Notificar los hechos que den lugar a los reparos o responsabilidades en que hayan incurrido los servidores públicos, es una de las obligaciones que de acuerdo a Ley, debe cumplir el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Sin embargo, la falta de procedimientos para la notificación, pone en riesgo la recuperación de los recursos y la estabilidad emocional de los docentes señalados de recibir pagos irregulares.
A pesar de mantener un informe que demuestra que la Secretaria de Educación Pública hizo pagos anómalos por valor de 901 millones 456 mil 729 lempiras, a 10 mil 500 maestros en concepto de beneficios colaterales de sus salarios, el TSC detuvo el proceso de notificación al considerar que la acción les llevaría aproximadamente ocho años.
“Es una tarea bastante grande ya que se tienen que hacer pliegos de responsabilidad a cada uno de los 10,500 maestros. Estos pliegos sustentan por qué se le está haciendo un reparo a cada docente. Antes de hacer las publicaciones de notificación, se necesita tener listos todos los pliegos de responsabilidad”, justificó Alba Rivera, Secretaria General del TSC.
Notificación personal en las oficinas del Tribunal, entrega a domicilio, correo certificado y la publicación en un diario de circulación nacional, son las distintas formas que establece la ley para que el TSC pueda hacer las notificaciones de los reparos.
Según la secretaria general del TSC, las autoridades determinaron hacer las notificaciones a través de la publicación en un diario de circulación nacional. Esto según ella, porque cualquiera de las demás formas de hacerlo, erogarían gastos aproximados de 7 millones de lempiras anuales. En el diario el costo de divulgación es un millón por año.
¿TSC no tiene recursos?
En declaraciones a distintos medios de comunicación, la secretaria general del TSC dijo que el proceso de notificación fue suspendido mientras el organismo contralor logra establecer una manera más expedita y que implique menor costo para informar a los docentes de sus responsabilidades.
Cabe mencionar que el TSC recibe asignaciones presupuestarias de 190 millones de lempiras anuales y que además, para esta auditoría recibió fondos del Banco Mundial. Es decir, la justificación que por falta de presupuesto no se continúa el proceso de notificación, carece de sustento creíble.
Notificación finalizaría hasta 2016
La notificación de los reparos inició en septiembre de 2010 y continuó durante diez meses. Hasta junio de 2011, mil cuatrocientos ochenta y cinco docentes habían recibido su informe. Las notificaciones se hicieron una vez cada 2 ó 3 semanas con listados de 100 profesores por publicación.
Tomando en consideración que para notificar los reparos a 1485 maestros el TSC se demoró diez meses, es lógico decir que para informar de su situación a 10,500 profesores, esta institución contralora del Estado se estaría demorando alrededor de 81 meses. Es decir, el proceso terminaría en mayo de 2016.
Debido a que la cantidad de notificados depende del número de pliegos de responsabilidad que elabore el departamento de auditoría, la Unidad de Transparencia del TSC, informó que para el presente año no existe meta determinada de docentes a notificar. Indicó que por cada día, lo más que un auditor puede realizar, es un pliego de responsabilidad. “Si hay 20 auditores trabajando en la elaboración de pliegos, pueden elaborar solamente 100 por semana”, afirma.
¿Persecución política?
De acuerdo a la dirigencia magisterial el señalamiento directo a los docentes sin tomar en cuenta la responsabilidad que habría tenido la Secretaria de Educación, en el supuesto pago irregular de beneficios colaterales, no obedece más que a una persecución contra los maestros que salieron a las calles para protestar contra el golpe de estado de junio de 2009.
El 28 de junio de 2009, el magisterio nacional se volcó a las calles para protestar contra el golpe de estado que derrocó de la presidencia de la Republica a Manuel Zelaya Rosales. “El TSC, sabemos perfectamente bien del lado de quién está, hay directores que están siendo reparados por haber cerrado los colegios después del golpe de Estado”, afirma la dirigencia magisterial.
Dirigentes de diversos colegios magisteriales han recomendado el levantamiento de un estudio minucioso, para determinar las responsabilidades de cada uno de los maestros, pues aseguran no estar de acuerdo con la publicación en los diarios, en lugar de llamar a los profesores y darles a conocer la responsabilidad que adquirieron al recibir pagos indebidamente.
Mientras el Tribunal Superior de Cuentas siga mostrando debilidad en el proceso de notificación y cobro de los recursos que la Secretaria de Educación pago indebidamente a los maestros, la recuperación de los 900 millones de lempiras, se será una acción imposible de realizar.
