La concentración de tierras en Honduras, cuyos pendientes sin resolver se remontan a la reforma agraria impulsada por el Estado en los años‘70, ha derivado en el auge de la industria extractiva de palma de aceite y su impacto en las comunidades que habitan el valle del Aguán, en la costa atlántica. Uno de los favorecidos de aquella reforma inconclusa fue el grupo del empresario Miguel Facussé, fallecido el 2015, y sus herederos, quienes actualmente lideran la mayor corporación de producción y exportación de aceite de palma al extranjero. Dicho modelo se repite con otras compañías del rubro y ha generado un clima de abuso de poder, desalojos violentos y asesinatos a lo largo del Aguán. A pesar de la asimetría de fuerzas, las comunidades de la zona han hecho un juramento de lealtad: resistir en el valle.
Nacieron aquí, pero quedarse puede costarles la vida. Algunos han muerto —nueve personas solo en lo que va del año— por defender el agua y territorio en el Valle del Aguán en el departamento de Colón, al nororiente de Honduras y al borde del Mar Caribe. La violenta presencia militar y paramilitar es más recurrente, pero los campesinos de la zona han prometido defender este fertil valle. Las comunidades están enfrentadas, principalmente, contra la Corporación Dinant, una de las principales compañías del país dedicada a la producción, procesamiento y exportación de palma africana, que tiene entre sus principales clientes a la transnacional Unilever de capital británico, entre otras.
La familia Facussé, propietaria de Dinant —en el pasado registrada como Corporación Cressida—, es una de las más poderosas de la región centroamericana. Se consolidó en esta posición entre las décadas de los ‘60 y ‘80. Lo que inició como una pequeña productora de artículos de limpieza fundada por el patriarca Miguel Facussé Barjum en 1970, se convirtió en un imperio familiar que se dedica ahora a la producción de palma con Dinant y a la generación de energía eléctrica con Grupo Facussé, que también abarca rubros de telecomunicaciones, agroindustria, industria liviana y textiles.
En los primeros años de la década de los ‘70, durante el gobierno del nacionalista Oswaldo López Arellano, el Estado impulsó la Ley de Reforma Agraria, mediante la cual se redistribuyeron a familias campesinas las tierras de pequeñas cooperativas principalmente ubicadas en el litoral atlántico. Con la reforma agraria, el apoyo de la banca internacional y el aval del Estado, así como la corporación nacional de inversiones, Facussé consiguió préstamos en Bank of America y Lloyds Bank International, financiando así el crecimiento de su compañía.
Para los años ‘80, Dinant incursionó en el negocio de la tierra y la palma con Agrícola Cressida del Aguán S.A., al igual que otras compañías nacionales y transnacionales en el valle del Aguán. Entonces, fue uno de los más beneficiados con la reforma agraria de 1985 porque llegó a hacerse de más de 6,000 hectáreas de tierra en dicha zona.
Actualmente, es tal el peso económico del grupo fundado por Miguel Facussé que en marzo del 2000 la corporación Unilever adquirió algunas marcas de Dinant de la división de alimentos y cuidado del hogar y pasó a llamarse Unilever Honduras. De igual forma, según su propia página web, Dinant tiene cultivadas 13,000 hectáreas entre el Valle del Aguán y Leán, ubicadas en la zona nororiental del país.
“La reforma agraria protege al campesino y sus tierras, prohíbe que sea poseída por grandes latifundistas, pero el bloque empresarial logró quitar estos candados en la práctica”, dijo Yoni Rivas, vocero de la Plataforma Agraria que defiende el territorio campesino en el valle, mientras recuerda en qué derivó el proceso para desconcentrar la propiedad de tierras en esta parte de Honduras.
El grupo Facussé, sin embargo, no solo concentró tierras para cultivar palma aceitera africana en el Aguán. Llegó a enfrentarse con la comunidad afroamericana Garífuna, con quien la compañía aún se disputa tierras en Limón, Vallecito y Punta Piedra, también ubicadas en el caribe hondureño. Los garífunas se sienten amenazados con la pérdida de tierras ancestralmente cultivadas por ellos, y desde hace décadas pretendidas por la familia Facussé.
