Serie: Intervencionitis (2/4)
Las juntas o comisiones interventoras en Honduras, en su mayoría, han dejado a la población con un mal sabor de boca.
En muchos casos, los gobiernos de turno han querido dar la apariencia que los problemas que produjo la crisis institucional han sido resueltos, pero con el tiempo vuelven aparecer con nuevas crisis con más corrupción, más pérdidas económicas y menos confianza ciudadana.
El equipo de investigación de Revistazo.com se dio la tarea de estudiar algunos casos emblemáticos tomados de los últimos cuatro periodos presidenciales para tratar de identificar algunas lecciones aprendidas. Se logró entrevistar algunos de los protagonistas y revisar los anales de la historia reciente.
Caso 1: ENEE
Presidencia: Manuel Zelaya Rosales (2006- junio, 2009)
¿Por qué se intervino?
Para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) fue nombrada una junta interventora con el objetivo de mejorar su gestión, pues había caído en un riesgo de quiebra al tener un déficit de dos mil 500 millones de Lempiras anuales para el 2007.
Actores clave
Los integrantes fueron Juan Ramón Elvir y Alfa Dolores Castillo, de parte del Ejecutivo; Benjamín Bográn (condenado por corrupción), como representante de Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP); Cristian Cálix de parte del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras (CIMEQH); y Nelson Ortega, delegado de la Central General de Trabajadores (CGT).
La comisión, posteriormente fue relevada por los nuevos interventores Arístides Mejía y Rebeca Santos (Secretarios de Defensa y Finanzas, respectivamente), quienes decidieron dar parte de la administración de la ENEE a oficiales del ejército para recuperar las pérdidas de la estatal energética. Esta es la primera ocasión que participan los militares en la administración pública -civil
La labor se centró en recuperación de la mora y negociaciones con el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), esto último, con el fin de lograr acuerdos para estabilizar el clima tras exigencias de mejoras salariales y demás peticiones.
Resultados de la interventora de 2007
El exinterventor Arístides Mejía le contó a Revistazo que durante la intervención de la ENEE se logró bajar las pérdidas de un 23 a un 19 por ciento en seis meses, pero en el futuro próximo no se logró corregir una serie de vicios que arropan a la estatal energética, como los contratos con las empresas generadoras de energía térmica, quienes se llevaban gran parte del presupuesto.
De hecho, en 2008 se anunció un ajuste tarifario que a final de cuentas hizo pagar a los hondureños los errores históricos de gestión en esa institución.
El riesgo de quiebra, una de las razones de la intervención, nunca fue disipado y la crisis económica de la ENEE terminó prolongándose hasta nuestros días.
El veredicto
A criterio del propio Arístides Mejía, la labor de una comisión interventora puede resultar “una verdadera falacia” para el pueblo hondureño si no se toman las decisiones correctas y se sigue profundizando un modelo de gestión que no es dominado desde el Estado, sino que, desde intereses privados, conocidos por algunos como grupos fácticos o fuerzas hegemónicas de la economía nacional.
"El problema de las comisiones interventoras es que se puede nombrar gente para encubrir cosas y se les paga dinero sin saber si van a corregir algo”, acotó Mejía.
A final de cuentas, el poder de la comisión no surtió mayor efecto ya que los intereses de la ENEE cayeron bajo el control de la gran empresa privada, al grado que al día de hoy ya no se puede decir que el Estado tiene el control del sector energético. A esto se le suma que la ENEE ha sido la gallina de los huevos de oro para muchos políticos y gobiernos. Como resultado, la ENEE sigue estando en crisis 13 años después, con una nueva junta interventora a la cabeza y poco o nada se ha resuelto.
Caso 2: Ministerio Público
Presidencia: Porfirio Lobo Sosa (2010-2014)
¿Por qué se intervino?
Tras severos cuestionamientos por la falta de logros tras la judicialización de casos, el Ministerio Público es otro caso emblemático que Revistazo.com analiza tras el nombramiento de una junta interventora.
Para 2011, Honduras era el país más violento del mundo, con una tasa de 86 muertes por cada 100 mil habitantes y esto generó un alto grado de impunidad (97% en el delito de homicidios) que el ente acusador del Estado no era capaz de resolver.
Los actores clave
En 2013, la comisión interventora del Ministerio Público (MP), integrada por Lino Tomás Mendoza (dirigente del Partido Liberal), María Antonia Navarro (Decana de la Facultad de Derecho, UNAH) y Miriam Guzmán (Comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública-IAIP), descubrió que de 40 mil casos que se asignaban en diversas fiscalías, sólo dos mil se investigaban con un requerimiento fiscal en un juzgado, el resto permanecía sin judicializar.
La comisión sugirió la renuncia del Fiscal General Luis Rubí y Fiscal General Adjunto Roy Urtecho, hecho que se dio tras amenazar a los funcionarios con juicio político si no dimitían.
