En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, celebrado cada 9 de agosto, una delegación de garífunas e indígenas visitó las oficinas del Ministerio Público (MP) en Tegucigalpa para “alzar una voz común y antigua y exigir justicia” por desapariciones y criminalización de su comunidad, según narra el comunicado de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh).
La presencia de representantes del pueblo garífuna e indígena en el MP fue una manera de exigirle al Estado de Honduras que con prontitud investigue las muertes, desapariciones y agresiones en contra de los pueblos indígenas de Honduras y sus territorios.
Directivos y activistas de Ofraneh se movilizaron desde diferentes puntos del país al MP para manifestar que están “hartas y cansados de esperar que el Estado, quien debiera proveer de bienestar y seguridad a su población, se muestre indiferente y en muchos casos se constituya un violador de derechos fundamentales”, según se lee en el comunicado emitido por Ofraneh.
Criminalización
El 18 de agosto, unos días después de su visita al MP, Ofraneh denunció la apertura de una investigación desde la Fiscalía de Delitos Comunes y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en contra de Miriam Miranda (coordinadora de Ofraneh), Luther Castillo (ministro de Ciencia y Tecnología) y Edy Tábora (abogado de Ofraneh) por esta acción colectiva del pueblo garífuna y otros pueblos originarios.
“Es lo de siempre”, lamentó la coordinadora de relaciones internacionales de la Ofraneh, Carla García. “Es a lo que le llaman en el mundo convencional tácticas dilatorias o cortinas de humo”.
El departamento de comunicaciones del MP por su parte informa que no se ha presentado un requerimiento en contra de los dirigentes de la Ofraneh. Sin embargo, tampoco pueden confirmar o negar si hay investigaciones abiertas en contra de Miriam Miranda, Luther Castillo y Edy Tábora.
El MP no ha publicado un comunicado con respecto a la investigación, por lo que Carla García cree que “esto es una cortina de humo porque el MP no quiere dar respuestas de porqué se llevaron a estos 4 jóvenes de Triunfo de la Cruz de sus casas. El MP está obligado a dar respuestas por una acción que probablemente fue conducida por sus propios agentes”.
En respuesta a esta investigación abierta por el MP, la comunidad Garífuna visitó la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el miércoles 24 de agosto para presentar “un amparo por graves omisiones del Fiscal General (Óscar Chinchilla) y su (fiscal) adjunto (David Sibrian) en relación a las investigaciones sobre desaparición de jóvenes líderes en Triunfo de la Cruz”, según informó Ofraneh en sus redes sociales.
En la madrugada del 18 de julio de 2020 desaparecieron 4 líderes de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz en la costa caribeña de Honduras: Milton Martínez, Suami Aparicio Mejía, Gerardo Misael Trochez y el presidente del patronato, Albert Snaider Centeno. Las personas que forzosamente se llevaron a los 4 jóvenes garífunas vestían uniformes de la Dirección Policial de Investigación (DPI).
Desde ese 18 de julio el pueblo garífuna, la comunidad nacional e internacional le ha exigido al Fiscal General de la República, Óscar Chinchilla (electo en 2013, reelecto en 2018) una investigación desde el ente persecutor que él dirige.
“Si estaban vestidos de militares, ellos nos tienen que comprobar que no eran ellos quienes se los llevaron de sus casas”, comentó García. La Ofraneh exige la misma rapidez con la que abrieron la investigación en contra de sus miembros directivos para la investigación de la desaparición forzada de la que han sido víctimas por tanto tiempo como comunidad.
“El MP tiene que darnos una respuesta, tiene que recibirnos y para evitar hacer lo que nosotros exigimos, que es nuestro derecho y deber de ellos, entonces levantan una cortina de humo: vamos a perseguir a Miriam Miranda”, denunció Carla García, quien ha sido directiva de la Ofraneh desde el 2012 y activista desde 1990.
Exigencias
“¿Dónde está el fiscal para la desaparición forzada? ¿Dónde está la investigación sobre los desaparecidos del Triunfo de la Cruz? ¿Dónde están nuestros muchachos?” se pregunta Carla, con esperanzas de que el Estado les de pronto las respuestas que merecen.
Una de las exigencias que Ofraneh extiende al Gobierno es la creación de una fiscalía especial para la desaparición forzada, figura que no existe en Honduras, pero que la comunidad garífuna y demás pueblos indígenas consideran necesaria.
Este año no fue el primero en que miembros de la Ofraneh llegaron al MP a exigir respuestas e investigaciones. “El año pasado también hubo una movilización. Llegamos al MP, entramos al MP. Se nos atendió y recibió una nota que firmamos donde solicitamos una audiencia con Chinchilla porque estamos pidiendo un fiscal para desaparición forzada en Honduras”. Sin embargo, un año ha pasado y la solicitud hecha por Ofraneh quedó, muy probablemente, engavetada con otras solicitudes.
Si el año pasado fueron atendidos por el MP, entonces Carla opina que “el problema no está en que Miriam Miranda haya entrado a las oficinas. Regresó Miriam y el mismo grupo de gente, con la diferencia de que este año el MP no quiere abrir sus puertas, pero son una institución del pueblo”, cuestionó la dirigente.
Comité de Investigación
El comité de investigación de los desaparecidos de Triunfo de la Cruz (SUNLA) fue creado por miembros de la comunidad garífuna para conducir su propia investigación. Ofraneh y el comité de investigación solicitan que se le permita al SUNLA ser parte de la investigación que el MP ha levantado para comparar datos y compartir información.
Sin embargo, García opina que “si empiezan a perseguir a Miriam Miranda, a Luther Castillo y al abogado del Ofraneh, Edy Tabora, lo único que hacen es dilatar más el tiempo para dar una respuesta que tarde o temprano tienen que dar”.