Consultado para este reportaje, el director de relaciones públicas de Dinant, Roger Pinel, aseguró que Dinant no pretende adquirir más tierra en el valle del Aguán, y que “a la fecha, 9,927 hectáreas se encuentran invadidas por terceros”.
Según el investigador Harald Waxenecker, desde 2009, año del golpe de Estado contra el expresidente José Manuel Zelaya (esposo de Xiomara Castro, actual presidenta de la República), “las instituciones estatales y los inversores privados han estado invirtiendo en recursos naturales: tierra, fuentes de energía y minerales. Es común que esto esté acompañado de violaciones a derechos humanos, especialmente en las poblaciones indígenas y rurales”.
Donde actualmente se cultiva palma aceitera, en el siglo XIX se cultivaba banano. En cuanto se pone un pie en el Aguán podría comprenderse la insistencia de compañías de apropiarse de todo el territorio posible: es tierra fértil. Tan fértil que anualmente se producen en este país 600,000 toneladas métricas de aceite de palma africana al año. Honduras es el octavo mayor productor a nivel mundial y segundo en la región centroamericana según informes de Producción Agrícola Mundial (PMA).
La empresa Dinant vende su aceite en el puerto de Castilla de la ciudad de Trujillo, a 60 kilómetros de Tocoa. Se consultó a relaciones públicas de la citada corporación otros datos sobre sus negocios y cadenas de exportación, sin embargo, el director contestó que no puede “develar información más sensible y confidencial acerca de los negocios de Dinant”.
De acuerdo a cifras del Banco Central de Honduras (BCH), el aceite crudo de palma africana le generó 479 millones de dólares a la economía hondureña solo en el tercer trimestre de 2022; 139 millones de dólares por encima de lo registrado en igual período de 2021 (340 millones de dólares). Solo en mayo de este año, ha generado 2 millones 500 mil dólares.
En Honduras, en total, hay 190,000 hectáreas sembradas con palma aceitera, según la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), en las regiones de Cortés, Yoro, Atlántida y Colón. En total, la cadena de producción de palma está conformada por 7,307 productores, 10 intermediarios, 11 extractores, 4 refinadores, 9 exportadores y 3 distribuidores.
En junio de 2003 hubo una fusión de sociedades mercantiles en Cressida, propiedad de la familia Facussé, que acabó absorbiendo a más de 60 sociedades anónimas representadas por Irene Castro, el padre de la actual presidenta Xiomara Castro. Miguel Facussé, conocido también con el apelativo de tío Mike, falleció en el 2015; y su esposa Vera Sáenz en 2016, pero la compañía que dejó en manos de su familia sigue creciendo en el valle. La siguiente generación de su familia está liderada por sus hijos: Marcela, Orietta, Elisa, Lorena, Miguel y Roger.
En el 2000, uno de sus herederos más notorios, Miguel Facusse firmó con Unilever la venta de: Naturas, Xedex, Xtra y Unox. Dinant mantiene el negocio agrícola y su división de snacks con presencia únicamente en Honduras.
La comisión tripartita para abordar el tema de la tierra
En 2022, la presidenta Xiomara Castro integró una comisión para abordar el conflicto territorial del valle del Aguán, hoy convertido en el epicentro de la industria de la palma aceitera en el país. Esta comisión debería estar integrada por la presidencia de la República, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) y los abogados que la Plataforma Agraria propusiera para dicha finalidad.
“Creo que el acuerdo firmado [entonces] por el Gobierno trata el problema desde una perspectiva no indicada”, dijo Juan López, regidor de Tocoa por el Partido Libertad y Refundación (Libre). El trabajo de la comisión, una vez instalada, era analizar la información sobre el derecho de propiedad para que el equipo jurídico emitiera un dictamen que luego se enviaría a instituciones estatales correspondientes.
Sin embargo, la empresa privada no llegó a firmar el acuerdo entre la plataforma agraria y el Gobierno. Olvin Mondragón, abogado del departamento de asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), indicó que el sector privado presentó “toda la documentación” en agosto de 2022, la misma que “se supone está en manos de la Presidenta”. Subrayó que “a quien le compete asegurar la propiedad privada y que regrese la seguridad jurídica es al Estado de Honduras”.
