Al menos cuatro candidatos de distintos partidos han sido acusados en los últimos días por el Ministerio Público de delitos de fraude, lavado de activos e incluso tráfico de drogas, pero increíblemente la nueva Ley Electoral les garantiza que sigan en contienda.
Reynaldo Ekónomo busca su tercer período consecutivo como diputado del Partido Nacional en el departamento de Cortés. A finales de septiembre la Unidad de Apoyo Fiscal (UNAF), lo acusó por los delitos de lavado de activos y fraude, solicitando auto de formal procesamiento con prisión preventiva, pero se le dieron medidas sustitutivas a la prisión y se le retiró el delito de lavado de activos.
Según el ente fiscal, entre 2010 y 2014 Ekónomo era funcionario del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y firmó contratos de emergencia por ocho millones de lempiras (unos 320 mil dólares), para la instalación de un sistema eléctrico, mismo que habría sido sobrevalorado y la obra tampoco fue concluida.
Agrega el MP que además de no cumplir con los requisitos de contratación, una vez adjudicada la obra se le aumentó el valor sin justificación. Ademas, la empresa que manejaba el proyecto habría entregado varios cheques a nombre de familiares cercanos del diputado Ekónomo.
Estas acciones serían parte del saqueo al Seguro Social donde se drenaron más de 6,300 millones de lempiras que se usaron para campaña del Partido Nacional y en lujos de los directivos y proveedores, se estima que más de tres mil personas fallecieron por falta de atención y medicamentos en ese período.
Nancy Santos Reyes es la suplente de Pedro Chávez, aspirante a diputado por el Partido Nacional en Francisco Morazán y juntos fueron los más votados en las internas de ese partido a nivel nacional. Pedro es hermano de David Chávez, actual diputado, Presidente del Partido Nacional y aspirante a la Alcaldía del Distrito Central.
Nancy es la esposa del actual alcalde de Talanga, Roosevelt Avilez. Ella, su esposo y cuatro integrantes más de su familia fueron capturados a mediados de octubre, todos guardan prisión y son acusados por tráfico de drogas y lavado de activos.
El MP informó que los detenidos tenían un patrimonio superior a los 300 millones de lempiras (unos 12 millones de dólares), provenientes de una estructura dedicada al tráfico ilícito de drogas.
Roosevelt no es candidato nuevamente a la Alcaldía porque fue derrotado en las elecciones primarias por su hijo, que lleva el mismo nombre y también es miembro del Partido Nacional. Roosevelt hijo sigue en campaña.
¿A la presidencia o al presidio?
Santos Rodríguez Orellana es el candidato presidencial del Movimiento Independiente Dignidad y Esperanza (MIDE). La semana anterior fue detenido por lavado de activos y también acciones relacionadas al narcotráfico.
Santos es un excapitán del ejército separado por baja deshonrosa en el 2016. Según la acusación del MP, cuando aún era parte de las Fuerzas Armadas realizaba operativos en el sector de Brus Laguna, departamento Gracias a Dios, y se quedaba con dinero, droga y las armas que decomisaban en operativos. También se le vincula con la ejecución de un informante de la DEA.
Según el MP, Orellana tenía movimientos económicos por casi 240 millones de lempiras y le fueron incautados 32 bienes, 15 inmuebles, siete sociedades mercantiles y diez vehículos. Orellana alega que es una persecución política ya que él fue el primero en denunciar los vínculos del exdiputado, Juan Antonio Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández, con el narcotráfico.
Junto a Orellana se acusa a su esposa Jennifer Lizzeth Bonilla capturada en Tegucigalpa y su suegra Reina Lizeth Bonilla capturada en Copán.
También aspira a la presidencia Marlon Escoto Valerio, exdirector de Educación y de la Universidad Nacional de Agricultura (UNA), quien está acusado junto a unas 19 personas más por abuso de autoridad mientras comandaba la UNA, según la Fiscalía favorecieron a empleados de esa universidad con nivelación de salarios y habrían causado un perjuicio de 164 millones de lempiras (unos 6.5 millones de dólares).
Nueva Ley Electoral les permite seguir en contienda
Todas estas acusaciones no son suficiente para sacar a alguien de la carrera por un puesto en las elecciones de noviembre, ya que la nueva Ley Electoral aprobada en mayo de 2021 no permite actuar contra candidatos a menos que estos tengan sentencia firme en su contra.
“Las actuaciones judiciales contra cualquier candidato a cargo de elección popular desde la fecha de su inscripción hasta la Declaratoria de las elecciones respectivas, no surten efecto de inhabilitación salvo si ésta fuese el objeto principal de la pretensión y recayere sentencia firme condenatoria”, reza el artículo 311 de la mencionada ley.
Según Juan Carlos Aguilar, de la Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), la nueva ley electoral le da un blindaje a la clase política, por lo que cualquier actuación judicial no surte ningún efecto para inhabilitarlo “en el caso de Santos y la esposa de Roosevelt pueden seguir como candidatos, porque se ocupa una sentencia firme para inhabilitarlos, lo cuál obviamente no va a pasar porque va a ser antes la elección”.
Pero al parecer ni siquiera la sentencia firme es suficiente para inhabilitar a alguien. El candidato a Diputado por Libre en Francisco Morazán, Rassel Tomé, fue condenado en junio de 2019 a tres años de prisión por abuso de autoridad y ratificó la sentencia quedando firme en julio de este año, pero ni así tomó acciones el Consejo Nacional Electoral para inhabilitarlo y sigue en la contienda.
Según analistas, la reforma se habría hecho para proteger al candidato presidencial nacionalista Nasry Asfura, ya que había sido acusado por el Ministerio Público por malversar unos 30 millones de lempiras (equivalentes a 1.2 millones de dólares), pero la acusación se suspendió ya que la corte determinó se necesita una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas.
