Hay un régimen de terror contra los empleados de gobierno que osan revelar las deficienciasen los sistemas de salud y educación, o simplemente ejercer el derecho a la libertad deexpresión y contradecir de paso la propaganda gubernamental. Todo aquello que ponga enduda la eficacia o la imagen de la administración entra en el campo minado del crimen y delconsecuente castigo. Espionaje, humillaciones y chantajes son algunos de los mecanismos delos que se vale el gobierno de Bukele para intentar reprimir reclamos de derechos laboraleso señalamientos hacia todo aquello que controvierta el discurso oficial.
Por: Carlos Amaya, Cecibel Romero, Marvin Romero, Wendy Monterrosa, Daniel Reyes, Luis Canizalez, Tania Ortiz y Marvin Díaz
Edición: Jessica Ávalos
Una tarde de mayo de 2024 la profesora de primer ciclo de una escuela pública en el sur deldepartamento de Cuscatlán decidió que la clase de ese día se tomaría al aire libre: el CentroEscolar Caserío Loma Abajo, del distrito de San Ramón, con 44 estudiantes matriculados esde lámina y madera, y con el intenso sol que lo abrasaba todo aquel día, el calor húmedodentro del aula era sofocante. Entonces estudiantes y profesora tomaron sus pupitres ymochilas y salieron al patio, como ya lo habían hecho otras veces. El director de la escuela,Lorenzo Alfaro, aprovechó la escena para sacar su teléfono celular y denunciar la precariedaden un video que subió a TikTok a finales de ese mes. Tuvo el cuidado de no exponer el rostrode los estudiantes y dos meses más tarde el Ministerio de Educación (Mined) estabajuzgándolo internamente acusándolo de hacer propaganda para dañar la institución.
Lorenzo tenía meses tratando de llamar la atención de las autoridades del Mined y veníahaciendo uso de redes sociales desde 2023 para ejercer más presión. Un mes antes de lagrabación del vídeo, el ministro de Educación, José Mauricio Pineda, había visitado laescuela para anunciar su reconstrucción a través del programa “Mi Nueva Escuela”. En esaocasión, el director expresó cierto escepticismo. “Ojalá sea una realidad para que nuestrosniños y niñas tengan un lugar idóneo para recibir sus clases”, dijo ante las cámaras.
Pasaron unas semanas desde que se mostró en TikTok a la profesora de primer ciclo dandoclases al aire libre hasta cuando Lorenzo Alfaro fue llamado a una reunión en la que leamenazaron con sanción. El miércoles 3 de julio, la directora departamental de Educación deCuscatlán, Karen Amaya, y otros funcionarios de Educación, lo confrontaron para acusarlede haber violado el artículo 32 de La Ley de la Carrera Docente, que prohíbe a los maestrosrealizar propaganda política, partidista o religiosa en un centro educativo, con el fin de dañara la institución.
En esa reunión, según Lorenzo, el personal de Educación lo quiso hacer firmar un acta en laque aceptaba “haber cometido una falta” por la publicación, por lo que ameritaba una sanción.Lorenzo se negó a firmar el documento tal como estaba redactado y argumentó que no habíaviolado la ley, porque solamente evidenció las precariedades de la escuela.
Así como el de Lorenzo, son innumerables los casos en que docentes, personal médico,policías y empleados de otras dependencias del Órgano Ejecutivo han sido amedrentados y
censurados por el simple ejercicio de hacer ver una realidad que contrasta con las condicionesparadisiacas o de eficacia estatal que pregona el gobierno de Nayib Bukele. Hay coacción ymatonería para que cumplan órdenes, algunas, incluso fuera de sus funciones. El gobierno,por ejemplo, coaccionó a docentes interinos del occidente de El Salvador para que asistierana un acto proselitista a cambio de conservar sus plazas. Nuevas Ideas les garantizó conservarsu trabajo como docentes a cambio de aplausos para Bukele.
Para este reportaje se habló con treinta empleados públicos de diferentes instituciones,quienes relataron cuáles son las prácticas del terror dentro del gobierno salvadoreño:denuncian espionaje, instalación de cámaras para controlarlos y vigilancia a través de chats.La mayoría de ellos, quienes no se conocen entre sí, pidieron no ser identificados por miedoa ser castigados o despedidos. También se contactó a otras cinco personas que no quisieronhablar por temor. Documentos oficiales, audios, videos de reuniones y grupos de chats a losque esta redacción tuvo acceso evidencian las prácticas inquisitivas en el sector público.
El gobierno de Bukele también se ha valido de la violación de leyes laborales y de laConstitución de la República para coaccionar, chantajear, censurar, vigilar o despedirarbitrariamente a trabajadores. Y también ha puesto en la mira a los sindicatos críticos,violando el fuero sindical para desmantelarlos.
En el Ministerio de Salud, la represión interna de la crítica, el reclamo de derechos o losseñalamientos de deficiencias en los servicios al público se han saldado con decenas dedespidos exprés, fuga de médicos y hasta el autoexilio al que uno de ellos se sintió obligadodespués de saberse perseguido. El Ministerio incluso instaló cámaras en algunas unidades desalud para vigilar al personal. Si alguien reconoce públicamente la falta de recursos, seexpone a que le abran un expediente disciplinario o lo despidan. Para evitar la divulgaciónde información, los directores también han perdido acceso a los sistemas de estadísticasdonde se refleja el comportamiento real del dengue, diarreas y otras enfermedades comunes.El Fondo Solidario de Salud (Fosalud) aprobó un nuevo Código de Ética que prohíbe filtrarinformación y busca controlar cómo los empleados usan sus redes sociales personales.
El gobierno viola reiteradamente derechos laborales. En los despidos de ocho personas deseis dependencias hay un patrón que permite ilustrar trámites irregulares, impunidad yaletargamiento de procesos judiciales que pueden durar meses o años sin respuesta. Tambiénhay cacería contra todos los sindicatos incómodos. El Ejecutivo ha despedido a trabajadorescon fuero sindical, que protege de traslados y despidos arbitrarios; y sin seguir un procesoprevio. Estas prácticas están expresamente prohibidas por la ley.