A criterio del regidor, la comisión inició su trabajo “a pesar de la calidad profesional de las personas que integraban la comisión”. Sin embargo, López cree que se ignoraron aristas sobre la evolución histórica del Aguán, y por lo tanto, se aborda solo como documentación jurídica. “Este no es el primer acuerdo que firmamos, pero tenemos la esperanza de que esta vez sí se cumplan las promesas (…) siempre tenemos esa esperanza optimista”, comentó el vocero de la Plataforma Agraria.
La Plataforma Agraria firmó el 2006 el primer acuerdo que no se cumplió con el expresidente Zelaya, esposo de la actual jefa de Estado. El segundo acuerdo fue firmado el 2009, días antes del golpe de Estado que derrocó a Zelaya. Este segundo acuerdo pretendía investigar las ventas irregulares de tierra y la creación de un informe sobre la consistencia legal de las tierras de la reforma agraria. El 2009, la Plataforma inició los procesos de recuperación de tierras. El tercer acuerdo, firmado en 2010, otorgaba la reposesión de 11,500 hectáreas para los campesinos. De estas hectáreas, solo se recuperaron 3, 692.
La firma de instalación de comisión tripartita estaba planificada para el 13 de julio de este 2023. “Ya identificamos los miembros para la comisión, nuestro objetivo primordial es investigar el origen de las violaciones de derechos humanos”, indicó Yoni Rivas, vocero de la Plataforma Agraria. Al cierre de este reportaje la comisión sigue sin instalarse.
Además, la comisión tendrá el trabajo de crear mecanismos de no repetición, investigar operaciones de empresas de seguridad, su vinculación con militares y asegurarse del cumplimiento de la medida cautelar número 5014 (MC no. 50-14) otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para los líderes del Aguán.
Otro acuerdo por el tema de las tierras: la Comisión Especial Agraria
Luego de la comisión tripartita, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), presidido por la presidenta Xiomara Castro, creó, en junio de 2023, la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra que tiene el mandato de ejecutar desalojos.
La comisión especial agraria tuvo mucha menos aceptación que su primera solución propuesta. Este planteamiento gubernamental ha generado posiciones favorables y otras contrarias. Felicitaron a la presidenta la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, y la ANDI (Asociación Nacional de Industriales).
Sin embargo, las comunidades de la zona no observan con buenos ojos esta comisión especial debido a que aún confían sus esperanzas en el autodenominado gobierno socialista democrático de Castro. Según esta perspectiva, la presidenta sigue en deuda con las comunidades que “trabajaron por su partido” y por su elección en el cargo.
Yoni Rivas cree que “desafortunadamente, los gobiernos formulan acciones de manera incorrecta” refiriéndose a la comisión agraria. Agradecen el debate público, pero les preocupa el poder empresarial que “en Honduras es enorme”.
Los desalojos iniciaron en los primeros días de junio del 2023, pero ni siquiera han instaurado la citada comisión tripartita, que fue la primera solución propuesta. El Congreso Nacional no ha aprobado el decreto que regula el funcionamiento de la comisión agraria. En ese sentido, la comisión viene ejecutando desalojos no reglamentados. Rivas informó que hay desalojos anunciados en territorio del Consejo Indígena Lenca de Cortes, en la comunidad Tarros del Valle del Aguán y algunos en el departamento de La Paz.
El subdirector del Instituto Nacional Agrario (INA), Rafael Alegría, fue dirigente campesino por décadas en el Aguán antes de ser funcionario público. Alegría catalogó el conflicto territorial como “invasiones de tierras (que) buscan desestabilizar el Gobierno”. Los dirigentes de la Plataforma Agraria lamentan cuando el discurso de Alegría “parece de terrateniente. Su discurso nos pone en desventaja”.
Este medio intentó contactar a la secretaria de Estado en el despacho de Derechos Humanos y al subdirector del INA. Sin embargo, no atendieron a las peticiones de entrevistas.
