Honduras se ha convertido en el epicentro de las caravanas migrantes, incluso es el único país del norte de Centro América que las ha visto organizarse durante la pandemia del Covid-19. Desde el primer éxodo de los menores no acompañados en el año 2014 se ha hecho un esfuerzo gubernamental para explicar la expulsión de hondureños y hondureñas por factores externos que el gobierno no puede controlar, llámese maras o violencia, recesión económica global, cambio climático, coyotes y carteles, reunificación familiar, instigadores políticos o pandemia. Pero si hay una causa que a todas costas se ha buscado ocultar o no tratar, es la política.
A El Salvador, Guatemala y Honduras, denominados en argot militar como el “Triángulo del Norte”, se les acostumbra a poner en el mismo saco cuando se trata de explicar las migraciones masivas de los últimos años. Sin duda, hay legados históricos y problemas estructurales que compartimos que explican una causalidad común. Pero si hay algo que las ciencias sociales e investigadores no han podido explicar o determinar, es el momento en que una persona decide emigrar. Por ejemplo, en Honduras hay posiblemente miles de personas que quieran emigrar el día de hoy, pero no todas tomarán la decisión de irse. Incluso, aunque se organice un grupo de personas en las redes sociales para irse en caravana, tampoco se puede explicar la decisión de incorporarse de una persona y la de otra, no. En fin, emigrar es una decisión personal que nunca tendrá una explicación racional –por eso se habla de los “detonantes” como factores externos que pueden agilizar la toma de decisión.
La migración en esencia es un fenómeno primordialmente sociodemográfico, pero tiene raíces políticas. Es decir, el fracaso o el éxito de un estado en cumplir sus funciones, el papel que juegan las instituciones púbicas, el funcionamiento del mercado, la aplicación y el cumplimiento de la ley o la calidad de las políticas públicas, conforman las condiciones socioeconómicas en un país. En la práctica, estas condiciones definen quien es rico y quien es pobre, quien recibe educación y quien no, quien accede a salud o quien debe vivir en violencia y miedo. Si partimos de ese argumento, entonces los gobernantes que pasan en constantes pleitos, se olvidan de los problemas de la población, incumplen la ley o la aplican de manera discrecional, irrespetan los acuerdos sociales de representación política, extraen recursos públicos de manera sistemática, alteran arbitrariamente las políticas públicas para otorgar privilegios o discriminar; producirán un impacto negativo en las condiciones socioeconómicas de un país.
Si bien los niveles de conflictividad social, violencia y autoritarismo en los tres países siempre son preocupantes, solamente Honduras ha sufrido de constante inestabilidad política que ha causado muertes, extensos daños a la propiedad privada, ha ahuyentado la inversión extranjera y ha producido una población sin esperanzas que su situación económica mejorará. En términos sencillos, la inestabilidad política en Honduras ha venido a agravar los problemas estructurales que causan la migración.
Para argumentar mejor la causalidad entre inestabilidad política y migración irregular, el gráfico abajo presenta las cifras de nacionales detenidos (incluyendo, menores) de El Salvador, Guatemala y de Honduras en relación al número total de habitantes de sus países. En total se detuvieron 106,962 personas por la policía fronteriza de los EUA en el año fiscal 2020 (octubre 2019 a septiembre 2020), una cifra sumamente atípica causada por el efecto COVID-19 y las barreras que impuso la Administración Trump.
- Guatemala: Se detuvieron 48,054 guatemaltecos, lo cual representa el 0.27% de sus 17,749,434 habitantes
- Honduras: Se detuvieron 41,743 hondureños, representando el 0.44% de los 9,368,926 de habitantes.
- El Salvador: Se detuvieron 17,165 salvadoreños, lo cual representa el 0.25% de la población de 6,765,753.
Porcentaje personas detenidas en 2020 en función al total de habitantes del país de origen
Si bien, los tres países del norte de Centro América comparten los mismos problemas que lleva a sus nacionales a emigrar, existe una variable que distingue a Honduras de los otros dos y es su nivel de inestabilidad política, debido principalmente a un ciclo presidencial desgastado, la incapacidad de las instituciones públicas de entregar servicios públicos, la corrupción rampante, las denuncias de vinculación con el narco y las luchas de poder que produce.
Un indicador de inestabilidad política es la aprobación presidencial durante el 2020. Por ejemplo, la popularidad del nuevo mandatario guatemalteco Alejandro Giammattei al asumir el cargo en enero de 2020 era del 80% y se ha ido gradualmente bajando durante el año. Por su parte, en El Salvador, Nayib Bukele gozó de más de 80% de aprobación en el 2020. Mientras que en el caso de Juan Orlando Hernández, el 51.8% de los hondureños y hondureñas desaprueba su gestión, calificándola de mala o muy mala.
Por mucho tiempo los políticos hondureños han visto el éxodo masivo como un problema del país receptor, los Estados Unidos América (EUA). Por eso quedan callados cuando salen caravanas y, esto aplica, tanto a oficialistas como oposición. Pero esa mentalidad eventualmente tendrá que cambiar con el nuevo gobierno estadounidense que tomará posesión esta semana entrante. El presidente electo de los EUA, Joe Biden, promoverá la regularización de alrededor de 11 millones de indocumentados como parte de sus primeras acciones como gobernante. Pero como dicen los gringos, no hay almuerzo gratis, lo cual implicará que habrá mayor presión para nuestros políticos de producir resultados en términos de mitigar los detonantes de la migración, especialmente la inestabilidad política.
En fin, absolutamente todo tiene su origen en la política, no solo en términos vernáculos partidistas, sino en la manera cómo nos organizamos como sociedad y resolvemos nuestros conflictos, ya sea por medios pacíficos o por la fuerza.