La Policía Nacional Civil ha intensificado la persecución interna contra aquellos agentes quedenuncian violaciones a los derechos laborales, particularmente tras la implementación delrégimen de excepción. Entre 2022 y 2023 giró memorándums para prohibir a los agentesaparecer con uniforme en redes sociales o publicar documentos policiales o informaciónsobre actuaciones de la institución.
El miedo infundido en el sector público es tal que los trabajadores de Salud y Educaciónhabían guardado silencio ante el anuncio de la suspensión del escalafón, un incrementosalarial anual que cada año recibían médicos y maestros. Fue hasta el 19 de octubre de 2024cuando unas dos mil personas marcharon junto a un centenar de profesores y médicos pararechazar los recortes. La respuesta del gobierno fue despedir a 60 de las personas queparticiparon en esa manifestación pública. Uno de los despedidos fue el profesor LorenzoAlfaro, el director de la escuela de Cuscatlán.
Pie de foto: El profesor Lorenzo Alfaro, quien era el director del Centro Escolar Caserío LomaAbajo, del distrito de San Ramón, Cuscatlán, participó en la marcha del 19 de octubre de 2024para exigir el escalafón salarial para maestros, y luego fue despedido. Foto: Carlos Amaya.
En la versión final del acta que firmó Lorenzo, luego de ser llamado por publicar el video, ladirectora departamental de Educación de Cuscatlán le advirtió que “se abstenga de realizarpublicaciones sobre temas relacionados con el centro educativo que no tengan que ver conactividades culturales y académicas”, según la copia del documento al que esta redaccióntuvo acceso.
Esa advertencia, previa a su despido, no encaja con el discurso del presidente salvadoreño,quien dijo ante Naciones Unidas que en el país no hay censura: «En El Salvador, tu libertadde expresión, así como tu propiedad privada, siempre estarán protegidas», afirmó Bukele, elpasado 24 de septiembre de 2024.
El miedo ha escalado en los tiempos de Bukele y parece haber síntomas en el universosindical: ha disminuido la cantidad de profesores organizados en los sindicatos del magisteriosalvadoreño. Cifras proporcionadas por el Ministerio de Trabajo reflejan que en 2019, año dela llegada de Bukele al poder, había 7,808 personas afiliadas a sindicatos, contra solo 2,768registradas hasta mediados de 2024. Es decir, solo queda un tercio de los profesoresorganizados cinco años atrás.
Pie de foto: En la gráfica se muestra el total de afiliados a sindicatos en cada área, desde 2017.Ha disminuido la cantidad de afiliados en sindicatos de Seguridad o Cultura.
“Esto tiene que ver con la zozobra en la que el Ministerio de Educación ha tenido a losdocentes, quitando espacios que se venían fortaleciendo. A las organizaciones nos han puestocomo que somos enemigos. Ha habido algunas acciones de prepotencia de directoresdepartamentales, intimidación y coacción”, señala David Rodríguez, secretario general deBases Magisteriales.
El líder sindical enumera todos los problemas que como sindicato han documentado: losprofesores no pueden hacer públicas las carencias que atraviesan las escuelas, tienenprohibido atender a la prensa, algunos directores han sido removidos sin que se siguieran losprocesos establecidos en la ley, y hay maestros interinos chantajeados para poder conseguiruna plaza fija.
“¿Qué pesa más para este profesor? Ah, la comida verdad”, reflexiona.
Esta redacción buscó a los titulares de todas las instituciones mencionadas en este reportaje,pero no se obtuvo respuesta de ninguna. Se enviaron correos electrónicos, mensajes a losencargados de comunicaciones de las oficinas de gobierno, y se buscó a los empleadosseñalados por los trabajadores, pero tampoco respondieron las peticiones de entrevistas.
Silencio en las aulas: los chantajes que maestros deben callar
La profesora María Álvarez (a quien para proteger de represalias le pusimos este seudónimo)impartía su clase de ciencias sociales cuando recibió un mensaje de WhatsApp en su celular,a las 10:00 de la mañana del 28 de mayo de 2024. El mensaje contenía una circular de laDirección Departamental de Educación de Santa Ana con una indicación: debía asistir el díasiguiente a una reunión en las instalaciones del Instituto Nacional de Santa Ana (INSA). Nosabía para qué, pero lo hizo. La reunión fue por la tarde en el auditorio del instituto. Al llegar,observó a un centenar de docentes interinos de Ahuachapán, Sonsonate y Santa Ana. Muchos,al igual que ella, no sabían lo que escucharían.
El director departamental de educación de Santa Ana, René Castro, tomó la palabra: «Esteinterinato que tienen ustedes está próximo a convertirse en una plaza de carácter permanente,por lo que muchos de nosotros esperamos tres, cinco, siete, diez, doce, veinte años. Ahora,que este interinato se haga plaza fue por iniciativa del señor presidente de la República”,aseguró.
María todavía no comprendía para qué era la reunión, pero el director agregó: “Usted tieneahorita el 50 por ciento de acceder a una plaza oficial el próximo año. Ahora, cuando a ustedle dieron el interinato y cuando a mí me tocó asignarlo, hay personas que me decían ‘graciaslicenciado, no sé cómo agradecerle’. Yo les fui claro y les dije: ‘no me digan eso a mí, porqueno soy yo, lo hizo el presidente. Ahora, si usted quiere agradecer, si usted en realidad estáagradecido, nos vemos el sábado”, indicó Castro sin ningún titubeo.
Se refería al sábado 1 de junio de 2024, el día de la investidura presidencial de Nayib Bukele.Luego, Castro fue más específico. Les dijo, sin ningún rodeo, que debían participar en elevento y les explicó de dónde saldrían los buses que los trasladarían hacia San Salvador. Eldirector departamental se valió de su posición en el Ministerio de Educación para chantajeara maestros interinos y utilizar instalaciones públicas para hacer propaganda político-partidaria a favor de Bukele, reelecto inconstitucionalmente. Todo eso consta en los audiosde esa reunión a la que esta redacción tuvo acceso.
“Los que van a acceder a su plaza el otro año, nos vemos el sábado. Así, sin tanta vuelta.¿Qué va a suceder si usted no va? No le puedo decir porque no sé”, les advirtió, mientrasentregó una lista para que se anotaran.
