Con solo 11 fiscales asignados en Tegucigalpa, MP trata de encarcelar a responsables de 3,180 casos de corrupción

Ricardo Matute

País: Honduras

Profesión: Abogado

Perfil: Graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Master de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Granada España, pasante del Doctorado en Ciencias Penales de la Universidad San Carlos de Guatemala.

Ha desempeñado cargos como Fiscal Titular de los Juzgados Primero y Segundo de San Pedro Sula, asignado a las Fiscalías de Primero de o Criminal de Tegucigalpa, Fiscalía Contra el Crimen Organizado, Delitos Comunes, Apelaciones, Departamento de Capacitación.

Cargo actual: Fiscal Especial de lucha contra la Corrupción.
Tiempo en el Ministerio Público 20 años

¿Cuántos Fiscales están adscritos a esta Fiscalía y cuántos casos maneja cada uno?

R.

Un total de 3,180 casos entre investigativos y judiciales. Cuando nosotros recibimos hace 5 meses y medio el total de casos era de 3,875, se hizo una reducción de 695 casos pero esta reducción se debe a que desde el momento en que nosotros llegamos una de nuestras políticas ha sido la sistematización de la información. Con anterioridad y como producto de unas reformas que se habían hecho, en esta fiscalía se había generado cierto manejo de datos y muchos casos que aparecían como vigentes ya habían sido desestimados o estaban duplicados.

Solo en el inicio de este año el Ministerio Público ha presentado requerimientos contra personas que se han enriquecido con fondos aproximadamente de 15 millones de lempiras y tenemos proyectos de presentar requerimiento con montos mucho más elevados.
Somos once fiscales y a cada uno le corresponde unos 500 casos, claro que no es igual, porque siempre los de investigación van a llevar más casos que los judicializados y también tenemos la unidad de depuración, que son quienes ven los casos más viejos.

Por ejemplo, los fiscales de depuración andan en un promedio de 700 casos, los fiscales de investigación llevan un promedio de 1,230 a 1,500 casos y los fiscales de juicio andan en un promedio de 30 a 50 casos. Notros vemos unos 7 u 8 departamentos y la regional de San Pedro Sula, mira desde Ocotepeque, hasta La Mosquitia.

¿Para usted, qué casos considera como los más relevantes?

R.

Uf, de todo tipo, sacando a colación el que usted me acaba de mencionar, la fiscalía contra la corrupción se ha centralizado mucho en las instituciones de previsión. En el INPREMA, tenemos unos 5 o 6 casos judicializados y otro tanto esperando terminar las investigaciones, en el INJUPEMP tenemos 3 o 4 y no solo investigando a INJUPEMP como funcionarios sujetos de corrupción, sino las bandas de estafadores, que diría yo, son las más fuertes.

Algunos otros casos fuertes, son los llevados contra algunos funcionarios judiciales, se recordará el caso de la juez con jurisdicción nacional que fue procesada por nosotros, Wendy Caballero, y también el caso de la juez de ejecución que dejó en libertad al narcotraficante Montes, también lo llevamos nosotros. Entonces llevamos casos contra jueces que han tenido abusos de autoridad o prevaricato.

¿Cómo van las investigaciones del saqueo de medicinas en el Almacén Central de la Secretaría de Salud?

R.

Gracias por recordarme, ese es otro caso que se está investigando y ya hemos tenido procesos judicializados, me acuerdo uno que se inició antes que yo llegara a esta fiscalía y fue uno por el cual se procesó al doctor Tuky Bendaña, allí, con la administración de entonces de la Procuraduría General de la República hubo un problema porque nosotros nos opusimos a las dos conciliaciones que se otorgaron al doctor Tuky Bendaña.

El caso del almacén central debería llamarse “los casos,” porque las líneas de investigación van centralizadas en muchas ocasiones a las casas farmacéuticas relacionadas con algunos procesos de licitación. Otro fenómeno es en relación con los almacenes de los hospitales, donde hemos encontrado irregularidades donde los hospitales públicos a veces incluso hemos encontrado donativos de medicamentos del Estado hacia organizaciones particulares, lo que es inconcebible porque ¿cómo es posible que un Estado que tiene escasez de medicamentos dona los que tiene? Hay varios que hemos encontrado y ahorita se están investigando.

Tenemos investigaciones casi en todos los hospitales de la Republica, un poco parecido con el Seguro Social, ya sea por la compra de productos médicos, equipo, servicios a determinadas empresas privadas y también en la compra o venta de medicamentos y la donación entre comillas.

R.

La Fiscalía contra la Corrupción no ha tenido mayor apoyo de la Secretaria de Seguridad o de los entes que existían antes de su aparición. Esto no es por falta de voluntad por las cabezas de las instituciones sino por un problema específico en delitos tan complejos como los de corrupción. El personal de la Secretaria de Seguridad no ha sido entrenado ni capacitado con la suficiente sistematización para que preste un apoyo a la Fiscalía Anticorrupción.

Para suplir este problema el Ministerio Público ha dotado de analistas de investigación dentro de la institución que hacen las labores de investigación, que en otro tipo de delitos hacen los agentes de la Secretaria de Seguridad. Otra situación es que los fiscales están acostumbrados a llevar ellos mismos las investigaciones en sus casos y la gran ventaja que hemos tenido es que los analistas, en su mayoría son abogados o profesionales que están a punto de terminar sus carreras, lo que les facilita llevar a cabo labores de investigación, porque en materia de corrupción solo para investigar un caso, usted tiene que leer 4 o 5 leyes e interpretarlas en su conjunto, para saber si se cometió un delito o no.

El personal de la Secretaria no tiene el nivel académico, ni el entrenamiento para hacer ese trabajo y por eso el Ministerio Público prácticamente no solo hace las labores de acusar a los imputados sino también la investigación.

¿Cómo evitar que las medidas sustitutivas sigan beneficiando a los corruptos o que el Estado les ayude a conciliar delitos?

R.

Hemos tenido muchos problemas con las conciliaciones y las medidas sustitutivas y para limitarlas hemos tenido acercamientos con la Procuraduría de General de la Republica y hemos tenido avances. Somos conscientes que los juzgados tienen independencia con la aplicación de las leyes y el Ministerio Público no puede limitar esa independencia aunque no nos gusten las resoluciones que ellos emiten, pero en tal sentido, la ley nos da la posibilidad de los recursos para que las disposiciones de los jueces en primera instancia sean revocadas. Lo que nos corresponde es interponer los recursos que las leyes nos señalan, en apelación y a la Corte Suprema en amparo.