Después de un largo proceso de más de 16 años, el Parlamento nicaragüense aprobó por amplia mayoría una ley que regulará y protegerá los recursos genéticos del país y el conocimiento asociado a ellos.
De esa manera, se garantizará también el acceso y la participación justa y equitativa a los beneficios de las poblaciones indígenas, así como la repatriación de los recursos genéticos que en el pasado fueron sustraídos ilegalmente.
Nicaragua es unos de los países con el mayor nivel de biodiversidad del planeta. Cuenta con más de 13.000 especies, casi el 7% de la biodiversidad mundial y el segundo bosque tropical más grande en las Américas (Reserva de Bosawás). Estos recursos genéticos representan alrededor del 75% de sus exportaciones
La Ley General del Medio Ambiente, aprobada en 1996, estableció que se tenía que elaborar una legislación específica en materia de biodiversidad. En el 2006 se presentó en el Parlamento un proyecto de ley que fue consensuado con todos los sectores involucrados en la temática ambiental.
Luego de intensas consultas y negociaciones, en el 2010 se logró terminar su revisión y ajuste a los nuevos avances tecnológicos y jurídicos. Finalmente, el 5 de septiembre pasado, los diputados aprobaron la Ley de Biodiversidad.
“Esta ley representa un gran avance para el país, permitiendo la regulación de la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad biológica, así como la participación equitativa y la distribución justa de los beneficios entre las comunidades indígenas presentes en Nicaragua, que son las que, desde hace siglos, han venido protegiendo y conservando nuestro recursos genéticos”, dijo Julio Sánchez, oficial de Incidencia del Centro Humboldt.
La ley define también la propiedad intelectual de los recursos genéticos, los cuales entran a formar parte del patrimonio nacional de Nicaragua, garantizando su protección ante la obtención ilícita de patentes o “biopiratería”.
“Ya no podrán llevarse los recursos genéticos, patentarlos y hacerlos propios, como ya ocurrió con países como México y Costa Rica, que nos los sustrajeron”, recordó Sánchez.
Según el experto en biodiversidad, tanto en el Proyecto Genoma 10K, donde se han recolectado muestras de más de 10.000 especies animales, como en la Boveda Global de Semilla de Svalbard, Noruega, con más de 100 millones de semillas y con capacidad para almacenar a más de 2 mil millones de especies, existen recursos que fueron sustraídos ilegalmente a Nicaragua.
“Hay pruebas de que, por ejemplo, el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) de Costa Rica envió nuestros recursos a la Boveda Global de Semilla.
Esto no sólo no va a volver a pasar, sino que la Ley de Biodiversidad prevé que el Estado pueda exigir la repatriación de los recursos genéticos sustraídos, y esperamos que el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) actúe en este sentido”, manifestó Sánchez.
Junto con el Convenio de Biodiversidad Biológica (1993) y el Protocolo de Nagoya (2010), la Ley de Biodiversidad complementa un instrumento global que va a ser fundamental ante los impactos del cambio climático.
“Varios análisis evidencian que los impactos del cambio climático podrían reducir la biodiversidad centroamericana de hasta un 70%. Esta ley que el Parlamento acaba de aprobar es una de las más innovadoras y moderna de la legislación nacional, y no podemos perder la oportunidad de hacer un paso decidido hacia la protección de nuestros recursos genéticos y nuestra cultura”, concluyó Sánchez.
Durante los próximos meses se espera que el Parlamento apruebe el reglamento de la nueva ley, así como que ratifique el Protocolo de Nagoya, ya que Nicaragua es el único país centroamericano que aún no lo ha hecho. (Fuente: Rel-UITA).