María y otros maestros interinos quedaron sorprendidos con el mensaje, aunque, según ella,hubo algunos docentes que estuvieron de acuerdo con la indicación. En las horas siguientes,ella se dedicó a pensar qué hacer: si ir contra su voluntad y ceder al chantaje o arriesgar suinterinato. Desde que se graduó, hace 19 años, nunca había conseguido una plaza fija. Eso, yel consejo de la directora de su escuela, la empujaron a tomar la decisión de participar.
Consultado sobre la advertencia hecha a los maestros si no atendían sus instrucciones, Castrorespondió: “Actualmente ya no soy director departamental de educación; por lo tanto, ya noestoy autorizado a emitir comentarios sobre lo acontecido durante mi gestión”.
La receta para disfrazar las carencias en Salud
“Si usted no está comprometido en esta transformación, en esta atención a la población…Yo necesito que ahora mismo le digan a los directores regionales que ya no quieren serdirectores de unidades de salud, coordinador del SIBASI o director regional porque aquí nose va a tener a nadie a la fuerza… ¿Entendido?”, dijo Marbel Alexander Magaña, directornacional de la oficina de Primer Nivel de Atención del Ministerio de Salud (Minsal), a lasdecenas de personas que le escuchaban al otro lado de la pantalla.
Las respuestas empezaron a fluir: “Sí, doctor”, “enterada”, “enterado”… Era la mañana del3 de septiembre de 2024 y Bukele acababa de cumplir tres meses de un nuevo quinquenio enla presidencia de El Salvador, cargo que cuando asumió lo enmarcó en un discurso queanunciaba “medicina amarga” para el tiempo venidero. Los directores de unidades de salud,los encargados de los Sistemas Básicos de Salud Integral (SIBASI) y los jefes de lasdirecciones regionales que se conectaron a aquella reunión virtual no tuvieron oportunidadde rebatir, de preguntar o sugerir nada.
Magaña mantuvo un tono regañón durante toda la videollamada, que fue un monólogo de 15minutos. No se comprometió a garantizar el abastecimiento de medicamentos, vacunas oinsumos, pero sí les enfatizó que se debían preocupar por la estética y la limpieza de loscentros de salud. Su mensaje se centró en la petición de renuncia, si alguien estaba endesacuerdo.
VIDEO DE MARBEL MAGAÑA
Redacción de los CAP habló con uno de los participantes de aquella reunión, quien esresponsable de una unidad de salud. Se mantendrá bajo reserva su identidad y tampoco seprecisará su lugar de trabajo porque esta persona teme consecuencias perjudicialesinmediatas. “Estamos cansados de pedir y nadie tiene. Solo en mi unidad tenemos el 30 % dedesabastecimiento de medicamentos y el 40% de insumos médicos. No hay a nivel nacional;entonces, ¿a dónde va usted a pedir?”, dijo, al ser consultado sobre el mensaje de Magaña.
El personal de Salud debe callar la escasez. Para el gobierno de Nayib Bukele, hablar contransparencia y exponer públicamente la falta de recursos es una afrenta que puede derivaren apertura de expedientes para ejecutar despidos exprés. Para este gobierno, no se debe dejarhuella de las fallas ni de las carencias. La prioridad es cuidar la imagen y evitar las críticaspor el mal servicio.
El cuidado de la imagen de un gobierno que en la propaganda sí funciona es prioridad. Poreso, el personal de salud ha recibido instrucciones precisas tendientes a evitar dejar rastro decosas que no van bien. “Está estrictamente prohibido otorgar recetas para que la gente compremedicamento afuera, quien no cumpla será sancionado”, relató una persona que trabaja enuna unidad de salud de la zona sur de la capital. El propósito, explicó, es que ningún usuariopueda mostrar evidencia de que en la red pública carecen de medicamentos básicos y laciudadanía debe adquirirlos de su propio bolsillo.
Pie de foto: Empleados del sector salud y docentes marcharon el 19 de octubre de 2024 para exigir que se les mantengan los ajustes salariales que año con año recibían. Foto: Factum/Natalia Alberto.
Empleados del Hospital Rosales y del Seguro Social también aseguraron que han sidoinstruidos que no deben decir “no hay” o pintar un panorama negativo al paciente, sinosugerir que vuelvan otro día a preguntar.
El Ministerio de Salud vigila a sus empleados a través de escuchas digitales, y ejecutacastigos ejemplarizantes, sin que haya investigaciones de por medio, violando procesos yleyes como la de Servicio Civil. En el último año, se han registrado casos de despidos depersonal que expuso las fallas o carencias, o que abogó por mejores condiciones laborales.
La enfermera Jaqueline Damaris López, quien laboraba en la unidad de salud de San Jacinto,fue despedida el 12 de septiembre de 2023, por haberle comunicado a un paciente que nohabía “descartables” para suero, una manguera que cuesta menos de un dólar, y por sugerirlea la familia que lo fuera a comprar a la farmacia. El caso trascendió hasta la Casa Presidencialy ese mismo día aterrizaron abogados del Ejecutivo para elaborar un expediente y despedirla.La decisión sorprendió a los compañeros y se dispersó rápidamente por los grupos de chats.
Salud también ha instalado cámaras en las unidades de salud, lo cual fue percibido como unapolítica de control por el personal. El Fondo Solidario para la Salud (Fosalud), por otra parte,emitió un Código de Ética que, entre otras cosas, prohíbe a los empleados usar sus redessociales personales para expresar comentarios o situaciones que afecten la imageninstitucional.
Entre junio y agosto, durante la crisis que generó el dengue, y para evitar la divulgación deinformación, el Ministerio le quitó a los directores de unidades de salud y otros empleados elacceso a los sistemas de estadísticas donde se registra el comportamiento real del dengue,diarreas y otras enfermedades comunes. Los accesos regresaron para algunos de losencargados, y estos señalaron que han detectado la instalación de programas que monitoreanla actividad en los dispositivos institucionales.
Pie de foto: Un empleado de salud marcha con su rostro oculto el 19 de octubre de 2024. En suvestuario porta un mensaje alusivo a la defensa del escalafón para médicos. Foto:Factum/Natalia Alberto.
