En los próximos días vendrá una nueva prueba para la institucionalidad pública y la democracia hondureña. En medio de una de las más grandes crisis de credibilidad que ha vivido la clase política hondureña de los últimos 30 años, el Congreso Nacional (CN) dará inicio al proceso para una nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) que activará una nueva ronda de luchas de poder y negociaciones oscuras -es más, ya el Dr. Oliva se ha tardado 15 días en convocar…
La CSJ es unas de las instituciones públicas más cerradas y opacas que hay en el país, evidencia de esto es que 6 de cada 10 hondureños no le tiene confianza. Nos enteramos de la CSJ cuando aparecen las ya cíclicas pretensiones reeleccionistas o cuando se quiere asegurar la impunidad de ciertos actos – pasados o futuros. Pero el resto del tiempo, la CSJ pasa por debajo del radar y dudo mucho que el 99% de los hondureños reconozca la imagen de otro magistrado más que la del presidente de la Corte.
Lo anterior no es accidental, es más, es inducido. Todo está fríamente calculado para que la CSJ tenga un perfil bajo para que sirva de bufete del poder político y económico de Honduras–no es de extrañar que cuando no le responden al cliente, una Sala de lo Constitucional es removida o que históricamente han habido más magistrados que provienen del ejercicio privado que de la función pública. La gran tragedia de todo esto es que la CSJ al perder su independencia, la pierde el resto de los órganos, tribunales y juzgados del Poder Judicial.
La politización es la raíz de los problemas del Poder Judicial, pues se afectan los objetivos institucionales, no hay una aplicación imparcial de justicia, los recursos financieros y humanos no se administran adecuadamente, se generan oportunidades para la corrupción y las reformas legales que se logran dar después de años de trabajo y millones invertidos por la cooperación internacional, se ven modificadas para adaptarse a los intereses de la clase política.
Ahora bien, ¿cómo todo esto afecta al hondureño que posiblemente jamás tenga que poner un pie en un juzgado, menos presentar un amparo en la CSJ? Equivocadamente, se cree que el sistema de justicia sirve únicamente para dirimir conflictos. Sin embargo, el sistema de justicia a través de su funcionamiento, desempeño y resultados es el epicentro del estado de Derecho hondureño.
El estado de Derecho va más allá de la aplicación o interpretación de las leyes, implica valores y aptitudes sobre legalidad, convivencia, igualdad y orden. En términos prácticos, entre más fuerte y consolidado es el estado de Derecho, mayor confianza y aceptación habrá por parte de las personas de las reglas que ordenan la sociedad hondureña; mayor observancia a la ley y menos impunidad; mayor protección de la propiedad privada y menos inseguridad jurídica; mayor honramiento de contratos sociales y menos desigualdad; mayor respeto a la vida humana y menos violencia. Todo esto trasciende la CSJ y el Poder Judicial, y viene a impactar en nuestras vidas privadas, como públicas. Es por eso que necesitamos recuperar la naturaleza pública de la CSJ.
Si los magistrados se eligen únicamente por méritos profesionales, capacidad e integridad –y no por su color político o benefactor económico-, pues el Poder Judicial tendrá jueces más capacitados, probos e independientes. Si un presidente de la CSJ acepta que su función no es administrar recurso humano o manejar presupuesto, sino conducir la política de justicia del país junto con el resto de la Corte y los demás órganos jurisdiccionales, pues veremos un Poder Judicial que responde a las necesidades de los más vulnerables y menos favorecidos de la sociedad. Por otro lado, si nosotros como ciudadanos estamos más pendientes del desempeño de la CSJ y no solo le ponemos atención únicamente cada 7 años, pues tendremos una Corte más transparente y que rinde cuentas.
El legado autoritario en Honduras, ha contribuido a que las instituciones públicas sean jerárquicas, al igual que sus liderazgos. El Poder Judicial debido a su estructura organizacional en juzgados, tribunales y cortes, es aún más vertical; asimismo, altamente centralizado, con más del 60% de sus 1,9 mil millones de lempiras ejecutados a nivel central. Esto ha hecho que la CSJ sea apetecible. Como una frase que uno aprende en la Facultad de Derecho “Quien hace la ley, hace la trampa”, pues en el caso de la CSJ, “Quien controla la Corte, aplica la trampa”. Tendremos que ver si estamos dispuestos a cambiar esta trayectoria histórica, si realmente queremos vivir en un estado de Derecho y dejar de tropezar en la misma piedra de la impunidad, la corrupción y la desigualdad.
