Agradeció a Dios, al pueblo, a su familia y a su partido; también a los maestros que lo educaron, a las naciones amigas que acompañaron a los hondureños durante el pasado proceso electoral y a quienes lo acompañaban en el Estadio Nacional “Tiburcio Carias Andino”. Juan Orlando Hernández Alvarado, culminó su saludo inicial, recitando un poema de Froylán Turcios, manifestando que preferirá “morir mil veces” antes que ver profanada la soberanía nacional.
De inmediato, el mandatario recién instalado en la silla presidencial ratificó: “voy a hacer lo que tenga que hacer para devolver la paz y la tranquilidad al país”, no sin antes dejar en claro que lo hará “dentro de la ley y con el apoyo del pueblo hondureño”. A los delincuentes se les acabó la fiesta… ¿Quién dijo miedo?
Luego reafirmó su deseo de militarizar la acción policial, apostarle a la inversión extranjera a través de las “Ciudades Modelo” y darle a los hondureños “Una vida mejor” mediante programas de transferencias monetarias condicionadas. Una réplica de su discurso de campaña.
Aseguró que le apuesta a implementar la tercera reforma educativa, “encaminada a mejorar la calidad de la educación, aumentar las horas de clase y mejorar sustancialmente la infraestructura, equipamiento y la disponibilidad de materiales educativos en todo el país”.
Se comprometió a instaurar un “Estado eficaz y un gobierno pequeño, honrado, eficiente y austero, con servidores públicos honestos, activos y capaces de producir resultados” y a reestructurar las instituciones públicas, a redistribuir sus funciones y a establecer compromisos de gestión y de resultados.
Finalmente, convocó al Pacto Por Honduras, a fin de obtener el respaldo de los más representativos sectores de la sociedad hondureña, para impulsar una serie de reformas estructurales en el ámbito económico, político y social que, debiendo ser aprobadas por el Congreso Nacional y materializadas por el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, tengan como expectativa conducir a Honduras al pleno goce de sus potencialidades y a la construcción de una sociedad más justa, en donde se propicie la reducción de la inequidad y las desigualdades.
Respecto a estas líneas de pensamiento expuestas por el ex Presidente del Congreso Nacional y ahora titular del Poder Ejecutivo, quisiera hacer algunas valoraciones críticas, con el afán de contribuir al debate en torno a las condiciones indispensables para que logre sus objetivos en el marco de las aspiraciones populares y apego estricto a la Ley.
Juan Orlando Hernández, se equivoca al tomar la ruta de remilitarizar las fuerzas policiales, de concederle a las Fuerzas Armadas un papel protagónico en materia de inteligencia, investigación, prevención y represión del delito, y condicionar el respeto de las libertades individuales y los derechos de las personas, al bienestar colectivo; nunca los militares han salido victoriosos en sus luchas en contra de la delincuencia común y el crimen organizado, pues no están preparados para esos menesteres, todo lo contrario, debido a su formación para la guerra, han cometido excesos en contra de la población que derivó en transgresión de sus más elementales, y debe estar consciente que ni el más loable de los propósitos colectivos debe ser razón para disminuir u obstaculizar el goce de las libertades consagradas en la Carta Magna.
Fue interesante escucharlo hablar del narcotráfico y de la corrupción, temas que durante su campaña proselitista no consideró importante; no hay duda que los narcotraficantes y los corruptos son actores protagónicos en la escena nacional y hay que combatirlos, especialmente a los que se han infiltrado en las entidades del Estado y en los partidos políticos; así que, el presidente Hernández Alvarado, gran tarea tendrá para impulsar una profunda profilaxis –en primera instancia- en su gobierno y en el instituto político al que pertenece, porque justo es su reclamo a Juan Manuel Santos y Barack Obama, pero también habrá que recordar que antes de ver la paja en el ojo ajeno, habrá que ver la viga en el propio. La lucha contra el crimen organizado y putrefacción oficial se hace con funcionarios honestos y respetuosos de la Ley.
La promoción de inversiones y la generación de empleo que expuso el mandatario, deben ser acciones que no consideren, como vía fácil, el irresponsable concesionamiento y venta de empresas públicas, la explotación irracional de los recursos naturales, ni el antipatriótico otorgamiento de derechos sobre zonas costeras y fronterizas; ni el programa “Con chamba vivís mejor” debe ser una oferta indiscriminada de empleo precario y trabajo indigno, ni las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) un mecanismo para vender el país a pedazos.
