La corrupción policial en Honduras seguirá imparable mientras los políticos y empresarios obstaculicen el proceso de reformar el sistema de seguridad ciudadana y la justicia.
Esa es una de las conclusiones del informe “Arrestando la Corrupción Policial” elaborado por la organización sin fines de lucro Transparencia Internacional (TI) en 10 países, incluso Honduras, que se esfuerzan en combatir de los delitos policiales.
La investigación la realizó el Programa de Seguridad y Defensa de Transparencia Internacional con sede en Berlín y recoge la experiencia de Afganistán, China, Australia, Georgia, Jamaica, Kenia, Honduras, Singapur, Venezuela y Serbia.
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En el caso particular de Honduras, el estudio señala que la corrupción policial supera los niveles de aceptación.
Según el organismo internacional, la policía hondureña dejó de ser una institución demandante de sobornos para convertirse en almacén de criminales.
“En algunos casos, los oficiales de la policía han amenazado a las mismas comunidades a quienes se les ha encargado proteger “, afirma TI en su reporte, tras indicar que la debilidad institucional del país provoca que el tema de la depuración policial sea politizado.
En tal sentido afirma que fuerzas económicas y políticas aliadas con el crimen organizado agravan la corrupción en las filas policiales y debilitan al resto de las instituciones de la justicia.
“En conjunto con el cartel de drogas de México y las bandas criminales nacionales e internacionales, esas instituciones forman un sistema complejo de corrupción en uno de los países más volátiles del planeta”, expresa TI.
A pesar que la corrupción policial ha sido una amenaza desde décadas atrás fue hasta mediados de 2012 cuando la sociedad civil y el gobierno iniciaron acciones para limpiar el sistema de seguridad y los jueces.
El clamor de la población para depurar la policía provocó que desde finales de 2011 la sociedad civil iniciara un proceso de denuncia y de incidencia para que el gobierno tomara conciencia de la grave situación que afectaba a los hondureños.
El 1 de junio pasado, el presidente Porfirio Lobo instaló la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública para que se encargara de limpiar la policía, el Ministerio Público y el poder judicial.
La Comisión la integran los hondureños Omar Casco, Víctor Meza y Matías Funes. También el canadiense Adam Blackwell y el chileno Aquiles Blu.
El 25 de octubre de 2012, el grupo entregó a Lobo siete propuestas encaminadas a mejorar la justicia de Honduras, las que después de dos meses permanecen engavetados en el gobierno.
TI, con oficinas en más de 120 oficinas en el planeta, es representada en Honduras por la Asociación para una Sociedad Más Justa.