Tierra, palma aceitera y violación de derechos humanos
Aun cuando el tema de la tierra sigue sin resolverse, la Plataforma Agraria del Aguán, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y el Bufete Estudios para la Dignidad publicaron en octubre del 2022 un comunicado en el que se pronuncian por la “situación de extrema violencia” en el valle y manifiestan que “existe un plan para asesinar a [toda] la dirigencia campesina en el Aguán”.
Este año, por ejemplo, han sido asesinados nueve defensores y campesinos. Los primeros asesinatos ocurrieron el 7 de enero contra dos ambientalistas de Guapinol: Alí Domínguez y Jairo Bonilla, ambos de Tocoa (Colón). El 17 de enero de 2023, Omar Cruz Tomé, dirigente de la Plataforma Agraria de Colón, y Andy Martínez fueron asesinados en sus casas de habitación.
La Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) denunció el asesinato de Ricardo Arnaúl Montero el pasado 28 de enero, a pesar de que tenía medidas de protección nacional. El 12 de febrero en Trujillo (Colón), fueron asesinados Santos Hipólito Rivas, dirigente campesino, y su hijo Javier. El 25 de marzo fue asesinado Emerson Martínez de 22 años, vocero de la Cooperativa los Laureles, a una cuadra de su casa en Tocoa. Finalmente, Óscar Domínguez, hermano del defensor Reynaldo Domínguez, fue asesinado el 15 de junio.
Las cifras de asesinatos de defensores del agua y de la tierra en Honduras han aumentado en el 2023. Los orígenes de esta violencia se remontan a los últimos años del siglo pasado. La primera de estas muertes fue la de la ecologista Janet Kawas, asesinada el 6 de febrero de 1995, dos días después de participar en una marcha de protesta contra los depredadores del Parque Ecológico y Zona Protegida Punta Sal.
Lo mismo ocurrió en el caso del defensor Carlos Escaleras, asesinado en octubre de 1997. Él se oponía a que el grupo de Facussé instalara una planta procesadora de palma africana en el Río Tocoa del valle del Aguán. El empresario fue acusado por la familia de la víctima por considerarlo el autor intelectual del crimen. En el 2000, la jueza Ana Pineda, encargada del caso, llegó a ordenar la captura de Facussé. Sin embargo, el asunto no llegó a buen puerto debido a que la magistrada, la mejor evaluada de la Corte Suprema entre 2023 y 2028, fue separada de su cargo y la orden de captura para Facussé acabó siendo revocada.
Con respecto a la criminalidad en la zona y las acusaciones de las organizaciones defensoras de derechos humanos en el Aguán, el director de relaciones públicas de la corporación asegura que la corporación “está al tanto de las alegaciones contra otras entidades pero no estamos en una posición que nos permita comentar sobre esto (…) Dinant deniega las alegaciones en contra de la empresa”.
Presencia de otros grupos económicos en el Valle
“Esta concentración de capitales nacionales y transnacionales en Honduras se intensifica en el Aguán por su ubicación estratégica. En el Aguán, además de Dinant, que es un consorcio muy grande, están también AgroPalma y Aceydesa (…) también hace mucho daño la Standard (Standard Fruit Company)”, comentó el regidor Juan López.
Tocoa, con un estimado de 130 mil habitantes, es el municipio más poblado del departamento de Colón. La actividad económica es muy dinámica, pero no solo por las cooperativas campesinas que allí están registradas, sino por la presencia de grandes empresas.
Los conflictos sociales han sido principalmente contra la Corporación Dinant, pero las comunidades también se han enfrentado históricamente a la Standard Fruit Company (ahora registrada como Dole plc) de capital estadounidense, dedicada a la industria bananera en la costa norte. Además, empresas turísticas como Carivida del candiense Patrick Forseth, también han presentado cargos contra Miriam Miranda, dirigente garífuna de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) que también lucha por la reposesión de sus tierras ancestrales en dicha región.
En la última década, las comunidades campesinas del Aguán han tenido que hacer frente al Grupo EMCO que preside Lenir Pérez, yerno de Miguel Facussé. El Gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, otorgó a Grupo EMCO dos concesiones: una mina en el Río Guapinol de Colón y la administración del Aeropuerto Internacional Palmerola en el Valle de Comayagua.