La hoguera de las redes sociales
Las quejas que se viralizan en redes sociales se han convertido en una pesadilla para elpersonal ya que, aseguran, hay interés en mostrar mano dura y no en corregir los procesos ocarencias que ocasionan el mal servicio al ciudadano.
En las cinco direcciones regionales del Minsal hay personas encargadas de monitorear loscomentarios o denuncias en redes sociales e inmediatamente comunicar y ver cómo serevierte la crítica. Esto obliga a los directores de unidades de salud a estar emitiendo informeso interrumpiendo sus horas de descanso para dar explicaciones a cualquier hora del día.
“Vemos a un paciente con el celular tomando fotos o video y ya sentimos que nos echaron.Tenemos terror a los celulares”, indicó una de las doctoras consultadas.
mensajes En varias ocasiones, el Ministerio de Salud ha publicado para informar del despidode personal luego de que se hicieran virales denuncias de supuesto maltrato o tardanza en laatención de los pacientes. Las investigaciones no han tomado más de dos días y mandan laseñal al interior de que no hay posibilidad de defenderse o recibir otras sanciones queestablece la Ley de Servicio Civil.
La sombra de que hay personal de Casa Presidencial vigilándolos es permanente. Para estereportaje se accedió a un audio donde un coordinador de un hospital indica a un grupo demédicos que no olviden que están en la mira: “Recuerden que todo el tiempo se nos ha dichoque estamos siendo observados que tenemos que tener mucho cuidado cómo noscomportamos, con lo que decimos, los gestos que hacemos”, les dijo.
La indicación incluyó el recordatorio de que en los grupos de mensajería hay agentesexternos: “En todos los chats que tenemos hay representantes de Casa Presidencial; ahoraque van a la capacitación, hay representantes de Casa Presidencial y… bueno, me han pasadoun reporte que en estas capacitaciones han identificado a personas -y me lo han dicho asíliteral- que tienen una conducta nociva para el proyecto”.
Pie de foto: Captura de pantalla de mensajes enviados en un grupo de chat de médicos delHospital El Salvador, el pasado 19 de noviembre. Foto: cortesía.
La fórmula con la que se aplacó a los sindicatos
Hasta mediados de 2023, los sindicatos de Salud aún eran escuchados y se reunían conrepresentantes del ministro Francisco Alabí. En adelante, no solo les cerraron las puertas,sino que impulsaron procesos para despedir a sindicalistas que hicieron algún comentario oprotesta pública. Son silenciados quienes denuncian el incumplimiento de leyes y lasresponsabilidades del Estado.
Los empleados de salud han asumido el código rojo de ver, oír y callar para salvarse,especialmente después de la protesta del 8 de agosto de 2023. Esa mañana de martes, sejuntaron representantes de cuatro sindicatos del Minsal para dar una conferencia de prensa yexigir el pago de nocturnidades y las vacaciones del personal, las cuales acumulaban ya sietemeses de retraso. La protesta fue frente a la sede principal del Ministerio, en la calle Arce deSan Salvador. El medio centenar de personas no interrumpió el tráfico en la zona.
“Nos han estado mintiendo y diciendo que el siguiente mes, que el siguiente mes. Ya noscansamos”, expresó Silvia Navarrete, quien se desempeñaba como secretaria del Sindicatode Trabajadores de la Salud (Sitrasalud).
Diez días después, el 18 de agosto de 2023, Navarrete y otros 15 sindicalistas fueron llamadospor sus superiores para informarles que iniciaba un proceso de suspensión por haberparticipado en dicha protesta, o porque supuestamente habían incumplido algunasindicaciones laborales. La mayoría de los casos pasaron a dormir en el Tribunal de ServicioCivil.
Este golpe a los sindicatos fue clave para lanzar una reforma a la Ley del Escalafón y evitarcualquier tipo de reacción pública. El 29 de agosto de 2023, tan solo 11 días después de laprotesta, los diputados del partido oficial Nuevas Ideas y sus aliados eliminaron la opción deincremento anual que percibía todo el personal, y legislaron que este beneficio solo seríapercibido, después de evaluaciones, por los trabajadores que estén en un rango salarial menorde $3,000. Cuando en diciembre de 2022 se intentó hacer esta modificación, los sindicalistasse pronunciaron también frente al edificio y consiguieron que los recibiera el ministro Alabíy se comprometiera a continuar pagando los aumentos. Esta vez, en cambio, no hubo ningunaprotesta del gremio.
“El fuero sindical no se respeta. No les importó y nos mandaron a volar”, dice ÉdgarHernández, quien fue despedido y era representante de la seccional SITMSPAS en el Serviciode Emergencias Médicas. Con sus abogados están recorriendo distintas institucionesnacionales e internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) paraexigir su reinstalación.
El Ministerio de Salud ha irrespetado la protección que otorga el artículo 47 de laConstitución a la estabilidad laboral de los directivos sindicales.
Al doctor Alberto Monge, quien era representante de Sitrasalud, le pasó algo similar. El 24de febrero de 2024 denunció los incumplimientos que Fosalud tenía en los contratos yprestaciones de mujeres embarazadas. Y días después, el 8 de marzo, le impusieron unasanción y luego fue despedido, tras 17 años de trabajo en el sector público.
El método para purgar a una voz disidente fue el mismo que aplicaron a los sindicalistas queprotestaron por el retraso en el pago de nocturnidad, pero su caso no fue a dormir a losarchivos de la Comisión de Servicio Civil. A finales de mayo, esta instancia resolvió eldespido de Monge porque había incumplido con las reglas de trabajo y por trabajar en elsector privado. En 2019 le quisieron aplicar la misma sanción, según cuenta el médico, peroganó el caso porque demostró que ese trabajo no interfería con los horarios asignados enFosalud.
Pero el contexto de 2024 es diferente. Monge dice que empezó a notar seguimientos de carrossin placas y otras situaciones que lo hicieron sentir inseguro. En junio pasado, decidió que lomejor era salir del país. Percibió que su seguridad física estaba amenazada. Sigue apelandosu caso a través de abogados y está en proceso de solicitud de asilo. “Vivo con una mezclade indignación y de mucha tristeza por tener que haber dejado nuestra vida, nuestra profesión,nuestro estudio, nuestro trabajo y nuestro historial de defensa de derechos humanos parasalvar la vida”, relató.
