En Honduras operan unas 706 empresas de seguridad privada con entre 60.000 y 70.000 guardias privados, cifra que supera en más del doble la cantidad de elementos que tienen juntos la policía y las fuerzas armadas, informó una funcionaria de las Naciones Unidas en Tegucigalpa. «Los datos no son exactos, pero se habla de esa cantidad de guardias de seguridad privada legales”, dijo Patricia Arias, integrante del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre uso de mercenarios, tras concluir una visita de cinco días al país. “Y a eso hay que agregar a esa suma los ilegales, que no han sido aún determinados”.
Para ella, la regulación de las empresas de seguridad privada, que corresponde a la Secretaría de Seguridad, «resulta insuficiente y muy débil» para ejercer el control sobre las registradas en forma regular y las ilegales, cuyo fin es el lucro.
La misión de las Naciones Unidas, que se reunió en Honduras con el presidente Porfirio Lobo y representantes del Congreso, empresarios y líderes de la sociedad civil -incluidas las empresas de seguridad- la integró también la polaca Elzbieta Karska. La visita de las Naciones Unidas se efectuó en la tercera semana de febrero.
Arias, de nacionalidad chilena, afirmó a periodistas que la existencia de tantas empresas de seguridad entre legales e ilegales «facilita de alguna manera la violación a los derechos humanos y el sometimiento de las personas», entre otros atropellos, incluso las violaciones sexuales de mujeres en la zona del Bajo Aguán, en la costa norte hondureña.
En el Bajo Aguán tiene lugar desde hace cinco años un conflicto entre campesinos que reclaman tierras y empresarios agrícolas. Allí se han registrado más de 70 muertes violentas, en su mayoría labriegos.
El resto de víctimas mortales han sido guardias de empresas de seguridad privada, señaló Arias.
Karska dijo por su lado que debido a que las instituciones estatales no garantizan la seguridad, el sector de seguridad privada ha crecido exponencialmente, superando en número a la fuerza policiales, con unos 12.000 miembros.
Las fuerzas armadas disponen de alrededor de otros 12.000 soldados.
La relación del número de policías y guardias de seguridad es de uno a cinco, de acuerdo a las Naciones Unidas. La mayoría de los propietarios de esas empresas son ex oficiales de la policía y del ejército.
Arias mostró su preocupación por la existencia de más de un millón de armas en manos de los hondureños, lo que contribuye a la ola de violencia que sacude Honduras, donde se registran al menos 19 muertes al día.
Por ello, la funcionaria abogó por un desarme en el territorio nacional.
«Uno podría soñar en un mundo ideal en que hubiera una veda de armas en algún minuto porque ya hay suficientes armas en la población…y eso lo único que provoca es que más violencia», agregó.
La ONU expresó que otro problema que demanda respuestas urgentes es la falta de investigación y la aplicación de la justicia, ya que muchos crímenes quedan impunes en el país.
Arias dijo que “cuando se hacen las denuncias (de homicidios), no son acogidas y no llegan a buen término».
Y, en otros casos, las familias de las víctimas «no denuncian porque desconfían del sistema. Sumados esos factores, lo que tenemos hoy día es una situación de impunidad», sostuvo.
Karska dijo que «existe una impunidad generalizada en el país» y «una falta total de confianza de la población en el poder judicial».
Las «violaciones de derechos humanos que habrían sido cometidas por las compañías de seguridad privada no son investigadas, no se procesa a los autores y las víctimas no tienen acceso a una justa reparación», aseguró.
La misión del organismo mundial recomendó a Lobo, entre otras cosas, dotar de los recursos apropiados y capacitar a la policía, para que cumpla su función de garantizar la seguridad pública a los 8,3 millones de habitantes de Honduras.