“En la última década, nos está dando problemas la minería. Es un rubro nuevo en esta zona, todavía la explotación no es masiva, pero seguirá creciendo y nos dará problemas mucho más grandes”, indicó el regidor López. Grupo EMCO aglomera y representa a Inversiones Los Pinares que se encarga de la extracción y a Ecotek que hace el procesamiento industrial en plantas ubicadas cerca de Tocoa. “Su plan es desarrollarse, nos obligarán a huir” lamentan el regidor y las organizaciones defensoras del ambiente en la zona.
Otras transnacionales de la industria palmera
Según el registro de molinos de aceite de palma de Dinant para el 2021, la transnacional Unilever recibe aceite de palma proveniente de diez empresas matrices en Honduras, una de ellas es Dinant. Las demás son: Aceites y derivados S.A (Aceydesa), Agroindustrial Palma Real CV (AgroPalma), Asociación Agroindustrial de Palmicultores de Saba (Asapalsa), Empresa Campesina Agroindustrial de la Reforma Agraria de la Palma de Aceite (CoaApalma Ecara) y Palmeros de Aguán (Palmasa), todas estas en el departamento de Colón.
Agrícola Tornabe SA CV (Agrotor) y Compañía Agrícola Industrial Ceiba (Caicesa) en Atlántida. Corporación Industrial de Sula (Coinsu) en Cortés. Palmas Aceiteras de Honduras Empresa Campesina Agroindustrial de la Reforma Agraria (Hondupalma Ecara) y Palmas Centroamericanas de CV (Palcasa) en el departamento de Yoro.
De las antes mencionadas, solo cinco compañías, Hondupalma Ecara, Aceydesa, Palmasa, Caicesa y AgroPalma, tienen la certificación de producción sostenible que otorga la mesa redonda sobre aceite de palma sostenible (RSPO por sus siglas en inglés).
Dinant ha intentado tres veces en más de diez años ser miembro de la RSPO, “pero debido a ‘cuestionables’ incidentes pasados, algunos grupos han presionado directamente a la Secretaría para que rechace esta afiliación”, según se lee en el acta de una reunión realizada en junio del 2022 por la junta de gobernadores de la mesa redonda.
Una de las empresas con el certificado de la RSPO es Aceydesa, propiedad del exdiputado nacionalista Óscar Ramón Nájera, quien dejó la administración a una de sus hijas. La planta se fundó en 1999, tiene una capacidad de producción de 280.000 toneladas de racimos de fruta (RFF) fresca al año, según información de la mesa redonda sobre aceite de palma sostenible.
AgroPalma es propiedad de empresarios de origen nicaragüense: René Morales y Ana Margarita Morales. Es una división de Grupo Jaremar que suma 17 marcas en aceites y derivados, limpieza y alimentación. Además, colabora con Banco Alfa y Delta Bank de Estados Unidos.
AgroPalma tiene aproximadamente 5,000 empleados trabajando en 4 unidades de negocio donde se produce aceite de palma, aceite de palmiste y derivados. Según información publicada por esta empresa, tienen 107.000 hectáreas de terreno. De este total, 11,000 hectáreas son palmeras plantadas entre 245 socios, 202 familiares agricultores y 43 productores. Caicesa es otra empresa del Grupo Jaremar que se dedica, entre otras cosas, a la producción y comercialización de biodiesel.
Asapalsa es propiedad del exalcalde de Sabá, Colón, Juan Núñez Díaz. En el 2018 procesaron 153,000 toneladas de aceite de palma. Producen aceite crudo de palma y aceite de palmiste. Se dedican al rubro alimenticio y tienen marcas como Aceite y Manteca Exquisita y Manteca Vegetal Popular.
Palcasa inició operaciones en el 2003, actualmente produce 60 toneladas por hora con una capacidad de molienda de 180.000 toneladas anuales. También se dedican a la producción de aceite crudo de palma africana, aceite de palmiste y harina de coquito, un subproducto de las almendras de palma africana.
