En el 2020 con la llegada de la pandemia del Covid-19, la rutina de miles de niños cambió de manera radical al no poder asistir a la escuela. En algunos casos esto derivó en poner a los menores en peligro, sobre todo a los de escasos recursos. Se incrementaron la cantidad de niñas, niños y jóvenes trabajando en las calles—y para algunos, la cantidad de presas fáciles para sus deseos malignos.
En mayo de 2020 la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Agencia Técnica de investigación Criminal (ATIC), empezaron a investigar tres denuncias de abuso sexual en contra de menores de escasos recursos. Varios de los menores fueron raptados y abusados mientras limpiaban vidrios o pedían dinero en los bulevares de la capital. Lo único que se sabía del sospechoso era que grababa a los menores con su celular.
El orgullo precede a la caída
Ante la escasez abrumadora de pistas, la DPI y la ATIC solicitaron apoyo a un programa que se ha hecho fiel aliado en la búsqueda de justicia para menores hondureños sobrevivientes del abuso sexual: El Proyecto Rescate de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). El Proyecto Rescate tiene más de diez años de trabajar en la protección de menores que han sido víctimas de violencia sexual.
Parte de su misión es colaborar con los entes de investigación del Estado para identificar y capturar a los agresores de las víctimas. A través de los años han cosechado muchos éxitos. Por ejemplo, se colaboró junto al Ministerio Público en la condena de Luis Gustavo Soto Castillo, un violador serial que abusó de mujeres y niñas de entre 11 y 23 años, de las cuales tres eran menores de edad
Hasta la fecha se han logrado tres condenas en contra de Soto, sumando una pena de casi 20 años de prisión. Además, aún están pendientes un juicio por la violación de una mujer y tres procesos por violación de menores.
Los investigadores de Rescate lograron identificar otras denuncias similares a los que ya eran de conocimiento de la DPI y la ATIC. Encontraron que el atacante podría ser el autor no solo de los tres casos sino de siete, ya que había un patrón en la forma de atacar. Trabajando en conjunto se hizo un perfil del atacante, se revisaron las cámaras seguridad privada y del Sistema Nacional de Emergencia 911, y se montó vigilancia en las zonas donde atacaba.
En tan solo cuatro semanas de investigación se logró dar captura al supuesto violador, fue procesado por seis denuncias donde las víctimas lo identificaron plenamente.
Castigo para el violador es solo una pieza en la recuperación de los sobrevivientes
Que un violador enfrente consecuencias por sus actos puede ser un elemento clave para la recuperación de los sobrevivientes de sus abusos. Sin embargo, se requiere mucho más que la condena del agresor para lograr la recuperación plena. Por eso, además de realizar trabajo investigativo y legal, Rescate brinda apoyo psicológico para niñas y niños víctimas de crímenes sexuales y sus familiares, para que se recuperen del trauma y así superen estas experiencias.
Con el apoyo de Rescate, los sobrevivientes y sus familias siguen luchando recuperar sus vidas después de pasar por la pesadilla que les impuso el violador de la San Miguel. Contamos las historias de dos de estas sobrevivientes en los capítulos 2 y 3 de esta serie.
¿Por qué la justicia es la excepción y no la regla para el abuso sexual en Honduras?
Según datos del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), al menos 927 menores sufrieron abuso sexual en Honduras entre enero y octubre de 2020, muy pocos de estos casos logran llegar a los Juzgados ya que no son ni han sido una prioridad investigativa.
La participación de Rescate en el análisis de casos y en la investigación hacen la diferencia en muchos sentidos, primero dedicando recursos para la identificación de los abusadores, acompañando a las autoridades en los juicios hasta conseguir la condena. Apoyan a las víctimas y las familias con tratamiento psicológico para que puedan llevar una vida sana y normal, servicio que debería de brindar el Estado, pero que cumple muy pocas veces.
Pero también salvan a incontables víctimas potenciales, ya que si estos casos se mantienen impunes, los atacantes seguirían acumulando víctimas.
El Estado debe de cumplir con la obligación de proteger a los menores y en primer lugar crear sistemas de prevención y educación contra el abuso para menores y para sus padres, pero en los casos en que no se pueda evitar, se debe de fortalecer la capacidad investigativa de la DPI, ATIC y del MP.