Lo que ocurre en Salud es similar a lo que pasa con sindicatos de instituciones como elMinisterio de Cultura o el Ministerio de Obras Públicas.
Pie de foto: Una empleada pública sostiene un cartel con la imagen de Nayib Bukele durante lamarcha del 19 de octubre de 2024 para exigir sus derechos laborales. Foto Factum/NataliaAlberto.
Descabezar la disidencia en Cultura
Basilio Antonio Ayala Sánchez regresaba del occidente del país cuando recibió una llamadadel secretario jurídico del Ministerio de Cultura, Luis Gerardo Cañada González. Le dijo quese presentara a su oficina porque necesitaba conversar con él. A Basilio, quien era secretariodel Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio de Cultura (Sitrasec), le parecióextraño y se negó. Horas después, Cañada González llegó acompañado de policías a suoficina y le dijo a quemarropa que quedaba desvinculado laboralmente; no solo él, sino todala junta directiva del sindicato al que Basilio representaba desde hacía más de diez años. Nohubo explicaciones, ni argumentos jurídicos, ni documentos que hicieran constar losdespidos. Todo fue de palabra. Lo obligaron a entregar la oficina y no le permitieron llevarsenada. La advertencia de uno de los policías fue contundente: debía colaborar porque teníanla orden de capturarlo, si se resistía. Era el 1 de septiembre de 2023.
El anterior relato consta en los procesos legales iniciados por Ayala Sánchez y otros 10integrantes de la junta directiva del Sitrasec.
denunciado ante la prensa marchó por las calles de San Salvador Cinco días antes, Basilio había violaciones a derechos laborales.Cuatro meses atrás, con los demás sindicalistas parapedir el cumplimiento del contrato colectivo 2023-2025. Para él, las diferencias durante lanegociación del contrato colectivo fueron las causas de su despido y de las del resto dedirectivos. Con eso, dice Basilio, también enviaron un mensaje a los demás empleados deCultura que se atrevieran a ejercer cualquier disidencia: “Si nos despiden a nosotros quetenemos fuero sindical, imagínese, pueden hacerlo fácilmente con cualquier otro trabajador”,aseguró.
La primera ola de despidos
escribió en su cuenta de X es pro vida El 27 de junio de 2024 Bukele que el nuevo ministro de Cultura,Raúl Castillo, procedería a despedir a 300 empleados de esa cartera de Estado porque“promueven agendas que no son compatibles con la visión de este gobierno”.Inmediatamente otros funcionarios públicos replicaron el mensaje aduciendo que El Salvadory pro familia tradicional, despotricando contra lo que grupos conservadoresdenominan “ideología de género” y la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
decreto Sin embargo, el discurso público de Bukele y sus funcionarios no tenía nada que ver con lasverdaderas razones de los masivos despidos en Cultura, una institución que hasta marzo de2024 tenía 845 empleados. Al menos en la Ley Especial Transitoria de CompensaciónEconómica para los Trabajadores del Ministerio de Cultura, aprobada por la AsambleaLegislativa a iniciativa del Ejecutivo, no se menciona ninguna palabra en referencia alargumento divulgado en redes sociales. El aprobado el 26 de junio, señala comoalgunas de las causas de los despidos “la necesidad de crear un nuevo modelo de gestióncultural eficaz en el territorio” y la “optimización de los recursos del Estado”.
La reducción del gasto público coincide con las recomendaciones que el Fondo MonetarioInternacional (FMI) le hizo recientemente al gobierno de El Salvador.
Basilio Ayala considera que el objetivo de esos despidos fue terminar de “rematar” a susindicato, pues una gran parte de 141 de sus afiliados eran empleados de las casas de la culturaque cerraron con el decreto.
En 2014, Sitrasec contaba con 774 afiliados y actualmente apenas llegan a cincuenta, segúnlas listas internas. La lectura de Ayala coincide con lo que revelan los datos entregados porel Ministerio de Trabajo para este reportaje: en 2019 había 910 personas afiliadas a los tressindicatos de Cultura y en 2024 únicamente suman 308. Es decir: 602 afiliados menos, segúnlos datos oficiales.
En instituciones como el Ministerio de Trabajo, sindicalistas denuncian otra manera desuprimirlos. Representantes de Sitramitps, que hasta 2022 era el sindicato más grande de esainstitución, acudieron a la sede de la OIT, en San José Costa Rica, el 29 de septiembre de2023, a interponer una “queja ante las constantes violaciones de la libertad sindical y el abusode poder por parte del ministro y sus directores y jefaturas”. Este sindicato, que ha sidocrítico de la gestión de Rolando Castro, ministro de Trabajo en las dos administraciones deBukele, denuncia el “entorpecimiento” en la entrega de credenciales para los 11 miembrosde su junta directiva, lo que mantiene a ese sindicato acéfalo desde septiembre del añopasado. La entrega de credenciales depende del Ministerio de Trabajo, y ellos ya cumplieronun año sin recibir los documentos. Según estos sindicalistas, al no tener credenciales lasjefaturas alegan que son un sindicato ilegal, no tienen vida jurídica, son desconocidos y elministro no les brinda audiencia.
Pie de foto: Sindicalistas y personas despedidas de instituciones públicas dieron una conferenciade prensa el 24 de octubre de 2024 para denunciar los despidos de 60 personas que participaronen la marcha para exigir el escalafón para médicos y maestros. Foto Factum/Natalia Alberto.
El ABC de los despidos arbitrarios
Mónica Azucena fue empleada de la Superintendencia General de Electricidad yTelecomunicaciones (SIGET) hasta junio de 2022. Fue llamada por la oficina de recursoshumanos de la institución y amedrentada para firmar una renuncia redactada e impresa. Sindarle mayores explicaciones, solo le pidieron, como último paso, colocar su firma. “Terodean un grupo de cuatro o cinco personas, te empiezan a decir que te conviene, que si firmáste vas con algo, si no firmás te vas sin nada”, relata.
