Tegucigalpa.- La participación de la mujer en el más alto nivel de la justicia de Honduras podría estar cerca de equilibrarse frente a la histórica hegemonía masculina.
Si la deducción se hace a partir de lo que establece la Ley para el funcionamiento de la Junta Nominadora para la selección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, los espacios para las mujeres se verán ampliados.
De las 86 personas postulantes que quedan, los hombres ocupan la proporción más amplia, con un número de 55. Las mujeres aspirantes son 31. Dicho de otro modo, el 64 por ciento de la lista de los aspirantes es hombre, mientras las mujeres que compiten son apenas el 36 por ciento.
La Ley vigente establece que en el listado de los 45 candidatos que la Junta Nominadora debe remitir al Congreso, deben aparecer no menos de 23 mujeres y que el Congreso Nacional debe escoger no menos de siete en el grupo de 15 nuevos magistrados.
HEGEMONÍA MASCULINA HISTÓRICA
Si bien en los últimos 50 años Honduras ha tenido a varias mujeres incorporadas en el máximo tribunal de justicia, nunca ellas han sido mayoría en el pleno. Ni siquiera han llegado a tener paridad.
De hecho, en la actual Corte Suprema sólo cinco son mujeres, el 33 por ciento. Los hombres son diez, es decir el 66 por ciento. Durante los últimos cuarenta años, solo una vez la Corte Suprema de Justicia de Honduras estuvo presidida por una mujer. Se trató de Vilma Cecilia Morales Montalván, quien administró el Poder Judicial del 2002 al 2009.
La primera mujer magistrada de la Corte Suprema de Honduras, fue la abogada Edith Rivera de López Castro, una abogada sampedrana con una dilatada carrera en la judicatura y la docencia universitaria que se desempeñó en el supremo tribunal entre 1983 y 1986.
Un informe del Relator para la Independencia de Jueces y Magistrados de las Naciones Unidas reportó en el año 2021 que “las magistradas en cortes supremas de 18 países de América Latina representaban, a finales de 2019, un promedio del 27,5 % del total”.
Honduras, de acuerdo con ese reporte, estaba entre los cuatro países que tenían una representación entre el 30% y el 40% de mujeres, compartiendo espacio con Chile, El Salvador y México. Ecuador es el único país donde más del 50 por ciento de las magistradas del supremo tribunal son mujeres.
NUEVA LEY, NUEVO DESAFÍO
El Relator sostiene que “el establecimiento de cuotas en la administración de justicia es una herramienta eficaz y necesaria a la hora de invertir tendencias históricas de predominio del hombre en estos sectores. La adopción de cuotas supone un avance para incorporar a las mujeres en todos los sectores del Estado, en general, y en las carreras judicial y fiscal, en particular.
En ese sentido, a mediados del 2022, el Congreso Nacional aprobó una nueva Ley de la Junta Nominadora para la selección de magistrados y magistradas del Poder Judicial. Una de las novedades de ese marco jurídico fue la intención de asegurar la equidad de género en la integración de la nueva CSJ.
El artículo 21 de esa Ley hace referencia a la fase final del proceso en el que, del total de aquellos profesionales del Derecho que se hayan postulado y superado las distintas etapas, los nominadores deben escoger a 45, tres por cada uno de los cargos a elegir. En esta fase, dice la Ley, los candidatos deberán ser divididos en dos grupos: mujeres y hombres.
Como resultado, la nómina que se remitirá al Congreso Nacional se integrará con veintitrés (23) mujeres y veintidós (22) hombres.
AMPLIAS POSIBILIDADES EN FASE DE CONCURSO
Si la Junta Nominadora hace una interpretación literal de este artículo 21 de la Ley, significa que de las 35 mujeres que quedan compitiendo, las 23 mejores evaluadas de ese grupo, deben aparecer en la nómina final de 45. Eso es, que las mujeres que quedan en la competencia tienen más posibilidades de ser electas para la nómina final. Solo 8 no aparecerán en ese listado que llegará al Congreso.
De los 55 hombres que están en la fase final de la competencia, 22 deben aparecer en la nómina final. Significa pues que 33 de los abogados aún con “vida”, quedarían fuera de la nómina. Ese número es claramente más alto que las 8 mujeres que no entrarían en la lista final.
Si bien aquí hay una afectación sobre las posibilidades de los candidatos hombres, la equidad para cada género sí está garantizada en la última etapa del proceso, es decir, cuando el Congreso Nacional haga la selección final de los 15 magistrados y magistradas de la nueva Corte Suprema.