Lucha territorial
“Cuando hablamos de deudas, si las ponemos en materia económica, son impagables”
Opina Carla García, haciendo énfasis en que la deuda, más que monetaria, es moral.
Con respecto a la reposesión del territorio, Carla opina que “tenemos frente a nosotros a un Gobierno que ha prometido cumplir con las sentencias de la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) a favor de la comunidad de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra en contra del Estado de Honduras. Allí hay una deuda que fácilmente se puede saldar devolviendo el territorio a la comunidad Garífuna”.
García informó que la Ofraneh tiene otros 5 casos incoados ante la CIDH. “Uno ya está siendo visto por la Corte, ya han habido reuniones de acercamiento, presentación de testigos y pruebas o de respuestas por parte del Gobierno”. Este caso de reposesión de territorio es para la comunidad de San Juan, a 4 km de la ciudad costera de Tela, Atlántida.
A juicio de la dirigente y representante cultural garífuna, lo que sucedió en los casos de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra contra el Estado de Honduras es lo mismo que se está viendo ahora: un no reconocimiento al derecho ancestral del pueblo garífuna por el territorio.
La comunidad garífuna enfrenta la tercera expulsión de su territorio. Primero, el padre africano que fue robado de África y traído a América. Luego fueron desterrados de la isla de San Vicente cuando la corona inglesa envió a miembros de la comunidad garífuna a Honduras. “Ahora en Honduras simple y sencillamente no se nos quiere reconocer el derecho de ser y de estar”, denuncia Carla con persistencia.
Carla García denuncia que han sido rechazados en el país que ellos mismos ayudaron a construir antes de que Honduras pudiese ver una luz de convertirse en una república soberana e independiente. Su preocupación principal es que, sin la protección de su tierra, la cultura no podrá sobrevivir mucho tiempo más. “Si nosotros no tenemos territorio nosotros no existimos como comunidad”, agregó Carla.
Relación con el nuevo Gobierno
El inciso 14 del Plan Bicentenario de la presidenta Xiomara Castro se dedica a los pueblos indígenas. Este plan promete, entre otras cosas, fortalecer la Fiscalía especial de etnias y el patrimonio cultural. Además, en su discurso de toma de posesión prometió para los pueblos indígenas y afrodescendientes “un lugar de atención precisa dentro de mi gobierno”.
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“La relación con el Gobierno actual no es mala, pero no es una relación política. Nos acercamos al gobierno desde el área social. Hay mucho Garífuna trabajando con el Gobierno, la comunidad Garífuna se siente con esperanza de que las cosas cambien”, comentó Carla García con respecto al acercamiento del Gobierno de Xiomara Castro con la Ofraneh.
La organización está consciente del tiempo de adaptación entre una administración gubernamental y otra. “La gente que está llegando debe aprender y debe conocer los procesos”. También opina que no es prudente apresurarse a dar respuestas porque “si damos respuestas copiando y pegando lo que dijo el que estaba antes entonces hacemos una extensión”.
“Hacemos un análisis y sabemos que en 4 años doña Xiomara no va a poder resolver el problema estructural y profundo que tiene nuestro país, pero eso no significa que nosotros tengamos que esperar porque nuestra gente sigue sufriendo, sigue migrando”, concluyó.
La dirigente comentó que la comunidad Garífuna votó por Xiomara Castro, también hizo hincapié en que la Ofraneh no está en pie de guerra con ningún Gobierno, “no debe tomarse como manzana de discordia, lo único que debe quedar claro y entenderse: esta lucha social no es lucha política”, agregó.
Sin embargo, Carla lamentó que “lo que está sucediendo es que nos están tratando de la misma forma que cualquiera de los gobiernos anteriores y específicamente cómo el Gobierno de Juan Orlando Hernández nos había tratado”.
La lucha por mantener viva su cultura seguirá con cualquier gobierno, indicó Carla. “Nosotros estamos exigiendo derechos como lo hemos hecho por centurias. Y se lo vamos a exigir a todo Gobierno que aparezca mientras no desaparezcan estos problemas”.
Este medio intentó hablar con la directora de Coordinación Intersectorial de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Naama Ávila, con respecto a los problemas que la comunidad garífuna enfrenta en Honduras y el trabajo que hace el Gobierno para proteger este colectivo. Sin embargo, no fue posible concertar una entrevista con ella.
Deuda histórica
Han pasado 225 años desde que miembros de la comunidad Garífuna que vivía en San Vicente ubicada en el mar Caribe a unos 300 km de la costa de Venezuela, fueron exiliados y enviados a Honduras. Las gacetas de esas fechas ya criminalizaban a la comunidad, designando su desembarco, provocado por el exilio, como una acción de piratas.
Esperaban que la situación mejorase para su comunidad en 1821, cuando Honduras adquirió carácter de república soberana por lograr su independencia de España. Por el contrario, el Estado ha expropiado su territorio ancestral, calificado así en la sentencia de octubre 2015 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La comunidad garífuna denuncia la violación de sus derechos, identidad y territorio.
En sus alegatos finales de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (capítulo IV, artículo 19) el Estado hondureño reiteró que la comunidad “no sería un pueblo originario, por lo que no tienen el derecho a propiedad ancestral que pretenden en determinadas tierras”.
Son demasiados los problemas que han dañado profundamente la comunidad y la cultura. “Es imposible que nos quedemos callados, tenemos que salir y recordar que estos problemas existen y también que estamos listos como organización para hablar de estos problemas y encontrar una solución”, concluyó Carla.
El colectivo garífuna, proclamado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, Ciencias y Educación (Unesco) lucha y luchará bajo cualquier Gobierno por mantener viva su cultura, su territorio y la sublime herencia de sus ancestros.
