El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) anunció su respaldo técnico y financiero para la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública.
La Comisión está encargada de depurar el sistema de seguridad y de justicia en Honduras.
El apoyo que el PNUD dará a la Comisión se concreto a través de un convenio firmado el 1 de octubre en Tegucigalpa por ambas instituciones.
La decisión evidencia el interés de la cooperación internacional en impulsar las reformas integrales que requiere la justicia nacional.
El PNUD financiará inicialmente con unos 100.000 dólares, equivalentes a 1,9 millón de lempiras, a la Comisión.
A la suscripción de los documentos legales acudieron los representantes de la Alianza por la Paz y la Justicia, una coalición de organizaciones de la sociedad civil interesadas en mejorar el sistema de seguridad y de justicia del país.
La Comisión la forman Matías Funes, Jorge Omar Casco y Víctor Meza. Y también Adam Blackwell por Canadá y Aquiles Blu de Chile.
La Comisión surgió en abril de este año por las presiones populares nacionales y de la comunidad internacional que desde finales de 2011 exigían la intervención y posterior depuración de la policía hondureña por sus nexos con el narcotráfico y el crimen organizado.
Esas exigencias se intensificaron el 22 de octubre del año pasado, cuando un grupo de policías asesinaron a los universitarios Rafael Alejandro Vargas Castellanos, hijo de la rectora universitaria Julieta Castellanos, y de su amigo Carlos David Pineda Rodríguez.
La propia Castellanos emprendió de inmediato una lucha para exigir que se aclarara el crimen y las autoridades descubrieron la existencia de grupos policiales dedicados al sicarito, tráfico de drogas, asaltos, secuestros, extorsiones y otros delitos.
La Comisión inició acciones para llevar a cabo una reforma integral. En ese sentido, solicitó en mayo al fiscal general Luis Alberto Rubí suspender e investigar al fiscal de Lucha contra la Corrupción, Henry Salgado.
Pero el funcionario fue traslado a otra dependencia del Ministerio Público y no se conocen aún cómo se evalúa su gestión.