Ocho despidos en seis dependencias del gobierno, aunque aislados entre sí, tienen puntoscomunes: hay coerción, quienes lo ejecutan evitan a toda costa la mención de la palabra“despido” y hablan de “renuncia voluntaria”. Estos procesos de destitución, según laspersonas entrevistadas, comparten la particularidad de que hay amenazas, censura y violacióna los derechos laborales, destituyendo a empleados sin derecho de audiencia.
A cambio de su firma, a Mónica le ofrecieron recibir un cheque por un monto que nocoincidía con lo que le correspondía por sus 16 años en la SIGET. La oferta estaba disponibleúnica y exclusivamente en esa reunión cerrada. Para Mónica, aún resuena la frase con la quela presionaron: “Yo sé lo que te digo, firmá”.
Según el abogado y docente de derecho laboral Mario Castellanos, esto es una clara violaciónal debido proceso: “La Constitución en el artículo 38, ordinal 12 establece el derecho a larenuncia. Es un derecho de carácter constitucional. Si una persona está siendo obligada afirmar una renuncia desde ahí se desnaturalizó la renuncia, porque renuncia, intención yvoluntad del trabajador de querer despojarse de su trabajo”.
Azucena intentó, sin éxito, obtener una prueba que demostrara que había sido despedida deforma arbitraria: “No firmé nada, no me dieron nada”, dice.
Quienes se niegan a firmar la renuncia tienen como desenlace un silencio, que al cabo de untiempo puede o no convertirse en una notificación de destitución por cualquier nuevo motivoposible donde persistirá la evasiva de una indemnización.
El mismo guion en varias instituciones
El abogado Óscar Canjura, quien ha llevado 28 casos de despidos arbitrarios durante esta administración, cree que hay “un equipo de abogados”, “un grupo parajurídico” que desdeCasa Presidencial se encarga de enviar instrucciones a las jefaturas de las distintas instituciones sobre cómo ejecutar los despidos. Lo supone porque ha encontrado similitud en las razones alegadas por el gobierno.
«Hay coincidencias en las razones expuestas en estos casos. Empecé a identificarlineamientos jurídicos que eran calcados entre distintas instituciones”, señala. Entre esascoincidencias está la violación al fuero sindical, una figura amparada por el artículo 47 de laConstitución de la República. O el irrespeto al derecho de audiencia: no son escuchados y nose les da oportunidad de defenderse.
“La línea que ha venido de Casa Presidencial es: no importa el fuero, no respeten el fuerosindical, hay que destituirlos”, dice el abogado.
Eso le pasó a Manuel Alfaro, secretario general en el Sindicato General de Trabajadoras yTrabajadores de Salud de El Salvador. Con más de 30 años en el Ministerio de Salud, fueremovido de su cargo como entomólogo de enfermedades transmisibles, luego de participaren la protesta por la falta de pago de nocturnidades, el 18 de agosto de 2023.
Para esta investigación, también se documentaron nueve casos de directores de centrosescolares que fueron removidos en el último año, aunque SIMEDUCO y el Frente MagisterialSalvadoreño contabilizan 63 directores destituidos hasta el 23 de agosto de 2024. Entre esosnueve, hay dos dirigentes sindicales: Daniel Rodríguez, secretario general del Sindicato deMaestras y Maestros de la Educación Pública (Simeduco) e Idalia Zúniga, del FrenteMagisterial Salvadoreño, quien después de la marcha por el escalafón cobró notoriedadpública. Ella había sido removida de su cargo de directora del Centro Escolar República dePerú, pero conservaba su plaza de docente, la cual fue suprimida por el gobierno después dela marcha. De la misma manera que fue suprimida la plaza de Lorenzo Alfaro, el director quepublicó el Tiktok de la escuela de Cuscatlán.
Pie de foto: Idalia Zúniga, exdirectora del Complejo Educativo República de Perú, durante suparticipación en la marcha del 18 de octubre donde denunció las precariedades del sistemaeducativo. Zúniga ha sido de las voces más resonantes para denunciar esta situación. Foto:Carlos Amaya.
El patrón que se repite en los nueve casos es que todas las destituciones provienen de unasola figura: Ronald Monterrosa, director departamental de San Salvador, una atribución quele compete al tribunal calificador de la Ley de la Carrera Docente. Otro patrón es que todoslos directores aducen haber sido removidos de forma arbitraria, contra el artículo 12 de laConstitución de la República que dice que ninguna persona puede ser privada de sus derechos“sin ser previamente oída y vencida en juicio”. Aseguran, además, que Monterrosa se hasaltado los procesos que establece la Ley de la Carrera Docente. Él, al igual que la mayoríade funcionarios consultados, no atendió una solicitud de entrevista.
El diputado de Nuevas Ideas que destituyó a sindicalistas
El lunes 28 de agosto de 2023, miembros de tres sindicatos y empleados se reunieron en lasinstalaciones del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), para participar en unatribuna informativa, donde explicaron los avances de las negociaciones del contrato colectivode trabajo (2024-2026). Manuel Ángel Durán Jiménez, quien en ese momento se identificócomo el asesor del ministro Romeo Rodríguez, tomó la palabra y aseguró que el ministeriotenía una “propuesta formal”, que se iba a discutir en una reunión entre el ministro y la mesasindical. Pero antes de retirarse, advirtió a los empleados que si no iban a trabajar ese día, lareunión no se realizaría.
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Esa misma tarde, la gerente de desarrollo de talento humano y cultural institucional, AndreaRaquel Silva Salgado, y el director de construcción de mantenimiento de la obra pública,Joaquín Ernesto Villalobos Arriaga, enviaron dos memorandos al ministro Rodríguez, dondeacusaron a varios sindicalistas de incitar a otros trabajadores a suspender labores. Tambiénlos acusaron de difamación, desórdenes y violencia psicológica contra jefaturas y empleados.
acudió a una reunión Al día siguiente, el ministro con seis sindicalistas. Les dijo que lascláusulas económicas no se podían negociar por falta de dinero y les anunció que laaprobación del contrato colectivo sería hasta 2025. Así lo detalla el escrito de demanda deincumplimiento de contrato colectivo presentado por los sindicalistas ante el Tribunal deServicio Civil en diciembre de 2023.
