Inicia un día más en un sector de la Rivera Hernández, al norte de Honduras. Las personas salen de sus casas a trabajar, abren sus pulperías, puesto de venta de baleadas, algunos vecinos de ese lugar desde que salen de sus casas recuerdan que hay que encomendarse a Dios para que los cubra de todo mal, saben que hay que reunir dinero para pagar «El impuesto de guerra» o si no podrían lamentarlo, en uno de los puntos de taxi los conductores discuten sobre fútbol pero uno de ellos cambia el tema y hablan de los caro que están las cosas y que ya no les ajusta, y para empeorarlo hay que dejar para el pago de la cuota a los extorsionadores.
En esa sector de San Pedro Sula un pastor evangélico conocido como Daniel Pacheco una especie de “hombre santo”, a los que la gente acude en busca de auxilio, ya sea cuando no tienen qué darle de comer a sus hijos o cuando una pandilla ha secuestrado a un familiar, o solo dar consejos como guía espiritual que es, Pacheco también conoce el problema de extorsión que golpea a este sector.
El pastor Pacheco relata que en el sector Rivera Hernandez de San Pedro Sula los taxistas ya no aguantan, todos los días es lo mismo, «Los miembros de las pandillas siguen patrullando con sus armas visibles por la noche y la presencia policial es mínima, la extorsión es cada vez peor, en lo que va de este año ya van 27 transportistas asesinados”.
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La mandataria presentó el “Plan integral de Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos» el 24 de noviembre del año 2022 y se declaró una guerra contra la extorsión en donde los perjudicados serían las personas que estuvieran involucradas en maras y pandillas.
El estado de excepción entró en vigencia el seis de diciembre del año 2022 con el fin de combatir la delincuencia y mejorar la seguridad para el pueblo hondureño.
“El estado de excepción es específicamente para 89 barrios y colonias de Tegucigalpa y 73 de San Pedro Sula, las principales ciudades del país y en las que se registran más delitos achacados a la acción de las pandillas, especialmente Mara Salvatrucha MS13 y Barrio 18. La medida estará en vigencia durante un mes”.
Manifestó la presidenta Xiomara Castro
En el país vecino, El Salvador, recién se cumplió un año de un estado de excepción que ha tenido un impacto sin precedentes y costos muy elevados. Después del primer año se contabilizó 66,417 capturas y la mayoría de los detenidos siguen guardando prisión, El costo del aparente éxito del estado de excepción en El Salvador es alto.
La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) informó en varias ocasiones que más de 1,000 miembros de maras y pandillas han sido capturados durante el estado de excepción. Sin embargo,durante los primeros 2 períodos de estado de emergencia, (6 de diciembre de 2022 a 20 de febrero de 2023) de las más de 8 mil detenciones reportadas por la policía, el 90% de los detenidos eran por faltas y no por delitos como la extorsión.
El 6 de junio del año en curso se cumplieron 6 meses desde que inicio el estado de excepción,
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó el informe “Extorsión bajo la lupa” sobre los seis meses vigentes del estado de excepción a nivel nacional. En el mismo se publicaron cifras obtenidas por medio de encuestas y solicitudes de información que se realizaron en varios departamentos.
Este informe también fue enviado directamente a la presidenta Xiomara Castro con el objetivo de que pueda tomar cartas en el asunto.
Para realizar esta evaluación de la implementación y los resultados de los primeros seis meses del estado de excepción y el Plan, la ASJ empleó tres metodologías principales:
Primero, se aplicó una encuesta nacional telefónica a 847 personas por medio de la empresa encuestadora Le Vote, segundo, se solicitó y analizó datos oficiales de detenciones e ingresos de casos judiciales por medio de la Secretaría de Seguridad y el Poder Judicial y tercero, se realizó una serie de consultas, entrevistas y grupos focales con expertos, autoridades y víctimas de extorsión.
El informe revela que 8.4 % de las familias hondureñas fueron víctimas de extorsión en los últimos 12 meses, Esto representa una leve mejora en cuanto a la lucha contra la extorsión en comparación al año anterior. Sin embargo, la tasa de victimización ha permanecido casi igual en los últimos 5 años.
La mayoría de los cobros se realizan en efectivo (60.6%), hasta 19.7% se realizan vía transferencia bancaria y 11.3% por medio de billetera electrónica. Por tanto, la investigación criminal del delito de extorsión debe tener un enfoque tanto en pagos en efectivo como en pagos por medio de transferencias y billeteras electrónicas.
¿Bueno o malo el estado de excepción en Honduras?
