La lucha contra la corrupción no se libra únicamente en los tribunales ni en los discursos oficiales. Se sostiene, en gran medida, en la capacidad de la ciudadanía para organizarse, vigilar al poder y exigir explicaciones, y en la libertad de los medios de comunicación para informar sin restricciones.
De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, el espacio cívico —entendido como la posibilidad de reunirse, expresarse, acceder a información pública y participar en los asuntos colectivos— permite que la sociedad civil y el periodismo desempeñen un papel clave en la vigilancia del poder. En contextos donde estas libertades se respetan, organizaciones sociales, comunidades y periodistas pueden identificar señales de alerta en procesos de contratación pública, riesgos de corrupción en la prestación de servicios y posibles casos de enriquecimiento ilícito.
No obstante, este rol fiscalizador se debilita cuando el espacio cívico se reduce. El estudio de Transparencia Internacional advierte que la injerencia política en el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales, la aprobación de marcos legales restrictivos, las demandas judiciales orientadas a intimidar o silenciar voces críticas y el uso discrecional de la publicidad estatal generan entornos cada vez más hostiles para la denuncia pública.
En estos escenarios, investigar irregularidades se vuelve más riesgoso, la autocensura se incrementa y las oportunidades para cometer actos de corrupción se amplían, debido a la ausencia de controles efectivos sobre la gestión pública. La situación alcanza su punto más crítico cuando la violencia se utiliza como mecanismo de silenciamiento.
Según cifras recopiladas en esta edición del índice, desde 2012 han sido asesinados 829 periodistas en países sin conflicto armado. De ese total, 150 perdieron la vida mientras investigaban o cubrían hechos vinculados a la corrupción, incluidos cinco casos registrados en 2025.
Entre los casos documentados se encuentran los periodistas Turki al-Jasser, ejecutado tras años de detención por las autoridades saudíes, y Gastón Medina, asesinado frente a su vivienda en Perú. En Honduras también se registraron hechos alarmantes en 2025, cuando los periodistas Javier Antonio Hércules Salinas, en Santa Rosa de Copán, y Carlos Gilberto Aguirre, en Juticalpa, Olancho, fueron asesinados, dejando en evidencia la grave vulnerabilidad de quienes investigan corrupción y asuntos de interés público, la insuficiencia de los mecanismos de protección para garantizar la seguridad de los comunicadores y la persistencia de un entorno de impunidad que dificulta la labor periodística, siendo el caso de Hércules Salinas particularmente preocupante ya que fue asesinado a pesar de estar bajo protección estatal desde 2023, lo que demuestra la urgente necesidad de fortalecer las medidas de protección y garantizar justicia para quienes exponen abusos de poder y redes de corrupción.
El informe también identifica un patrón alarmante, más del 90% de los asesinatos de periodistas relacionados con corrupción ocurrieron en países con puntuaciones inferiores a 50, es decir, en contextos donde la corrupción percibida es elevada. Países como Brasil, India, México, Pakistán e Irak figuran entre los entornos más peligrosos para el ejercicio del periodismo investigativo. En el caso de Honduras, los recientes asesinatos muestran que el riesgo para los periodistas sigue siendo alto, y que la falta de avances significativos en la lucha contra la corrupción contribuye a un entorno de impunidad.
Estos datos confirman una relación directa entre corrupción, impunidad y violencia contra la prensa. La gran mayoría de los periodistas asesinados por cubrir temas de corrupción desde 2012 se encontraban en países con debilidad institucional y restricciones al espacio cívico, tal como advierte el análisis de Transparencia Internacional.
Defender el espacio cívico y la libertad de prensa no es un asunto sectorial ni exclusivo de periodistas u organizaciones sociales. La evidencia presentada en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 muestra que se trata de una condición indispensable para combatir la corrupción y fortalecer la democracia. Cuando la ciudadanía puede alzar la voz y la prensa puede investigar sin temor, el poder sabe que está siendo observado. Cuando esas voces se silencian, la corrupción deja de ser la excepción y se convierte en regla.