Uno de los miembros de la mesa negociadora, quien solicitó anonimato para este reportaje,aseguró que el ministro les pidió a los secretarios generales y a otros sindicalistas queconvencieran a los empleados a esperar la aprobación del contrato para el próximo año. Perola comisión sindical no estuvo de acuerdo.
Los directivos sindicales se retiraron al terminar la reunión, pero antes fueron detenidos porCalvin Emerson Saravia Cornejo, encargado de reclutamiento de personal, y por DanyAlberto Vega Alemán, gerente legal, quienes les notificaron la suspensión previa de suscargos y el inicio de un proceso de despido.
1100, 1102 y1104 Un día después de la notificación, Rodríguez ya había firmado los acuerdos para suspenderlos e iniciar el proceso de despido. El ministro argumentó que tres deellos incurrieron en la prohibición “h” del artículo 32 de la Ley de Servicio Civil, que hacereferencia a que los funcionarios, empleados públicos o municipales, no pueden usar laviolencia física, psicológica o coaccionar a los afiliados para ingresar o retirarse de unsindicato; o impedir el libre ejercicio de su trabajo.
El 31 de agosto, cuatro de los siete sindicalistas suspendidos solicitaron a la Comisión delTribunal de Servicio Civil del MOPT la nulidad del proceso de despido. La comisióndesestimó la petición de los sindicalistas, argumentando que la etapa del proceso no era laindicada para solicitar la nulidad. Uno de los miembros de esa comisión y quien tomó ladecisión es Saravia Cornejo, el mismo que les notificó la suspensión previa por órdenes delministro.
diputado suplente Saravia Cornejo es una persona vinculada a Nuevas Ideas (NI), el partido del presidenteBukele. En 2021, fue elegido como en el Parlamento Centroamericano(Parlacen) bajo la coalición NI y Cambio Democrático. Para 2024, fue reelecto en el mismocargo por la bandera de NI.
Ricardo Alarcón, abogado de uno de los despedidos, intentó presentar a varios testigos queparticiparon en la tribuna informativa del 28 de agosto; sin embargo, los miembros de lacomisión no admitieron la solicitud durante la audiencia donde se decidió el despidodefinitivo. Incluso, no se le permitió al sindicalista tomar la palabra en la audiencia, segúnrelató el abogado defensor.
A juicio del abogado, en la audiencia no hubo análisis, objetividad, ni imparcialidad. Segúnél, la comisión sólo ratificó la decisión del ministro.
La sombra que vigila a los policías de El Salvador
Eran las cinco de la tarde del viernes 10 de junio de 2022. Exhausto, tras una semanainterminable de trabajo, Jorge Panameño, investigador de la Policía Nacional Civil (PNC),descansaba en su casa mientras preparaba una taza de café. Panameño no lo sabía aún, peroen unas horas sería esposado y encerrado en una oscura celda que jamás imaginó ocupar. Esatarde, mientras tomaba su café, recibió una llamada. Al otro lado de la línea, una voz gravele dio una orden: trasladarse inmediatamente a la delegación de San Vicente, a unos treinta ocuarenta minutos en vehículo.
Panameño recuerda que dudó. Le explicaron que necesitaban obtener detalles sobre unainvestigación en proceso y que él debía proporcionarlos de forma presencial. Ninguna de susinvestigaciones tenía la relevancia que justificara tal urgencia. Los años de experiencia loalertaron. Cuestionó las razones de la insistencia y se negó a moverse. Por su rango, no erauna orden habitual. Por la hora, no era un procedimiento dentro de la normalidad. Por lanaturaleza de la solicitud, no era algo que se hiciera por teléfono. Nada encajaba en losestándares de las actividades policiales que él conocía y defendía. Desde ese momento, segúncuenta, todo comenzaría a hacerse al margen de la ley.
“Los jefes”, como llama a las personas que se encontraban del otro lado del teléfono,utilizaron una carta para disuadirlo: le recordaron su participación en enero de 2016, en unamarcha de policías que, frente a Casa Presidencial, exigió un incremento salarial.
Entonces gobernaba el país Salvador Sánchez Cerén y durante ese año, más de 30 policíasfueron asesinados por las pandillas. En la protesta, Panameño vestía de particular y usaba ungorro pasamontañas para cubrir su identidad. Gritaba “con sangre hemos pagado y elaumento no ha llegado”, recuerda.
Esa protesta fue acuerpada por el Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP), unasuerte de sindicato, no inscrito oficialmente, que denuncia el irrespeto de derechos laboralesen la PNC. Marvin Reyes, vocero del movimiento, asegura que desde entonces, los ojos dela Policía centraron parte de su atención en detectar y perseguir a quienes ya eran figuras deliderazgo o miembros activos del movimiento. Él mismo fue destituido a inicios de 2017acusado de promover la movilización que llegó a Casa Presidencial.
La sombra de esa marcha persiguió a Panameño hasta la fecha de su arresto, en junio de 2022,y de su despido definitivo, en enero de 2023, a pesar de que su caso, que también pasó por elTribunal Disciplinario de la PNC, ya se había cerrado con una sanción administrativa.
Durante la llamada que recibió la tarde del 10 de junio de 2022, uno de “los jefes” de ladelegación de San Vicente hizo alusión a ese caso con la intención de disuadirlo. El agenterelata que accedió a moverse a la delegación de San Vicente para no dañar el trabajo delMTP, que en esos días estaba enfocado en denunciar el exceso de horas laborales de losagentes a causa de la instalación del régimen de excepción. A su llegada, el investigador diceque fue recibido por tres policías que comenzaron a cuestionarlo sobre su cercanía con elMTP, del cual él era parte, sobre Reyes y sobre otras personas que sospechaban eran“informantes” de lo que sucedía al interior de la PNC.
