2023 en Dubái, pronunció ante líderes mundiales un discurso en el que condenó la explotación indiscriminada de recursos naturales y la amenaza que esta representa para los bosques tropicales y pueblos originarios.
Sin embargo, seis meses antes, el Gobierno había aprobado -a través del Consejo de ministros- un proyecto para la construcción de una nueva mega cárcel en Islas del Cisne, ubicada en el Caribe hondureño, para albergar a aproximadamente dos mil reclusos de alto riesgo, con una inversión estimada de 80 millones de dólares (unos 1,800 millones de lempiras).
Esta iniciativa sin precedentes, en el único parque oceánico declarado como protegido en Honduras, desató un fuerte debate tanto a nivel nacional como internacional. El proyecto generó preocupación al representar una amenaza directa a uno de los ecosistemas marinos más valiosos del Gran Caribe en Honduras. Este archipiélago es parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM), por lo que la construcción de una mega cárcel sólo podría tener como resultado un impacto irreversible en la vida silvestre.
Mientras el proyecto se mantuvo vigente, la Coalición Ambiental de Honduras (COAH) insistió en el terrible daño que este provocaría al ecosistema.
“La presencia humana en las islas generará residuos sólidos en gran escala, los cuales, al fallar el sistema de transporte a tierra firme para su disposición final, podría generar pequeñas islas flotantes de basura en el mar Caribe, afectando no solo la navegación sino el desarrollo normal de las especies marinas, turismo nacional y la pesca en general tanto en Honduras como en países de la región”. Pronunciamiento de la COAH, 17 de junio de 2024.
Un parque nacional bajo amenaza
A más de 250 kilómetros de la costa hondureña, el archipiélago Islas del Cisne es un paraíso con importante biodiversidad que hasta hace poco sólo era visitado por especies marinas, científicos y ambientalistas.
El parque nacional marino Abogado Agustín Córdova Rodríguez, fue declarado área protegida en 1991 mediante el Acuerdo Ejecutivo 3056-91 y Decreto Legislativo 128-94. El área está conformada por tres archipiélagos principales: Cisne Grande, Cisne Pequeño y Cayo Bobo. Es la única área oceánica bajo protección legal en el país y forma parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM), el segundo más grande del planeta.
Su biodiversidad es abundante. Según Aceituno, F., & Medina, D. (2011). “En el parque se encuentran en una zona de Bosque Húmedo Tropical (BH-T), con cuatro tipos de vegetación: Playa-acantilados, herbácea, arbórea y lagunas de invierno. Se Identificaron 40 especies de aves, 170 plantas, 33 nuevos registros, nueve especies de reptiles (iguanas, lagartijas, tortugas y serpientes). En fauna marina, se avistaron dos especies de tortugas marinas en peligro de extinción (caguama y carey) y 54 especies de peces en las comunidades arrecifales de las islas. Las áreas de coral emergido en la costa del parque son un ambiente crítico que debe ser protegido del acceso público para conservar tanto la fauna como la frágil vegetación y las áreas de anidamiento de aves. La pesca artesanal, que sostiene a más de 24,000 personas de la zona costera norte, depende en buena parte de los recursos marinos y oceánicos.”
El proyecto de la mega cárcel, impulsado por la Presidencia de la República y respaldado por varios decretos de emergencia, generó una ola de rechazo desde que fue anunciado en 2023. Lo que para algunos era una «solución contra el crimen», para ambientalistas, académicos, pueblos indígenas y comunidades costeras representa un ecocidio.
“Nos preocupa que el ministro emita opiniones y que diga que se está politizando el tema. Esa no es nuestra función, solo emitimos responsablemente valoraciones y desde el área de Ciencias Biológicas reconocer cuando algo no está bien”, señaló un miembro de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Licencias exprés y procesos fallidos
La ruta legal del proyecto estuvo plagada de irregularidades. El gobierno aprobó, mediante PCM 28-2023 y PCM 29-2023, el estado de emergencia en el sistema penitenciario, habilitando la contratación directa para la construcción de centros penales, incluyendo el de Islas del Cisne. No obstante, entre julio y septiembre de 2024, tres procesos de licitación fueron declarados fracasados: las empresas interesadas no presentaron ofertas o se retiraron por falta de garantías bancarias y logísticas.
A pesar de esto, el 5 de julio de 2024, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) aprobó la licencia ambiental en tiempo récord, sin consulta previa con las comunidades ni estudios integrales de impacto ambiental. «Se violaron el Convenio 169 de la OIT, la Ley General del Ambiente y el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental», denunciaron expertos de Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Por otro lado, la mega cárcel se perfilaba como una solución costosa y poco sostenible. De acuerdo con un informe de ASJ, su construcción tendría un valor de 1,800 millones de lempiras para albergar únicamente a 2,000 reclusos. En contraste, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador costó aproximadamente 2,600 millones de lempiras (100 millones de dólares), pero con capacidad para 40,000 personas privadas de libertad. Esto implica que el costo estimado por recluso en el CECOT fue de alrededor de 65,000 lempiras, mientras que en las Islas del Cisne ascendería a 900,000 lempiras, es decir, 14 veces más caro. Y ello sin incluir los elevados gastos de operación en una isla sin agua potable, sin infraestructura básica y altamente vulnerable a huracanes.