Siempre y cuando las intervenciones destinadas a atender a los grupos en situación de vulnerabilidad, especialmente a los más pobres y excluidos, se implementen en el marco de la recién aprobadas Políticas de Derechos Humanos y Protección Social, el Programa “Vida mejor”, representará un paliativo a los graves problemas sociales que enfrentan los hondureños sumidos en la miseria; no obstante, si el Bono Diez Mil, la Merienda Escolar, los micro financiamientos, y el programa de construcción, reparación y equipamiento de viviendas, son permeados por la politización partidaria y la discrecionalidad de inclusión/exclusión sobre la base de motivaciones sectarias, la acción social del Gobierno servirá para propósitos proselitistas, al convertir a los beneficiarios en piezas de una red clientelar con propósitos electorales.
La ratificación del Secretario de Educación, Marlon Escoto, es una buena señal del interés por continuar el proceso de reforma educativa que todos los hondureños anhelamos; es Escoto un profesional que con sentido común y rigor técnico, avanza –lento, pero seguro- en construir gobernabilidad en el sector educativo del país. Ahora bien, está claro que para iniciar la tercera reforma educativa, se debe garantizar que las primeras dos tengan sostenibilidad. En el marco de la primera reforma mencionada, la autonomía universitaria debe consolidarse en relación directa a la independencia que se le debe dar a sus autoridades, docentes y estudiantes, para que, de forma emancipada, tomen las decisiones pertinentes, sin la influencia política, ni gubernamental; mal harían los partidos y el Gobierno, en creer que pueden instrumentalizar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), para sus propósitos particulares. De igual manera, no habrá reforma educativa integral, si se sigue satanizando al magisterio nacional, obviando dignificar la labor de los profesores y criminalizando la acción de protesta de los docentes que reclaman sus derechos; los maestros son pieza esencial en la nueva configuración de la educación nacional, y se les debe exigir el cumplimiento de sus deberes, pero también se les debe respetar sus derechos y dignidad.
El planteamiento de impulsar una reingeniería en el andamiaje gubernamental me parece oportuna, no hay duda que, como muy bien lo dijo un asesor presidencial, la institucionalidad pública requiere una “liposucción”; ahora bien,
Los asuntos de Estado son algo más que una cirugía estética, requieren –en gran medida- de procedimientos oncológicos que permitan extirpar el cáncer de las malas prácticas propias de la burocracia.
Tal es el caso del paracaidismo, la sobredimensión de muchas carteras ministeriales, la dispersión en las intervenciones y la falta de alineamiento de la gestión pública. Tampoco se trata de concentrar poder en pocas manos y darle más facultades de las necesarias a súper funcionarios, y mucho menos invisibilizar agendas y temáticas vitales para el país, por la vía de bajarle el perfil a entidades rectoras, tal es el caso de los asuntos relacionados a los Derechos Humanos, indígenas y afrodescendientes, y la cultura y las artes. No se trata de reducir el gasto público como objetivo superficial, la meta debe ser hacer uso racional, correcto y oportuno del presupuesto nacional.
La convocatoria a formular y suscribir un Pacto Por Honduras, debe hacerse garantizando la amplia participación de todas las organizaciones de sociedad civil, plataformas y redes ciudadanas, movimientos sociales, gremios y colectivos comunitarios, partidos y expresiones alternativas del quehacer político en el país; el Pacto, debe construirse garantizándose que no existe nada “pre cocido” y procurando que sea la vía del consenso el mecanismo por cual se priorizan los problemas a resolver y se buscan las más inteligentes y factibles soluciones a los mismos. El Gobierno de la República debe abstener se impulsar una agenda nacional paralela al Pacto Por Honduras, porque de nada sirve avanzar hacia un Pacto Fiscal si las medidas tributarias se están tomando a la ligera, así como de nada sirve ir hacia un Pacto Político si las reformas político electorales se toman de manera unilateral.
En fin, el discurso del presidente Juan Orlando Hernández Alvarado, fue una pieza de oratoria pletórica de promesas conocidas, que deben traducirse en políticas públicas responsables e integrales, que tengan una dimensión jurídica, estratégica, institucional y presupuestaria, que garantice su efectividad; no se trata de decir, se trata de hacer bien las cosas. Para ser efectivo en la acción de Gobierno, el gobernante debe rodearse de políticos honestos, funcionarios comprometidos con la población y profesionales capaces; no es con activistas dogmáticos o adláteres lisonjeros que se logran cumplir las grandes tareas encomendadas por la Ley a quien ejerce el poder de la Nación. Esto, debe tener siempre presente el presidente Hernández Alvarado.