Resultados obtenidos
La comisión reveló el enriquecimiento ilícito de 22 fiscales, sugirió la aplicación del polígrafo para contratación de personal, se identificó el retardo injustificado en la investigación de casos e interpusieron 156 denuncias contra personal de las fiscalías, incluso hasta por acoso laboral. Con ello se dio un primer paso en la evaluación y depuración de alguna parte del personal del MP.
La cooperación internacional se interesó en el proceso de darle a la ciudadanía hondureña un mejor Ministerio Público y llegó a financiar la aplicación de pruebas toxicológicas a empleados de la institución, pero todos estos esfuerzos quedaron en nada, según el interventor Lino Tomás Mendoza, quien le contó a Revistazo.com que el problema es más de legislación que de gestión.
“La ley del Ministerio Público está muy sujeta a la instrucción de Fiscalía General o Dirección de Fiscalías, y si desde ahí se instruye que se deje de investigar un caso, simplemente se deja de investigar”, lamenta Mendoza.
Para el dirigente político, la solución está en hacer una reforma a la Ley del Ministerio Público en el Congreso Nacional, pero es justo ahí donde el trabajo de la comisión vio el callejón sin salida. Esto limitó en gran manera la aspiración de reestructurar a la institución para que su funcionamiento derivara en más condenas penales.
En septiembre de 2013, un mes después de finalizada la gestión de la interventora, el Congreso Nacional eligió a la una de la madrugada del domingo 1 de septiembre a Oscar Fernando Chinchilla como Fiscal General, lo que muchos llamaron un proceso manipulado por políticos.
De hecho, dirigentes de sociedad civil como Carlos Hernández, Ramón Custodio y la ex Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, decidieron abandonar el proceso de selección en el que participaban por considerarlo falto de transparencia.
Veredicto
La sensación del nombramiento de un Fiscal afín al partido de gobierno en 2013 hizo ver a la ciudadanía que el verdadero poder sobre la designación de ese funcionario en ese tiempo residía sobre el poder político dominante del momento como una manera de blindarse de cualquier acción penal.
Siete años después, los cuestionamientos no han cesado; se exige mayor acción de fiscales, especialmente sobre actos de corrupción. A lo interno del MP el poder del Fiscal General sigue siendo lo mismo o aún mayor, con una agencia de investigación criminal que sus predecesores carecían. Tampoco se puede negar que el actual Fiscal General no ha seguido la línea del partido que los colocó, incluso llegando a tener fuertes discrepancias.
Al final, la gestión interna del MP tiene un fuerte componente vertical de mando, que caracteriza a muchas instituciones públicas. Posiblemente los cambios en el MP se deben al interés estratégico que ha tomado la cooperación internacional más que la junta interventora.
Caso 3: Depuración Policial
Presidencia: Juan Orlando Hernández (2014-2018)
¿Por qué se intervino?
La única comisión que trasciende en funciones a varios años es la Comisión de Depuración de la Policía Nacional de Honduras, que fue integrada con representantes de iglesias, sociedad civil y gobierno.
Honduras veía como en 2016, agentes de policía eran involucrados en el asesinato de hombres como Alfredo Landaverde y Julián Arístides González, lo que obligó al presidente Juan Orlando Hernández a ceder a la presión de la opinión pública y comunidad internacional para nombrar una comisión interventora que tomara las riendas de la limpieza de un cuerpo seguridad que había caído en la corrupción, crimen organizado y hasta sicariato. Este suceso venía a sumar al rosario de hechos sangrientos que involucraba a los más altos mandos policiales como conspiradores de asesinatos, extorsión, sicariato y facilitadores de narcotraficantes.
Actores clave
Los comisionados Omar Rivera, Alberto Solórzano y Vilma Morales, se encargaron de trabajar con el Secretario de Seguridad, Julián Pacheco, en el análisis de perfiles desde aspectos como el socioeconómico, entre otros.
Resultados de la depuración
A la fecha, son casi 6 mil 500 elementos de policía entre oficiales y de escala básica que han sido depurados de la institución, por razones como presuntas irregularidades y hasta retiros voluntarios.
La comisión puede decir que ha desarticulado algunas estructuras del crimen organizado y narcotráfico que tenían a elementos policiales como sus operarios dentro de la institución y se ha deshecho de oficiales que nunca buscaron abandonar viejas prácticas de corrupción o la delincuencia que les generaron un modus vivendi en el cuerpo uniformado.
Pero ¿qué falta en la depuración policial?, para todos es de conocimiento que la Policía Nacional de la década pasada no es la misma que Honduras tiene hoy. Sin embargo, la conexión entre depuración y judicialización de los casos enviados por la comisión es quizás el escollo más grande a superar, ya que son muy pocos los elementos policiales que pagan en una cárcel los actos ilícitos que pudieron cometer mientras portaban el uniforme y juraban servir y proteger a los hondureños. Esto demuestra que las interventoras no pueden ir más allá de su ámbito administrativo, sin el concierto de los operadores de justicia.
Veredicto
La Comisión de Depuración de la Policía Nacional es quizá el único grupo de personas que ha logrado dar una institución diferente a la que encontró en 2016, a pesar de los esfuerzos restantes. Sin embargo, el espacio para lograr objetivos todavía sigue vigente, ya que la vigencia de la comisión vence en el 2022.