El gobierno afirmó que la cárcel sería una «medida temporal«, pero sin planes claros de reubicación ni garantías de mitigación ambiental. Y pese a las recomendaciones de la COAH, la academia, comunidades, pueblos originarios, sector privado, sociedad civil organizada, expertos nacionales, comunidades locales y especialistas internacionales, Lucky Medina, titular de la Secretaría de Recursos Naturales (Serna) aseguró que “La cárcel en Islas del Cisne como lo prometió la presidenta Xiomara Castro se va a construir”. Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) 2024.
Amenazas a derechos humanos y persecución a ambientalistas
La falta de consulta previa a los pueblos misquitos y garífunas fue condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh, 2024). El proyecto representaba una violación al derecho a la alimentación, al trabajo y a la autodeterminación de comunidades que dependen del mar.
Mientras tanto, quienes se opusieron a la cárcel han sido objeto de criminalización. En medios oficiales como Canal 8, en respuesta a las críticas y a la preocupación genuina de la comunidad científica y técnica del país, funcionarios intensificaron sus ataques contra los defensores ambientales y particularmente contra miembros de la COAH, infiriendo que serían enviados a la mega cárcel mediante procesos judiciales.
La situación se ha agravado tras el asesinato de al menos 18 defensores ambientales, según el último informe del Global Witness, titulardo Voces que faltan, que fuepublicado en septiembre de 2024.
Debido a las evidentes represarías que el gobierno ejerció en contra de quienes objetaron el proyecto, las personas consultadas por Revistazo.com solicitaron no divulgar su identidad.
La incoherencia climática de un gobierno verde
Mientras denunciaba la crisis climática global y el papel del capitalismo como su principal causante en la COP28, en paralelo, la administración de Xiomara Castro impulsaba el proyecto de la mega cárcel en una de las reservas oceánicas más importantes del país. La contradicción ha sido señalada por diversos sectores.
“La construcción de la cárcel sería el inicio de una crisis que desestabilizará las comunidades y acelerará la pérdida de sus ya frágiles estructuras económicas y sociales” argumentó uno de los entrevistados en el caso de estudio.
La construcción de una cárcel en las Islas del Cisne representaba una amenaza directa y grave contra uno de los ecosistemas más frágiles y valiosos del país. Este proyecto implicaba la destrucción irreversible de hábitats esenciales, el colapso de arrecifes vitales para la protección climática y una contaminación que no se limitaría al entorno inmediato, sino que impactaría a nivel nacional y regional.
A esto se suma que las Islas del Cisne albergan no solo vida silvestre, sino también patrimonio histórico subacuático: restos de barcos, estructuras sumergidas y una biodiversidad que está protegida por la Convención de la UNESCO sobre Patrimonio Cultural Subacuático, ratificada por Honduras en 2010. El proyecto carcelario amenazaba también con convertir el mar circundante en un basurero flotante. Según la COAH, la difícil gestión de los residuos sólidos y líquidos resultaría en la contaminación del océano y degradación de la biodiversidad. Afectando las zonas costeras del país, países vecinos y alterando las actividades de subsistencia a nivel local, regional y mundial.
La acción ciudadana que detuvo el eco crimen
El estudio de caso Construcción de cárcel de máxima seguridad en Islas del Cisne: ¿Solución o problema? concluyó que la construcción de una cárcel en el archipiélago Islas del Cisne representaba un error de proporciones históricas. Lejos de resolver el problema de la inseguridad, socavaba las bases de la justicia ambiental, vulneraba derechos humanos, desmantelaba tratados internacionales y exponía al país a una crisis financiera y ecológica sin precedentes.
El futuro del único parque oceánico de Honduras -y con él la seguridad alimentaria de miles de hondureños que viven de los recursos marinos- fue puesto en riesgo. La decisión de destruir el área quedará como una marca indeleble en la historia ambiental del país.
Según la COAH, hasta 2024 se documentaron más de 80 pronunciamientos en contra del proyecto, provenientes de: organizaciones de la sociedad civil, comunidades, pueblos originarios, académicos, expertos ambientales, entidades internacionales, organizaciones ambientales globales y defensores de derechos humanos que expresaron su preocupación por el incumplimiento de tratados internacionales.
Y aunque se presentó como una solución a la inseguridad, la construcción de la cárcel no atendía las causas estructurales del problema, como la pobreza, el desempleo y la falta de educación. Ignorar las voces locales y científicas solo reforzó la percepción de que este proyecto respondía más a intereses políticos y económicos que al bienestar de la población en general.
Se han mencionado otros proyectos de construcción de mega cárceles en zonas remotas de Olancho y Gracias a Dios que también han sido cuestionados por su impacto ambiental, social y la inexistencia de consulta a las poblaciones locales. Dos años después, tras un proceso que estuvo marcado por la opacidad y la exclusión de las comunidades afectadas, una falta de un enfoque integral y sostenible, más que una política de seguridad este proyecto reveló una crisis de gestión pública. La lección es clara: no se puede hablar de justicia si se construye desde la imposición, el deterioro ambiental y el olvido de quienes más necesitan ser escuchados, así como también bajo la amenaza de quienes la defienden.
