Los conflictos son parte de toda sociedad, sin ellos la humanidad no puede llevar a cabo cambios. En el caso de Honduras, el problema de los conflictos es que en su mayoría son destructivos donde una parte impone su voluntad sin importar la otra o las consecuencias que tiene para el país.
Para el caso del conflicto electoral, este no surge en el vacío, ni tampoco es el único que se manifiesta en Honduras. Pero, un importante aprendizaje que deja la crisis del 2017 es que el conflicto electoral, no solo se escala fácilmente a episodios de violencia (lenguaje de odio, amenazas, agresiones físicas, muertes), sino que debilita las instituciones, polariza la sociedad hondureña y detona nuevas crisis que toman por sorpresa a todos como han sido las caravanas de migrantes
Diversas encuestas a lo largo de los últimos años han evidenciado que el conflicto electoral y la violencia política tienen fuertes repercusiones en la capacidad de gobernar de un presidente, en la posibilidad de generar empleos o incentivar la inversión privada y en el sentimiento popular que se tiene del futuro del país. Estos efectos demuestran la fuerte interdependencia que existe entre el Estado y la sociedad, donde los partidos políticos sirven de importante correa de transmisión.
Si se conoce los daños que produce el conflicto electoral ¿por qué no se ha podido prevenir o controlar en Honduras? La respuesta no es tan sencilla, existen por lo menos tres causales de conflicto electoral.
- Contexto de fuerte regresión democrática. Honduras en términos realísticos nunca ha sido una democracia funcional. El mayor avance que ha tenido en sus 40 años es en poder tener elecciones periódicas, mientras que ha visto fuertes retrocesos durante los últimos 15 años en el goce de las libertades civiles y el control del poder político. La regresión democrática incrementa el conflicto a través del autoritarismo, mientras que reduce los contrapesos institucionales debilitando los órganos electorales y la justicia.
- Reglas electorales inciertas y excluyentes que se aplican selectivamente. Cuando la exclusión política se combina con un sistema multipartidista cada vez más competitivo, surgen acciones para limitar y obstaculizar la participación de nuevos contendientes. Una forma efectiva para excluir es a través de las reglas del juego electoral que básicamente definen “el cómo” y “quién” participa. Este tipo de exclusión produce conflictos cuando se aplica la ley de manera selectiva y la parte o partes afectadas se perciben en desigualdad política.
- La lucha por recursos, ingresos, privilegios, cuotas de poder. En un país como Honduras, donde las oportunidades económicas para la población se han visto sustancialmente reducidas en los últimos años y exacerbadas por el Covid-19 y fenómenos naturales, la recompensa por ganar elecciones lo es todo. Detrás de un proceso electoral está en juego altas sumas de dinero, negocios para los próximos años y los privilegios que el Estado otorga, hace que los incentivos económicos posiblemente sea la principal causa del conflicto y la violencia.
Las causas del conflicto y la violencia electoral son claras, el problema está en su abordaje en el corto plazo; es decir, ¿qué se puede hacer en menos de 100 días? El último proceso electoral en Honduras ha dejado en evidencia que la sociedad hondureña requiere ir más allá de esperar que los políticos voluntariamente cesen las hostilidades. Si realmente se quiere evitar tener una crisis como la de las elecciones del 2017 tendrá que haber un mayor esfuerzo de los actores externos que tienen el oído de los políticos. Tal como la democracia que se diseña en 1980 fue un pacto entre las élites políticas del momento, con el auspicio de grupos empresariales, líderes sociales, militares y la Comunidad Internacional, así se tendrá que trabajar para asegurar una transición pacifica del poder en el 2022.