Como una “frustración total” calificaron los miembros de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) la rendición de cuentas realizada por los titulares de las instituciones operadoras de justicia ante el Congreso Nacional.
|
Carlos Hernández |
Para Carlos Hernández, presidente de la APJ las cifras que dieron conocer los responsables de la seguridad y la justicia en Honduras, es una realidad que ya se conocía por diversos estudios que se han hecho.
Sin embargo, para Hernández es una desgracia escuchar que los mismos operadores de justicia confirmen la situación.
El miércoles 10 de abril, en su comparecencia de rendición de cuentas ante el pleno del Congreso Nacional, el fiscal general del Estado, Luis Alberto Rubí, dijo que la institucionalidad hondureña solo tiene capacidad de investigar el 20% de los homicidios.
En la actualidad Honduras registra una tasa de homicidios de 85.5 por cada 100 mil habitantes. Es decir, cada día mueren violentamente 20 hondureños.
“La justicia no puede seguir siendo manejada como hasta ahora donde los políticos se han repartido los cargos”, expresó Hernández.
Del martes 9 al jueves 11 de abril los titulares de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, Eduardo Villanueva, el Secretario de Seguridad, Pompeyo Bonilla, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera y el Fiscal General, Luis Rubí, comparecieron al Congreso Nacional para rendir cuentas de sus trabajos.
En su mayoría los funcionarios se dedicaron justificar que por falta de recursos económicos no hacían bien su trabajo.
¿CONGRESO DEBE TOMAR DECISIONES?
De acuerdo al coordinador de la APJ, Josué Murillo, inicialmente esa institución no solicitó la separación del fiscal general. Sin embargo, asegura que el Congreso Nacional debe tomar decisiones después de analizar los documentos que pusieron a su disposición.
Murillo dijo que si el Congreso decide que el fiscal debe salir, esa es responsabilidad de ellos como representantes del pueblo.
“Como fiscal general a mí me daría vergüenza decir eso, pero eso devela la incapacidad que él ha tenido para dirigir los destinos del MP”, expresó Murillo.
El fiscal Rubí ha reconocido que en Honduras solo se investiga el 20% de los hechos criminales.
Para Murillo además de la depuración también se hace necesaria la reforma de las instituciones.
¿DEBEN IRSE LOS FUNCIONARIOS?
|
Aurora de Pineda |
A criterio de doña Aurora de Pineda, el Fiscal General, Luis Rubí y el director de la DIECP, Eduardo Villanueva, no han demostrado voluntad para hacer las cosas bien.
En tal sentido ella aconseja que los dos funcionarios sean separados de sus cargos.
“Ellos no serán malas personas, pero no demuestran voluntad para hacer las cosas bien”, expresó doña Aura.
Ella es la madre de Carlos David Pineda, estudiante universitario asesinado por agentes de la Policía Nacional en octubre de 2011.
Junto a Carlos David también fue asesinado Alejandro Vargas, hijo de la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos.
“Miles de madres estamos llorando a nuevos hijos”, puntualizó doña Aurora, quién también forma parte de la APJ.
