Activistas pro derechos humanos y las principales centrales obreras se disponen a impugnar el Programa Nacional de Empleo por Horas que aprobó el Congreso hace más de dos años, por lesionar los intereses de la fuerza laboral joven de Honduras.
“Esa ley lesiona la dignidad de los trabajadores de nuestra patria”, dijo a Revistazo el secretario general de la Confederación Unitaria, José Luis Baquedano. “También pone en precario el empleo y viola la legislación nacional y convenios internacionales”.
EXPLOTACIÓN INHUMANA
Para el líder sindical, el programa “significa una explotación inhumana… y no nos quedarnos con los brazos cruzados para eliminarlo”.
Baquedano señaló que los empresarios han despedido gran cantidad de obreros que estaban de manera permanente para contratarlos de nuevo sin indemnizar bajo el régimen de empleo temporal.
La mayoría de los casos se han presentado en los negocios de comida rápida.
“Y ellos fueron recontratados a medio tiempo en una clara violación al Código del Trabajo, a la Constitución y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo”, subrayó.
CALL CENTER Y COMIDAS RÁPIDAS
Evangelina Argueta, representante de la Central General de Trabajadores, afirmó por su lado que el programa ha legalizado las anomalías que cometen desde hace tiempo algunas empresas.
Señaló que la mayoría de los empleados bajo ese sistema están en los centros de llamadas o call center y restaurantes de comida rápida, donde permanecen ocho horas con el mismo salario de los trabajadores permanentes.
“Solo que al cumplir tres meses, les dicen que su contrato es por horas, que ya se terminó y que no tienen derechos”, afirmó la dirigente obrera.
Lamentó que el Ministerio del Trabajo no ha establecido un sistema de vigilancia capaz de revertir las anomalías.
La tarea de Argueta se centra en hacer respetar los derechos de los hondureños en las fábricas maquiladoras, donde para ella, “no hay despidos masivos para contratar a otros empleados por hora”.
PÉRDIDA DE DERECHOS
Argueta lamentó que la Secretaría del Trabajo no ha establecido aún un sistema de vigilancia capaz de revertir las anormalidades.
La estabilidad laboral, la seguridad social y la organización sindical son parte de los derechos fundamentales que pierden los trabajadores con el nuevo sistema.
Y, al perder la estabilidad laboral, ellos también pierden el derecho a vacaciones, bono escolar y los salarios del decimotercer mes y aguinaldo. Tampoco reciben los beneficios de vivienda del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP).
Sólo en la cuota patronal que los empleadores pagarían al sistema de seguridad social y al RAP en detrimento de sus trabajadores, los empresarios se ahorran millonarias cantidades de dinero.
El empleo por hora lo aprobó el Congreso el 4 de noviembre de 2010 en medio de protestas de grupos de obreros, estudiantes y maestros. Tiene una vigencia de 36 meses, es decir que vence en noviembre de 2013.
¿SERÁ PERMANENTE?
Pero Juan Orlando Hernández, presidente de la legislatura y candidato del oficialista Partido Nacional, ha anunciado su intención de convertirlo en permanente.
Norman Portillo, director regional del Trabajo en San Pedro Sula, afirmó en una entrevista a Revistazo que tras el golpe de Estado de junio de 2009 centenares de empresas cerraron sus puertas en Honduras.
“Por eso, el Congreso actuó y adoptó medidas, como el programa de trabajo por hora, para combatir el desempleo masivo”.
Informó que el 98% del programa lo utiliza la pequeña empresa.
PEQUEÑA EMPRESA
El empleo generado se distribuye en 22% para la pequeña empresa, 67% la microempresa y el 9% la mediana empresa. Sólo el 2% es usado por las grandes empresas, en algunas de las cuales hay sindicatos.
La pequeña empresa favorece a más de 15.000 hondureños de ambos sexos.
En Honduras hay 1,6 millón de personas desempleadas.
El trabajo temporal abriría a diciembre de 2013, de acuerdo a los pronósticos gubernamentales, al menor 190.000 puestos, de los cuales 72.000 estarán en San Pedro Sula.
Para operar bajo este sistema, la empresa debe inscribirse en el Ministerio del Trabajo. De lo contrario, sus empleados se consideran que laboran a tiempo completo y la empresa está obligada a pagarles prestaciones como tales.