Una vez terminada la vida de la comisión, el gobierno, la sociedad civil y la comunidad internacional deben estar vigilantes que la policía no se vuelva a llenar de “manzanas podridas”.
Caso 4: Instituto Nacional Penitenciario (INP)
Presidencia: Juan Orlando Hernández (segundo periodo)
¿Por qué se intervino?
Las cárceles de Honduras han sido uno de los grandes dolores de cabeza para los gobiernos de turno por las muertes, corrupción e ingobernabilidad general que las ha caracterizado –a pesar de millonarias inversiones en cárceles de máxima seguridad y nuevo personal. Muestra de ello es lo sucedido a finales del año pasado con una serie de hechos grotescos que atemorizó a la población y puso a Honduras de nuevo en los titulares de las noticias internacionales como país violento e ingobernable.
La muerte de Nery Orlando López Sanabria, mejor conocido como Magdaleno Meza, quien era testigo en un caso de presunto narcotráfico que involucra a personajes hondureños fue el detonante de una escalada de hechos violentos que incluyo masacres y revueltas en los centros penales.
Actores clave
Este clima de inestabilidad llevó al titular del Ejecutivo a suspender a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y nombrar a una junta interventora que, conformada por cuatro coroneles del ejército, dos comisionados de policía y un civil que hace de gerente administrativo. Nuevamente vemos un componente altamente militar a pesar que algunas voces pedían expertos internacionales para acompañar, algo que no ha sucedido.
La junta llega con plenas facultades de cesar personal, cancelar contratos o acuerdos de trabajo y con la tarea de respetar el goce de los derechos fundamentales de los privados de libertad.
A la población hondureña se le vendió la idea de una comisión que pondría orden en los centros penales, pero para nadie es desconocido que el autogobierno de privados de libertad que rige la vida dentro de las cárceles no ha parado. Justamente en estos meses de pandemia hemos conocido de un sinnúmero de hechos violentes, muertes y decomiso de drogas, armas y equipo de comunicación en las cárceles.
Los resultados de la intervención en las cárceles
Muy poco se puede adelantar de los resultados obtenidos por la comisión de intervención debido a que sus siete meses de gestión no dan un panorama claro de cambios. El hecho que recurrentemente se decomisa artefactos prohibidos, ocurren muertes y actualmente, las cárceles son los focos más altos de contagio del Covid-19, evidencia que ni los militares pueden con la magnitud del problema.
De hecho, el tema de la gobernanza de los centros penales siempre será un escollo a superar debido al autogobierno y la imposibilidad de quitarle el control a los privados de libertad en muchos espacios. Este control posibilita la corrupción del personal carcelario.
Si bien es cierto, las masares han mermado a lo interno de los reclusorios, no se visualizan políticas para responder al problema, el cual se irá agravando más a medida incremente la población carcelaria.
A lo que se refiere a la junta interventora actual, pues se ha mantenido en el hermetismo que caracteriza una operación militar. Resulta difícil formarse una imagen clara de los centros de reclusión debido a la falta de informes de gestión de la junta interventora en funciones.
Veredicto
Es importante tomar nota que antes del nombramiento de las autoridades civiles en el INP que fueron removidas por la actual interventora, la administración de las cárceles ya había sido otorgada a miembros de las Fuerzas Armadas. Parece que en ese juego de pin-pon entre civiles y militares estará el manejo de las cárceles, sin lograr cambios significativos en la problemática estructural que tiene sus orígenes en la política de encarcelamiento masivo de los gobiernos de turno –en vez de invertir más en generación de empleos y prevención social para jóvenes en riesgo.
El diagnóstico final…
En conclusión, como hemos argumentado antes, las juntas interventoras no resuelven los problemas de raíz porque los intereses de los sectores políticos, económicos, burocráticos e incluso del crimen organizado toman prioridad y vienen a definir la apertura al cambio o su reticencia. Un importante contrapeso es el rol que toma la sociedad civil y la comunidad internacional, especialmente para incidir en los cambios legales y operativos necesarios. Sin embargo, es muy difícil que estos actores pueden tener una presencia constante para evitar retrocesos.
El amargo sabor de boca que la mayoría de las juntas interventoras dejan a los hondureños, pone en cuestionamiento la capacidad de resolver las crisis institucionales que tienen los gobiernos de los últimos 15 años -en muchas ocasiones producidas por sus propios vicios históricos como la corrupción, la politización, la captura empresarial y hasta el crimen organizado. Esto explica mucha de la percepción que tiene la población sobre el rol de las juntas interventoras como paliativos o borrón y cuenta nueva.
En la Honduras ideal, las juntas interventoras no deben existir, pero mientras existan serán sinónimo de fracaso gubernamental. En la próxima nota de la serie #Intervencionitis presentaremos las valoraciones de algunos interventores que nos contaran sus motivaciones para participar, obstáculos encontrados, resultados obtenidos y recomendaciones para futuros gobiernos.