El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre el Uso de Mercenarios pidió al gobierno hondureño fortalecer la función de supervisión de la Unidad de Control de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad con el fin de asegurar que éstas cumplan con la ley.
Asimismo, los expertos en derechos humanos exhortaron a las autoridades a reforzar el sistema judicial para investigar y procesar debidamente los delitos cometidos por guardias de seguridad privados a fin de garantizar que las víctimas reciban una reparación justa.
“Con más de 700 compañías de seguridad privadas operando en Honduras, el gobierno debería asegurar un monitoreo adecuado de sus actividades y que éstas no se conviertan en un sustituto de una policía competente y responsable”, dijo Patricia Arias, integrante del grupo de expertos, tras finalizar el 22 de febrero una misión de cinco días a Tegucigalpa.
El Grupo de Trabajo vio con beneplácito avances positivos como la adhesión de Honduras en 2008 a la Convención Internacional sobre Mercenarios, la adopción en 2008 de la Ley Orgánica de la Policía y su Reglamentación para el Control de Servicios de Seguridad Privados, así como la creación en 2011 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Sin embargo, los expertos en derechos humanos manifestaron su preocupación por la proliferación de compañías de seguridad privadas tanto legales como ilegales.
“Debido a que las instituciones estatales no logran garantizar la seguridad, el sector de seguridad privada ha crecido exponencialmente, superando en número a la fuerza de la policía nacional”, señaló Elzbieta Karska, otra integrante de la delegación.
La relación del número de elementos de la policía y los guardias de seguridad es de 1 a 5 de acuerdo a la información disponible. Además de las 706 compañías de seguridad privadas registradas, existen muchas más que operan en un vacío legal.
Según se ha informado, en su mayoría esas compañías son propiedad de ex oficiales policiales o militares de alto rango que controlan el sector de seguridad en el país.
“Subcontratar el uso de la fuerza con cientos de compañías de seguridad privada es un serio obstáculo al Estado de derecho y funcionamiento eficaz de una institución gubernamental democrática, responsable de garantizar la seguridad nacional de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos y las leyes nacionales”, apuntó Arias.
Expresó su preocupación de que los guardias de seguridad utilizarían la fuerza al ejercer funciones tradicionales de las autoridades que aplican la ley, como control de manifestaciones y ejecución de órdenes de desalojo.
El Grupo de Trabajo observó además que la aplicación del marco regulatorio y garantizar una efectiva supervisión de las compañías de seguridad privadas continua siendo un enorme reto, debido a la tan seria falta de recursos de la Unidad de Control de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad y su incapacidad de ejercer un verdadero control sobre esas empresas.
Durante su visita del 18 al 22 de febrero a Honduras, la delegación recibió información consistente sobre que muchos guardias de servicios de seguridad privados portan armas prohibidas y las utilizarían para cometer violaciones de derechos humanos.
Al respecto, el Grupo de Trabajo expresó su preocupación sobre dicho involucramiento en violaciones de derechos humanos de las compañías de seguridad privadas contratadas por los terratenientes, incluidos asesinatos, desapariciones, desalojos forzados y violencia sexual contra los representantes de las asociaciones campesinas en la región del Bajo Aguán.
“Existe una impunidad generalizada en el país, así como también una falta total de confianza de la población en el poder judicial, ya que estas violaciones de derechos humanos que habrían sido cometidas por las compañías de seguridad privada no son investigadas, no se procesa a los autores y las victimas no tienen acceso a una justa reparación”, indicó Karska.
El Grupo de Trabajo recomendó al Gobierno dotar de los recursos apropiados y capacitar a la policía para que pueda cumplir su función inherente de garantizar la seguridad pública de la población.
La delegación se reunió con autoridades del gobierno, el Congreso, representantes de la sociedad civil y el sector privado incluidas compañías privadas de seguridad con el fin de evaluar el impacto de las actividades de las compañías militares y de seguridad privadas en el ejercicio de los derechos humanos.
Tanto Arias como Karska dieron seguimiento a la aplicación de las recomendaciones hechas por el Grupo de Trabajo en su anterior visita en 2006, en especial la adhesión de Honduras a la Convención Internacional sobre Mercenarios, el fortalecimiento del marco regulatorio para las compañías de seguridad privadas y la adopción de medidas para responder prontamente a las denuncias presentadas por las personas que retornaron de Irak.
El Grupo de Trabajo agradeció al gobierno hondureño por su valiosa cooperación durante la visita y exhortó a las autoridades a adoptar las medidas apropiadas, incluso enmiendas a la legislación existente, con el fin de aplicar estas recomendaciones con eficiencia.
El Grupo de Trabajo sobre la Utilización de Mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación fue creado en julio de 2005 por la antigua Comisión de Derechos Humanos.
Está compuesto por cinco expertos independientes sirviendo en su capacidad personal: Anton Katz, presidente-relator, de África del Sur; Faiza Patel, de Pakistan: Patricia Arias, de Chile; Elzbieta Karska, de Polonia,y Gabor Rona, de Estados Unidos.