En la ciudad de Tegucigalpa y con el primer rayo de sol ya hay movimiento de personas en varias calles, a lo lejos se escuchan algunas sirenas, muchos se dirigen a sus labores diarias y el tráfico está pesado, ya saben que algo ha pasado. Solo queda sintonizar algún noticiero, quizás dicen que está pasando, a lo lejos se puede observar bastante humo negro que indica un fuerte incendio, al llegar a la zona se ve como un bus se quema por completo, empieza la curiosidad de las personas y se acercan para saber qué está sucediendo, los medios de comunicación empiezan a llegar tratando de entender que paso, por la experiencia de otros incidentes igual a este lo mas seguro es que este suceso está vinculado a la extorsión.
Don Julio, propietario de varias unidades de transporte, recién le avisaron que la unidad que esta en llamas es una de sus unidades, al ver lo sucedido, su rostro muestra diferentes expresiones, Julio dice que no hay cambios comparando antes que iniciara el estado de excepción y ahora.
“No veo ninguna diferencia sustantiva en la calle, siempre hay nuevos grupos de pandilleros que se prestan para extorsionar, nada de eso ha cambiado, a nosotros no nos sirve el estado de emergencia, las pandillas son las que controlan todo, y los pagos de extorsión no bajan, siempre suben y eso nos perjudica mucho a nosotros como transportistas y no les da seguridad a los pasajeros”
Don Julio, Transportista
Los dueños de varias unidades de transporte se sienten preocupados por la ola de extorsión que se vive todos los días, también lamentan que el plan de excepción anti maras y pandillas no esté funcionando porque cada día que pasa es lo mismo.
Para muchas de las personas que se encuestaron respondieron que aunque la mayoría de la población aprueba el estado de excepción, el 77.4% de los habitantes manifestó sentirse menos seguro o igual de seguro que antes de la implementación del estado de excepción y el 43.0% de los encuestados consideran que con el plan reducirán las extorsiones.
¿Cuál es la realidad de los detenidos?
La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas (DIPAMCO) ha optado por no anunciar cantidades de detenidos por miles. En mayo de 2023, la Dipampco anunció que se había logrado capturar alrededor de 800 miembros de maras y pandillas durante 2023.
Estas personas detenidas no han sido detenidas por el delito de extorsión, sino por otros delitos o faltas, según los datos proporcionados a la ASJ por parte de la Secretaría de Seguridad.
La realidad es que de los 800 capturados supuestamente por extorsión solo un total de 194 personas son por extorsión.
Francisco Morazán y Cortés son los departamentos con más detenciones, 58 y 84 detenciones respectivamente, se debe cuestionar porqué ocurre esto cuando se trata de un fenómeno nacional y no exclusivo para estos dos departamentos.
Las judicializaciones
A pesar de las más de 8,000 detenciones anunciadas en el marco de la “guerra contra la extorsión,” hasta el primero de mayo de 2023 sólo se había logrado judicializar 86 casos de extorsión ante los juzgados en materia de extorsión con sede en Tegucigalpa y San Pedro Sula (SPS), norte de Honduras.
Estos datos revelan y preocupan ya que antes del estado de excepción (2017) el ingreso de casos eran en promedio de 38 por mes, y en 2022 ya en marcha el estado de excepción en promedio sólo 20 casos ingresan a los juzgados.
Sin embargo, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) ha contabilizado un total de 174 quejas de violaciones de derechos humanos en el marco del estado de excepción, esto significa dos quejas por cada caso de extorsión presentado a los juzgados.
Por otro lado, la asignación presupuestaria destinada a la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) para el año 2023 asciende a L1,023.6 millones, lo que representa el 10 % del presupuesto de toda la Secretaría de Seguridad (L10,552.9 millones).
Aunque se han asignado más de mil millones de lempiras a la Dirección Policial Anti-Maras y Pandillas del Crimen Organizado (Dipampco), la institución sigue con severas debilidades, ya que sólo han ejecutado el 4 % de este presupuesto en los primeros 5 meses de gestión.
La Asociación para una Sociedad más Justa considera que el plan tiene buenos componentes y podría ser exitoso al ser bien implementado. Sin embargo, de las 30 acciones enlistadas en el plan, solo una ha sido cumplida en los primeros seis meses de implementación. Dos se consideran en proceso y las restantes 27 acciones no han sido cumplidas o no hay información pública accesible para evaluar.
¿Qué acciones del plan han cumplido?
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Sociedad civil organizada recomienda a la presidenta Xiomara Castro llevar a cabo una evaluación técnica y objetiva de la implementación del plan y el estado de excepción, también sugieren que apostarle a la investigación criminal, se requiere de inteligencia para investigar redes criminales y se debe aplicar el enfoque de seguir el dinero.
