Sindy Marbella Alemán, tenía 16 años, cursaba el segundo año de bachillerato y misteriosamente desapareció el 4 de octubre de 2010 cuando se dirigía a su centro de estudios. Presentando signos de estrangulamiento y de una posible violación, su cuerpo inerte apareció al interior del Salón del Reino de los Testigos de Jehová, de la colonia Nueva Suyapa de Tegucigalpa. Siendo esa comunidad una de las más violentas de la capital, sus vecinos se alarmaron y no aceptaban que el santuario fuera el escenario del crimen una cristiana, y más aún, si esta pertenecía a la misma congregación.
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Las Investigaciones determinaron que el crimen fue cometido por José Manuel Pavón, un líder de la congregación, quien valiéndose de su envestidura, condujo a la adolecente al lugar y que al intentar violarla la asesinó. La justicia hondureña condenó a Pavón a 17 años de prisión.
El 2 de diciembre de 2012 en esa misma comunidad, asesinaron de 36 machetazos a Sunny Joseline Andino Palma. Las investigaciones concluyeron que la muerte violenta de esta mujer fue protagonizada por tres individuos, dos adultos y un menor. Dos de ellos ya fueron condenados, mientras que el otro iniciará juicio el 18 de junio próximo. Todos guardan prisión en la Penitenciaría Nacional.
Lo anterior demuestra que las muertes violentas de estas dos mujeres no quedarán en la impunidad, pero lastimosamente los casos de Sindy Marbella y Sunny Joseline, no son únicos en Honduras. En este país centroamericano, calificado por organismos internacionales como uno de los más violentos del mundo, solo el año pasado murieron asesinadas 636 féminas, de acuerdo al último informe del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
La procuradora del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Niza Medina, dijo a Revistazo que por cada 14 horas transcurridas en Honduras, una mujer muere asesinada. “Son niveles no sólo alarmantes, sino inaceptables para un sistema de justicia que se considere medianamente eficiente”, aseveró.
Informó, que en los últimos cinco años quedaron en la impunidad 2,036 asesinatos de mujeres, en su mayoría adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años.
Según la UNAH, entre enero y diciembre de 2013 la cantidad general de homicidios se redujo levemente, pero el asesinato de mujeres creció en 30 casos más comparado con las estadísticas del 2012. Destaca, que del universo de casos, 167 mujeres perecieron en vía pública y el resto fueron ejecutadas en sus casas, centros de trabajo, solares baldíos y unidades del transporte público.
Las victimas eran comerciantes, estudiantes, empresarias, operarias de maquila, amas de casa, campesinas, guardias de seguridad y activistas políticas, entre otras, que en su mayoría fallecieron por disparos de armas de fuego, seguidas de heridas de arma blanca y una minoría por estrangulación, según revela el informe universitario.
Cabe mencionar que el femicidio no es la única forma de violencia que enfrentan las hondureñas. El Observatorio también registra que el año pasado 2,688 mujeres y niñas sufrieron agresiones físicas y sexuales. El delito sexual aumentó en 10 casos y las afectadas son personas de entre 10 y 19 años, de acuerdo a los datos.
Impunidad
La falta de respuestas del Estado para prevenir, investigar y penalizar los femicidios ha provocado que un 94% de los crímenes contra las mujeres queden en la impunidad, mientras que de forma indiscriminada crece violencia contra ellas.
Consultada por este medio sobre las posibles causas de muerte de tantas hondureñas, Niza Medina dijo que a falta de investigación las autoridades reiteran que todo obedece a nexos con bandas delictivas o del crimen organizado.
“Pero ¿quién en Honduras no está ligado de alguna manera con algún criminal?, si son amigas, esposas, madres, hermanas, primas, abuelas, tías o vecinas”, expresó.
Medina comentó, que en San Pedro Sula, una muchacha que vivía en la colonia Rivera Hernández, fue acribillada cuando salía del Centro Penal, de visitar a su marido quien guardaba prisión acusado de cometer delitos.
“Ella no era delincuente y más bien había sido víctima, porque su marido era un pandillero que la raptó cuando tenía 14 años, la obligó a vivir con él, antes de los 16 ya tenía su primer hijo y a los 17 cumplidos el segundo”, expresó Niza, como ejemplo, de que muchas de las mujeres asesinadas, no han cometido delitos y que pierden la vida, únicamente por formar parte del núcleo familiar de un criminal. “A ella nadie la acusaba”, enfatizó.
La impunidad provocada por la falta de investigación de estos crímenes ha ocasionado revuelo en las redes y organizaciones de mujeres quienes realizan acciones para incidir en las autoridades y acabar con el problema.
Se fortalecen
María Luisa Regalado, coordinadora de la Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH), informó, que ocho organizaciones feministas del país se han unido y conformado la Tribuna de Mujeres Contra los Femicidios, organización que es respaldada por organismos de la cooperación internacional.
La Tribuna de Mujeres plantea en sus demandas el compromiso del Estado para fortalecer los mecanismos de acceso a la justicia, investigación y la debida aplicación del Código Penal, en los casos de femicidios.
Además solicitan la despolitización de Instituto Nacional de la Mujer (INAM) y las garantías de acceso a la información relacionada a los femicidios y demás violencia contra las mujeres. “Vamos a exigir a las autoridades parar la ola de criminalidad que afecta al país y sobre todo a las mujeres, estamos alistando acciones para el mes de mayo en el marco de la campaña contra los femicidios”, afirmó la coordinadora de CODEMUH.
Cuando se quiere se puede
Al referirnos en el primer capítulo a las muertes violentas de Sindy Marbella Alemán y de Sunny Joseline Andino Palma, quisimos demostrar que con un poco de esfuerzo y decisión, los operadores de justicia pueden reducir la impunidad que por décadas ha prevalecido en el país.
La muerte violenta de estas dos mujeres, asesinadas en una de las comunidades más riesgosas de la capital, no quedarán impunes, porque agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) y dos investigadores privados de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), se empeñaron en demostrar que habían responsables y que estos, debían ser penalizados.
Nadie niega que en Honduras hace falta establecer políticas públicas que ayuden a reducir la criminalidad y la impunidad. Sin embargo, el panorama se muestra difícil cuando el gobierno central en lugar de fortalecer las instituciones, las debilita.
En los últimos dos años la DNIC sufrió una baja de 300 agentes, que fueron separados por no haber aprobado las pruebas de confianza, situación que vino a agravar la falta de investigación criminal y a engrosar el número de expedientes sin resolver. Los casos que llevaban los investigadores despedidos fueron reasignados entre los agentes que aún quedan.
En varias ocasiones operadores de justicia han manifestado que la incapacidad para investigar los crímenes se deriva de la carencia presupuestaria. Sin embargo, el dinero sin la voluntad política y humanitaria, tampoco será suficiente para cambiar el rumbo del país.
