¿Estará la corrupción gubernamental, los grupos de poder y el narcotráfico financiando las campañas proselitistas de las corrientes de los partidos políticos en Honduras?
Los partidos políticos tienen la obligación legal de rendir cuentas sobre los recursos que utilizan para financiar el proselitismo y las campañas político electorales; la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (LEOP) y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), así lo establecen.
Además de lo anterior, es responsabilidad ética y moral de los partidos políticos, informar a la ciudadanía sobre el origen del financiamiento, ya que siendo institutos de derecho público, deben su creación y funcionamiento al interés superior de los hondureños, ante quienes deben ser transparentes hasta el tuétano, hasta el intestino.
Si aplica a la institucionalidad partidaria, aplica también a las corrientes que se disputan el liderazgo y la conducción de esas entidades; es inadmisible que los aspirantes a cargos de elección popular no declaren públicamente el origen de los fondos que financian sus campañas.
Mas grave aun, es que ni el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ni el Ministerio Público (MP), exijan a los partidos, movimientos internos y personas naturales, reportes minuciosos de las fuentes de financiamiento a la actividad política que realizan. Tampoco el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), ejecutan acciones para garantizar la transparencia financiera de los partidos y evitar el uso indebido de los recursos públicos.
Da la impresión que nadie sospecha lo que es un secreto a voces: la corrupción gubernamental, los grupos de poder y el narcotráfico, están apoyando, con cuantiosos recursos a los que aspiran a gobernar el país.
Es un secreto a voces, y se constata a diario, que se ordeña la res pública para impulsar candidaturas desde el Poder Legislativo, varias Secretarías de Estado, instituciones descentralizadas y desconcentradas, incluidos varios gobiernos locales y mancomunidades; en su momento, el mismísimo Fernando Anduray, precandidato del Partido Nacional de Honduras, indico –refiriéndose a algunos de sus correligionarios- que “los que están en el poder financian sus campañas políticas con los recursos del pueblo”.
De igual manera, con precisión se puede ver como los grupos de poder factico, los que manipulan tras bastidores, impulsan candidaturas presidenciales, respaldándolas con los medios que tienen a su disposición; ¿Acaso no sabemos a quien apoya Televicentro, Banco Ficohsa, las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica?
Finalmente, ¿Duda acaso alguien que en la región occidental del país hay alcaldes que responden a los intereses del narcotráfico? O ¿Podría alguien negar que en Colón, Olancho y Gracias a Dios, los contrabandistas de cocaína tienen una relación directa con la clase política de esos departamentos?
La abulia de los organismos contralores, operadores de justicia y las autoridades electorales es repugnante; nadie mueve un dedo, desempeñándose de forma deficiente, en flagrante violación a los deberes que tienen como funcionarios, al extremo que ya mucho indican que, no solamente es indiferencia, sino vil y llana complicidad.
A pesar de las denuncias realizadas por Victor Hugo Barnica, el Designado Presidencial del presente Gobierno; Mauricio Villeda Bermudez, precandidato del Partido Liberal de Honduras; y el Padre Fausto Milla, dirigente del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), nadie se altera, nadie se inmuta, nadie actúa. ¿Por qué las autoridades del Estado no investigan estas denuncias?
No actuar ante la opacidad y falta de transparencia de los políticos, en lo referente al financiamiento de sus campañas políticas, nos pone en riesgo, en enorme riesgo, ya que quien hoy paga la fiesta, será el que, mañana, ordenará colocar la música de su predilección; no actuar ante la infiltración de corruptos, mafiosos y narcotraficantes en la actividad política, es pavimentar el camino que nos conduce a entregarle el Estado a malvivientes que solamente piensan en el provecho particular, sin importarles el daño que le hacen a la colectividad, ni a la institucionalidad estatal.
De tal manera que, si no se toman decisiones de inmediato, serán los deshonestos y facinerosos, el poder subterráneo y grupos de interés, los capos del tráfico de drogas y estupefacientes, los que establecerán las políticas de Estado y las acciones oficiales, en el próximo cuatrienio.
Si las autoridades no actúan, habrá que hacer algo desde la base ciudadana; habrá que denunciar a los transgresores de la Ley, mediante el uso de los medios alternativos de comunicación social, poniendo de relieve el enorme daño que le hacen a la nación este tipo de prácticas lesivas al ordenamiento jurídico nacional y a la probidad en el ejercicio político electoral.
Es deber ciudadano hacerlo, pues quedarse callado es colusión, es pecado y traición a los sagrados intereses de la Patria. Sé que tiene sus peligros levantar este tipo de banderas, levantar la voz en medio del desierto de la abulia y el miedo, pero es justo y necesario, y el riesgo se reduce en la medida las voces sean numerosas y eleven el grito de protesta al unísono.
Armémonos de valor y demos un paso al frente en contra de la falta de transparencia de los partidos políticos y sus respectivas corrientes; hagamos una lucha en contra de esta alianza perversa entre los delincuentes y la clase política nacional.
Demos juntos ese paso hacia adelante.
