El pasado octubre habitantes del Sector Dos de la Colonia Villa Nueva en la capital fueron víctimas de amenazas por parte de miembros de pandillas el pasado 25 de octubre, quienes les exigieron que abandonaran sus casas o pagarían con su vida.
“A la casa de nosotros llegó un vecino y nos dijo que los de la pandilla habían dicho que abandonáramos las casas o nos iban a matar”, dijo Víctor (nombre ficticio para proteger su identidad), quien vive en la zona.
Continúa relatando a Revistazo con visible temor que salió de su casa esa mañana a ver qué pasaba y ya se notaba el movimiento en las casas de más abajo sacando cosas a la calle. Explica que él vive en una zona alta que aún no está completamente poblada.
“Regresé a la casa y le dije a mi tía con la que vivo que mejor irnos, en ese momento no se puede saber si es verdad o mentira lo que a uno le dicen, pero mejor creer porque ya nos ha afectado esa gente”, relata. Comentó que al menos dos personas de su familia había sido asesinados en la zona en los últimos años.
La noticia se esparció velozmente y la policía llegó a dar seguridad en la zona. Yester Fernández, quien es inspector de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), explica que ese es un caso de desplazamiento forzado que se da desde hace tiempos en diversos lugares del país.
“No se había dado a gran escala en este año. la Policía Nacional realizó una intervención para analizar y estudiar el caso y así realizar las respectivas capturas”, detalló. Agrega que específicamente en Villa Nueva se están mandando de 150 a 200 efectivos policiales para bajar la incidencia y darle respuesta a los problemas de los ciudadanos.
Fernández explica que las pandillas han sacado a los ciudadanos para tener más control de la zona, ya que existe una pelea de territorios entre la Pandilla 18 y la Mara Salvatrucha. “Villa Nueva se divide en diversas zonas. Los grupos delincuenciales han trazado una línea divisoria que le llaman línea de fuego donde se han dedicado a la venta de droga, secuestro y sicariato”, por lo que pelean por más territorio y los habitantes quedaron en medio de la guerra entre ambos.
Pero según le comentaron a Víctor sus vecinos, la represalia de las pandillas sería porque han capturado algunos de sus miembros y piensan que los informantes habitan en la zona donde los desplazaron. “Ahorita lo que dijeron fue que habían agarrado a una gente de ellos y que los sapos que habían dicho a la policía vivían ahí, aunque yo de eso no sé nada”, dijo Victor.
Víctor y su tía salieron ese día de su casa y no han regresado a pesar de la presencia policial. Están viviendo con otros parientes en otro sector de la capital y analizan si regresar o no, ya que es un riesgo grande.
“Lo único que podemos hacer es buscar donde alquilar o quedarse arrimados como ahorita, la casita es de uno y da pesar dejarla abandonada, pero es mejor irse porque la policía hoy está y mañana no y la verdad es que ellos (pandilleros), son los que controlan”, concluyó Victor.
La aseveración de Víctor al decir que “ellos controlan” la zona, se ve confirmada por un macabro hallazgo. El pasado sábado 12 de noviembre fueron encontrados varios cadáveres enterrados en una fosa común dentro de una cueva en la zona limítrofe entre la Villa Nueva y Los Pinos. Preliminarmente se dijo que eran al menos cinco los cuerpos sin vida.
La intervención de la policía ha dejado al menos cinco personas capturadas. También han decomisado municiones, chalecos, cámaras de seguridad y teléfonos a los cuales se les está haciendo vaciados en búsqueda de más evidencias. La policía no descarta realizar más capturas.
Según el informe Desplazamiento Forzado Interno en Honduras 2021, realizado por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, el registro de casos aumentó en un 60 por ciento, pasando de 544 en 2020 a 917 en 2021.
En 2022 se ha desatado más la actividad de las pandillas. Aunque el desplazamiento forzado muchas veces es invisible por no ser denunciado, se nota el aumento a través de la extorsión.
La propia viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, dijo a medios de comunicación que “la extorsión se ha disparado, no lo vamos a negar, claro que sí, en este momento tenemos presente eso y debe haber una estrategia que vaya más allá de resultados empobrecidos”.
El líder del transporte Jorge Lanza dijo que le da a este gobierno el mérito porque siempre tiene la anuencia de reunirse con ellos, pero que actualmente están peor que nunca con respecto a la extorsión, teniendo que pagarla hasta a seis grupos criminales.
En respuesta a esta problemática el gobierno decretó un estado de excepción parcial desde el tres de diciembre y por 30 días en 162 barrios y colonias de la capital y San Pedro Sula. En los primeros 20 días de fueron capturados alrededor de 500 personas a quienes se consideran ligadas a estructuras criminales.
