Debido a la falta de protección del Estado y la complacencia histórica de las centrales obreras, los trabajadores hondureños son víctimas de la voracidad de los empresarios que no cumplen la Ley del Salario Mínimo en vigencia desde el 1971 en Honduras.
El artículo 381 del Código del Trabajo establece que ningún empleado debe percibir menos del salario mínimo.
Sin embargo, el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, que es la institución creada por el gobierno para tutelar esos derechos, de manera irresponsable reconoce que al menos un 40% de las empresas nacionales no pagan el sueldo base a sus trabajadores.
Y admite también que un alto porcentaje de empleadores no cumplen con la ley, lo cual revela que el gobierno tampoco ejerce su autoridad.
De acuerdo al artículo 591 del Código Laboral, corresponde a la Secretaría de Trabajo hacer que se cumplan las leyes y reglamentos laborales. No obstante, después de 50 de haber sido promulgado este principio legal, sigue sin aplicarse.
A la displicencia gubernamental, también se suma la incapacidad de los dirigentes de las centrales obreras para exigirle al gobierno el cumplimiento de la ley.
Hasta hoy no se vislumbra voluntad en la dirigencia sindical para negociar con hidalguía los beneficios que permitan mejores condiciones de vida para los trabajadores hondureños.
En cambio, viendo hacia atrás nos encontramos con pírricas negociaciones que no superan ni el 11% de incremento, cuando la inflación es superior.
De igual manera, nadie desconoce que los negociadores de las tres centrales obreras estuvieron de acuerdo en la diferenciación salarial negociada en el 2007 para cinco departamentos, cuyos trabajadores se ven obligados a laborar por un salario menor al que los obreros perciben en el resto del país.
Los representantes de las centrales obreras se acostumbraron a ir a las negociaciones en calidad de testigos y no como negociadores, afectando así a los asalariados.
La actitud miserable de los patronos se ha impuesto siempre para someter a los trabajadores y mantenerlos en condiciones de pobreza, y sin oportunidades de superación.
Nadie desconoce que, alegando ilegalidad en el acuerdo de incrementar el salario en el año 2008, el Consejo de la Empresa Privada interpuso gran cantidad de recursos de amparo en la Corte Suprema de Justicia para evadir su responsabilidad en pagar el aumento aprobado por el gobierno.
Los empresarios no reconocieron que el salario que pagaban era miserable e injusto. Con esa actitud, demostraron que valoran más el buen funcionamiento de la maquinaria y equipo que la salud, la educación y la alimentación de los empleados que les ayudan a generar riquezas.