Panameño les advirtió que lo habían hecho llegar bajo engaños. Que no estaban tratando untema de investigación policial y que, por tanto, no tenían autoridad para cuestionarlo sobrequiénes integraban el MTP, como si se tratara de criminales. Fue entonces cuando lerevelaron la verdadera razón por la cual Panameño fue citado: unos días antes, el investigadorcompartió en un grupo de WhatsApp una fotografía de tres policías sentados, vistiendo decivil, frente a una delegación del centro del país. Los tres se negaban a vestir el uniforme einiciar su jornada laboral en protesta por los turnos de hasta 18 días sin descanso, como partedel régimen de excepción.
La fotografía fue compartida en un grupo privado de WhatsApp, donde se encontrabaPanameño y otros líderes del MTP, que, usualmente, era utilizado para que los policías noalineados con el Movimiento denunciaran irrespeto a derechos laborales.
Panameño guardó la imagen en su teléfono y la compartió nuevamente en otro grupo deWhatsApp conformado, en su mayoría, por mandos de la PNC alineados al movimiento ylíderes del MTP. Marvin Reyes relata que se trataba de un grupo al que solo se accedía traspasar por un riguroso proceso de seguridad para garantizar que sus integrantes secomprometieran con la denuncia de violaciones a derechos laborales y evitar infiltraciones.
Aún no se explican lo que sucedió o quién informó a las autoridades de la PNC sobre laimagen compartida por Panameño, pero no dudan de la vigilancia de los canales decomunicación del MTP, pues “los jefes” que citaron a Panameño tenían conocimiento de lafotografía y los detalles de la hora y el mensaje compartido por el investigador.
El 11 de febrero de 2022, cuatro meses antes de la captura de Panameño, el entonces directorgeneral de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, emitió el memorándumnúmero 01145, con el cual prohibieron a los agentes aparecer, sin autorización, en redessociales vistiendo el uniforme policial.
Marvin Reyes, vocero del MTP, está convencido de que esa prohibición fue el preludio deuna cacería interna, y que está directamente relacionada a las denuncias hechas por agentesen sus redes sociales privadas, por las extenuantes jornadas laborales impuestas desde elrégimen de excepción instaurado en marzo de 2022. Algunos de esos videos fueronviralizados en plataformas como Instagram o TikTok y retomados por agentes delmovimiento en los grupos privados de WhatsApp.
Pie de foto: Marvin Reyes, vocero del Movimiento de Trabajadores de la Policía, durante unaprotesta de agentes despedidos, realizada frente a la embajada de Estados Unidos en ElSalvador, el 13 de agosto de 2024.Foto: Factum/Natalia Alberto.
En la delegación de San Vicente, cuando Panameño les advirtió que estaban haciendoactividades de espionaje, el jefe de la delegación de San Vicente, Evaristo Padilla Campos,ordenó que lo despojaran de sus pertenencias, incluido su teléfono celular, y que fueradetenido y llevado a prisión. Panameño se desempeñaba como investigador especial de laSección de Análisis y Tratamiento de la Información (SATI) del departamento de SanVicente y por más de 20 años trabajó en descifrar patrones de coacción de los criminales paraextorsionar a sus víctimas. Basado en ese conocimiento y frente a la orden de arresto en sucontra dijo: “No saben con quién se meten”.
Esto fue interpretado como una amenaza por parte del inspector Wilson Chicas, uno de lospresentes en el interrogatorio, y bajo la justificación de la existencia de un estado deexcepción procedió a acusar a Panameño de los delitos de amenazas y apología del delito.Algo que luego sería desestimado por la Fiscalía General de la República. Panameñosospecha que se trataba del primer paso para intentar aplicarle las medidas impuestas a losdetenidos bajo el régimen de excepción y así sentar un precedente para todo aquel quedenunciara irrespeto a derechos laborales dentro de la PNC y otras instituciones del Estado.Estuvo encarcelado durante tres noches. Su liberación ocurrió dos días después de que elMTP publicara en redes sociales los detalles del caso.
La restricción no solo se limita a las redes sociales. El 11 de septiembre de 2023, los policíasrecibieron el memorándum 06516, en el que les advertían que cualquier revelación de hechos,actuaciones o lo que se etiquetara como “documentos secretos” sería considerado un delito,amparándose en el artículo 324 del Código Penal.
Reyes y otros integrantes del Movimiento aseguran que el memorándum 01145 fue la primeraseñal de lo que se convertiría en una persecución sistemática de agentes que denuncian abusosdentro de la Policía. Creen que el memorándum 06516 fue la confirmación de que la PNC hasofisticado sus herramientas para rastrear los movimientos digitales de sus trabajadores.
Para este reportaje, fueron entrevistados siete agentes. Todos coinciden en que ambasprohibiciones establecidas en estos memorándums fueron para silenciar las denuncias.
La detención de Panameño no ha sido el único acto coercitivo contra quienes luchan por losderechos laborales dentro la Policía. El MTP ha registrado numerosas acciones que, segúnsus dirigentes, tienen como propósito intimidar y desbaratar la denuncia organizada. Unosdías después del arresto de Panameño, el MTP denunció que los altos mandos de lasdelegaciones policiales de todo el país estaban exigiendo el cumplimiento de una cuotamínima de capturas en el contexto de las detenciones del régimen de excepción. Esa denunciadesató una cacería de brujas dentro de la PNC para dar con los responsables de “filtrarinformación” y órdenes que procedían de la alta dirigencia policial.
A causa de eso, el MTP ha documentado al menos cuatro casos de acoso y hostigamiento aagentes que, presuntamente, están vinculados a sus actividades. Estos incluyen trasladosforzosos de delegaciones de San Salvador hacia puntos remotos en el occidente y oriente delpaís. Los policías afectados no cuentan con vehículos, lo que los obliga a desplazarse en
transporte público, incrementando significativamente sus gastos, en un intento, según Reyes,de conseguir que los policías se desesperen y renuncien a sus cargos.
Panameño, Reyes y otro agente que pidió ser identificado como ‘Cobra’ coinciden en queexiste un plan elaborado para desmantelar la frágil y clandestina organización de losdefensores de los derechos laborales de los policías. Que existe vigilancia y persecuciónsistemática. Largas sombras que los persiguen a diario y amenazan con devorarlo todo.
Este reportaje se elaboró en el marco del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) sobre Democracia y Autoritarismo en Centroamérica.