LEGISLATIVO OBLIGADO A LA EQUIDAD
El artículo 22 de la Ley también impone al Poder Legislativo una obligación relacionada con la equidad de género. “En su elección final, el Congreso Nacional mantendrá la paridad de género eligiendo no menos de siete (7) mujeres como magistradas de la Corte Suprema de Justicia”, establece el marco legal.
Así, en este punto, atendiendo lo establecido en la Ley secundaria, las posibilidades para hombres y mujeres y mujeres vuelven a equipararse. Tanto las abogadas como los abogados que lleguen en la nómina final, tienen la misma posibilidad de ser electos por el Congreso Nacional.
Ahora, se hace preciso establecer que la Constitución de la República, en cuanto a las formalidades para seleccionar la Corte Suprema de Justicia, no obliga al Poder Legislativo a hacer prevalecer paridad entre hombres y mujeres (Artículo 311 Constitucional). La obligación de equidad viene dada por una Ley secundaria (Artículo 22 de la Ley para la Junta Nominadora).
Entonces, la pregunta que flota en el ambiente es sí el Congreso Nacional se sujetará a lo que señala la Ley secundaria, o se hará valer de la libertad que permite la Constitución de la República, en la que no se establece condicionante alguna para que haya paridad entre hombres y mujeres en la integración del máximo tribunal del país.
LA TRENZA ¿GARANTÍA DE CAMBIOS EN LA JUSTICIA?
En conversación con JudiLeaks, Paulina Aguirre Suárez, la primera mujer presidenta de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, considera que es importantísimo que las mujeres formen parte de los máximos órganos judiciales en condiciones de paridad frente a los hombres y opina que Honduras, con el proceso en curso, se está abriendo a una oportunidad histórica.
“Habiendo mujeres en ese Poder Judicial habrá muchísimos beneficios porque las mujeres normalmente resolvemos los procesos judiciales con visión de género en aquellos juicios en que son parte otras las mujeres”, expresó Aguirre, una jurista con larga carrera judicial en su país.
“Resolver con enfoque de género es ponerse en los zapatos de las otras mujeres, escuchar sus testimonios y ordenando medidas de reparación, pero no con esto digo que las juezas mujeres se parcializan”, declaró.
No obstante, la profesional del Derecho señaló que la garantía del cambio en el sistema judicial reside en el hecho de que las magistradas que resulten electas demuestren su capacidad y su conocimiento al servicio de la justicia, abriendo además camino a las demás mujeres hondureñas.
MUJERES, EL DEBER ES CON LA PATRIA
En este punto coincide la ex directora del Instituto Nacional de la Mujer de Honduras (INAM), Selma Estrada, quien comentó a JudiLeaks que, ha habido momentos en que las mujeres hondureñas se han sentido decepcionadas al ser representadas por algunas de ellas en altos cargos, éstas han seguido comportamientos bajo la égida de los hombres, siendo obedientes y no deliberantes.
No obstante, Estrada reconoció que no es fácil para las mujeres en los cargos romper los patrones de una masculinidad mal hecha, producto de la costumbre, lo que al final se refleja en los resultados el trabajo que se les confía por su preparación y porque son mujeres ciudadanas con igualdad de derechos.
Por tanto, dice la abogada Estrada, debe estar en la conciencia de las nuevas magistradas que su deber es con la Patria, con sus familias y con ellos mismos, y no con sus partidos políticos, que son los que las promueven para los altos cargos.
Hablando desde su experiencia como primera mujer presidenta de la Corte Suprema ecuatoriana, después de más de 183 hombres en ese cargo a través de la historia, Paulina Aguirre dijo que la paridad en el Poder Judicial y la posibilidad incluso de que una mujer presida el máximo tribunal de justicia hondureño, podría ser motivo de orgullo para un país que ahora tiene a la primer mujer en la titularidad del Poder Ejecutivo.
Aguirre opinó que los congresistas hondureños tendrán la posibilidad de materializar la trenza en la configuración de la próxima Corte Suprema de Honduras, pero consideró que esto solo será posible si respetan el espíritu del proceso, tomando en cuenta los mejor puntuados.
Viendo al futuro, la exdirectora del INAM estima que al país le hace falta educación, para que estos procesos de integración no se den por decreto, sino producto de las enseñanzas en el seno del hogar, en las escuelas, colegios y universidades, para poner fin a las agresiones contra las mujeres, en todos los espacios.
