Por el impacto negativo, en el ámbito económico, psicológico y social que ocasiona la falta de legalización de la tierra, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), a través del Proyecto de Monitoreo de la Aplicación de la Ley de Propiedad, realizó un estudio sobre los principales obstáculos que se interponen para que los ciudadanos puedan obtener sus títulos de propiedad.
El estudio menciona que la Ley de Propiedad de Honduras cuenta con un reglamento ineficiente que provoca vacíos legales en relación al procedimiento de titulación de tierras, entre los cuales menciona los siguientes:
1. El Reglamento estipula (Artículo 222) que los asentamientos, sujetos a expropiación por necesidad publica tienen que haber sido establecidos antes de 1999, pero hay una reforma hecha a la Ley de Propiedad que señala que tienen que haber sido establecidos antes del 2006. Lo que causa confusión al tratar de decidir cuales colonias pueden aplicar a la titulación por expropiación por necesidad pública.
2. Un problema muy serio con la ley ha sido como calcula el Justiprecio, el precio que los habitantes tienen que pagar por sus tierras, pero el nuevo Reglamento no define como calcularlo claramente.
3. El reglamento fue aprobado por el Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad (IP). Sin embargo, no ha sido aprobado por el Congreso Nacional de la República, lo cual es necesario según la Ley de Propiedad.
De acuerdo a la investigación, se hace necesario que el IP haga un análisis detallado del Reglamento para determinar las incongruencias y vacíos que afectan el proceso de titulación en perjuicio de millones de hondureños, documento que debe ser socializado a fin de que los ciudadanos y los actores principales en el proceso de regularización, conozcan con exactitud la nueva legislación.
Las deficiencias que presenta la actual Ley de Propiedad, ocasionan una escasa producción en la legalización de la tierra. De aproximadamente 1.5 millones de habitantes que esperan obtener un título de propiedad, en los últimos siete años, solo 16 mil lograron su propósito.
El estrés psicológico, inhabilidad para obtener préstamos y la violencia, que en muchas ocasiones termina en la muerte de quienes luchan por la tierra, son parte de los daños provocados por la mala aplicación de la ley.
