En sus históricos escritos, nuestro sabio José Cecilio del Valle pregunta: “¿Por qué estamos tan pobres? ¿Por qué buscamos una riqueza imaginaria, pisando y hollando la verdadera de que somos dueños?”. Esas interrogantes expresan un problema crucial al cual no se ha dado racional respuesta acompañada de instrumentos efectivos para contribuir a resolverlo acertadamente.
El problema en Honduras no es la carestía de recursos naturales, sino la forma en la cual estamos organizados para gestionarlos y usarlos. La minería, para el caso, ha sido y continúa siendo explotada, generando ingresos al Estado y una exportación de muchos millones de dólares. No obstante ello, ésta nuestra Honduras, rica en recursos naturales, es país cuyo pueblo, en su gran mayoría, vive aún en situación de pobreza, y toda la ciudadanía vive en la incertidumbre en cuanto a posibilidades y oportunidades de desarrollo humano. Esa situación debe terminar y para ello es preciso tomar las medidas y prevenciones correspondientes, tanto más cuando estamos también por iniciar la exploración que confiamos nos llevará a identificar inéditas fuentes de riqueza procedentes de producción de petróleo y gas, que deberá orientarse a asegurar el bienestar general, lograr nuestra seguridad energética y convertirnos en país productor y exportador.
De ahí que sea impostergable nuestra reflexión seria y acción responsable en relación con lo que estamos haciendo y pensamos hacer, en adelante, con nuestros recursos naturales no renovables, es decir la minería y los hidrocarburos. Este es el momento histórico del cambio para terminar con esa paradoja de la abundancia de recursos transformados en riqueza que no beneficia todavía, de manera significativa, al crecimiento económico sostenible y al desarrollo humano de la mayoría de la población hondureña.
Para resolver el contrasentido entre la productividad de las actividades de extracción de recursos naturales en nuestro país y la situación generalizada de pobreza y subdesarrollo en que vivimos, necesitamos contar con una política explícita de gestión de los recursos naturales no renovables y de instrumentos efectivos para aplicarla, generando un proceso de recuperación progresiva de calidad y valor en el curso que conduce a la utilización de los recursos naturales, mediante buenas prácticas de aprovechamiento racional con perspectiva de desarrollo humano; procesos ciertos y transparentes de licenciamiento, supervisión, administración contractual y auditoría ambiental; participación ciudadana y consulta comunitaria; y prevención de la conflictividad social y corrupción. Para lograrlo, necesitamos de varias iniciativas ciudadanas que se refuercen y complementen, y de la voluntad de adoptarlas y cumplirlas con el esfuerzo de los tres sectores del Estado: Gobierno, sociedad civil y sector privado.
Una, entre esas iniciativas, es la de supervisar y evaluar el manejo responsable y prudente de nuestros recursos naturales; lo que la empresas mineras y, en su momento, de hidrocarburos, pagan al Estado y los municipios; lo que éstos hagan constar como ingresos recibidos de esas empresas; y todos los actos o contratos relacionados con las riquezas provenientes de la extracción de esos recursos; así como la aplicación de esos ingresos al crecimiento económico, la reducción de la pobreza y el desarrollo humano del pueblo soberano.
Para eso nos hemos constituido, los tres sectores del Estado, como Organización nacional EITI, y hemos logrado cumplir con todos los requerimientos internacionales que permitieron a Honduras ser admitida, el 22 de mayo del presente año 2013, como país miembro de la Asociación para la Iniciativa de la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), quedando así obligado nuestro país a cumplir todos los principios y requisitos de ese estándar global de transparencia, rendición de cuentas y gobernabilidad de los recursos naturales no renovables.
Uno de los compromisos y objetivos del estándar EITI afirma que es de la competencia de los Estados soberanos la gestión o administración de la riqueza proveniente de los recursos naturales para el beneficio de los ciudadanos y ciudadanas de sus países; y que esa competencia debe ejercerse por los gobiernos de modo que se promuevan los intereses de su desarrollo nacional. A ese y otros principios se agrega una serie de requerimientos precisos y verificables de transparencia y rendición de cuentas que Honduras está obligada a cumplir y que habrá de hacerlo, en su propio beneficio, para alcanzar el punto de no retorno del cambio hacia una evolución favorable al mejoramiento de la calidad de vida y de trabajo de la población. Ello se logarará mediante la supervisión constante, el debate público y el impulso sistemático de reformas viables que permitan apreciar y confiar más en el cumplimiento efectivo de la legislación nacional y los contratos o concesiones, en la buena gestión gubernamental de los recursos naturales y en la utilización debida por los Gobiernos, central y locales, de los ingresos derivados de la minería e hidrocarburos.
El esfuerzo en ese sentido ya está haciéndose y está signado por el éxito si se continúa haciéndose conjuntamente por representantes del Gobierno, sociedad civil y sector privado, con la motivación y satisfacción intima que promueve el logro de bienes públicos de interés y beneficio social para todo el pueblo; y sabiendo, como nos lo recuerda también nuestro sabio Valle, que por este empeño: “No recibiremos nosotros todos los frutos de nuestros trabajos, pero los recibirán nuestros descendientes, los recibirán nuestros semejantes, los recibirá la Patria donde hemos nacido”.