Palmasa tiene 233 socios. Todos son productores de palma en Colón y tienen su planta extractora con la que producen 200,000 toneladas al año. Palmasa exporta su palma y aceite de palmiste a mercados internacionales. Según la mesa redonda sobre aceite de palma sostenible, Palmasa produce su energía eléctrica renovable, utilizando la biomasa vegetal de la extracción de aceite de palma.
Reforma agraria
Aunque la tarea principal que urge solucionar es la tenencia de tierras, las comunidades saben que la reglamentación no es todo lo que necesitan. “Sin duda, el primer paso es solucionar los conflictos por la tenencia de tierras, pero eso no es suficiente. La mejor protección que puede darnos el Estado es defendernos de los grandes latifundistas”, dijo el representante de la Plataforma Agraria. La petición de las comunidades es que el gobierno se comprometa a combatir la impunidad y la criminalidad.
Los problemas jurídicos surgen por discrepancias entre la Ley de Reforma Agraria de 1985 y la Ley de Modernización y Desarrollo del sector Agrícola de 1992. Mientras la Ley de Reforma Agraria dice que la tierra es un patrimonio de la familia y por lo tanto no se vende, la Ley de Modernización convierte la tierra en una mercancía “que se compra y vende como la Coca Cola”, lamentó el vocero de la plataforma.
Al existir esta discrepancia, “el IP (Instituto de la Propiedad de la Administración Central del Estado), bufetes privados hicieron trámites de traspaso a favor de las empresas avaladas por autoridades estatales para quitarnos la personería jurídica de las tierras”.
Son tierras con dos dueños, pero solo uno según la ley es el dueño legítimo. En estos casos, la legislación hondureña otorga la propiedad de las tierras a quien tenga la escritura pública más antigua: las comunidades campesinas del Aguán.
Pequeñas victorias en la defensa del Aguán
“No nos queremos ir. Cuando nos dieron la tierra dejamos de aferrarnos a ese sueño americano porque el camino es difícil. Si tenemos tierra, ¿para qué nos vamos a ir?” afirmó Luis Redondo, presidente de la Cooperativa El Chile. Siendo empleado de Dinant, Luis emigró a Estados Unidos, trabajó allá cuatro años. “Me fui con 2,000 lempiras (81 USD) que me dieron de una paga. El camino es difícil, a mí no me fue tan mal, pero la mayoría sufre”, comentó.
La Cooperativa El Chile está formada por 244 asociados y recuperaron sus tierras hace seis meses después de 30 años de disputa con la Corporación Dinant que aún tiene su planta procesadora en el territorio de esta cooperativa. La cooperativa consta de 483 hectáreas donde además de cultivar palma, están iniciando cultivos de maíz, frijol, fruta y otros granos básicos.
“La tierra es muy buena, me da mucha paz saber que tenemos tierra para trabajar. Antes, cuando aquí mandaba Dinant, solo nos pagaban y ya. De nuestro trabajo se beneficiaban 37 personas. Ahora nos beneficiamos 480 personas de familias campesinas”, afirmó el presidente de la cooperativa.
La Plataforma Agraria rescata dos pequeñas victorias a las que se aferran con esperanza y optimismo. Primero, la sentencia firme que finalizó un juicio liderado por el abogado Antonio Trejo Cabrera a favor de tres cooperativas campesinas. Esta sentencia otorgó finalmente la legitimidad a los títulos de propiedad de las cooperativas Despertar, Trinidad y San Isidro. Segundo, la orden de captura que emitió la jueza Ana Pineda en el 2002. “No hemos tenido algo como lo que hizo Ana Pineda desde entonces”, concluyó Rivas.
Las comunidades campesinas se rehúsan a dejar la lucha por la recuperación de sus tierras. “No deseé ser campesino, pero la vida me tiene aquí. Mis hijos están aprendiendo a ser campesinos, pero yo soy su escalón para que ellos tengan educación. Lo que yo no tuve, ellos lo tendrán”, afirmó Juan Miguel Turcios, vicepresidente de la Cooperativa Camarones. La unidad es lo más valioso que han construido y la motivación es heredar sus tierras a las generaciones por venir.
Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
